Reclaman que el Gobierno Nacional, “defina los proyectos, licitaciones y acciones
urgentes que recuperen la transitabilidad plena de la Ruta Nacional N° 11, traza que en toda su extensión presenta obras inconclusas, demandando reparaciones, bacheos en prolongados tramos y que son necesarios para evitar continuar poniendo en riesgo vidas humanas y por otra parte, dar respuestas a los miles de vehículos que diariamente transitan la misma y que transportan la producción del Noroeste argentino”.
El ombudsman de Chaco, Bernardo Voloj, señaló que esta iniciativa se realizó junto con las Defensorías del Pueblo de Formosa y Santa Fe “con un mapeo de relevamiento del estado actual de todo el recorrido de la Ruta Nacional Nº 11 y que atraviesa las Jurisdicciones de nuestras provincias, el cual será debidamente presentado al actual administrador General de Vialidad Nacional”.
Se incluyó, además, el pedido de continuidad, reparación, mantenimiento e iluminación de las Rutas Nacionales Nº89, 16 y 95.
Planes de Ahorro
Posteriormente, los funcionarios se reunieron con Daniel Vítolo, actual titular de la Inspección General de Justicia de la Nación, a quien le demandaron el dictado de nuevos instrumentos conforme a su competencia, que permitan dar respuesta a los cientos de adherentes y adjudicatarios de – Planes de Ahorros para Fines Determinados – que vienen recibiendo desmedidos aumentos en sus cuotas mensuales que superan ampliamente más del 300%, lo que las convierten en impagables y colocan a los consumidores, no solamente en mora en los pagos, sino también, ante la posibilidad cierta de ser pasibles de Ejecuciones Prendarias por parte de las Sociedades Administradoras, quienes aplican incrementos excesivos e ilegales.
El titular de la IGJ se comprometió a evaluar las peticiones y a impulsar las acciones necesarias dentro de las facultades que le otorga la Ley Nº22.315, para de esta manera, proteger los intereses económicos de los consumidores, asegurando este sistema de ahorro como un medio para acceder a un vehículo 0 Km, estableciendo diferentes alternativas, entre ellas, un régimen de diferimiento de pagos que permita el cumplimiento de las obligaciones en condiciones equitativas, contemplando la adaptación progresiva de las cuotas partes de los contratos al valor del bien–tipo en condiciones de suficiente gradualidad y analizar la suspensión de las ejecuciones prendarias hasta diciembre del 2024.
También se solicitó al recién nombrado Inspector la revisión de la constitución de sociedades que emplean cláusulas engañosas y abusivas en diversas localidades del norte de nuestra provincia, especialmente dirigidas a comunidades indígenas.
”Estas prácticas implican falsas promesas de entrega de bienes como viviendas, vehículos todo terreno, motocicletas o embarcaciones, que en la realidad no se concretan. Además, las personas se ven atrapadas en un sistema de pagos periódicos”, señalaron.
”Desde el año 2021, hemos detectado estas irregularidades en empresas con sede en Córdoba, Salta, Buenos Aires y Tucumán, las cuales, bajo la apariencia de brindar bienes suntuosos a cuotas accesibles o la venta de artículos a precios exorbitantes, se aprovechan de la vulnerabilidad de las comunidades locales, causando un grave perjuicio económico a muchas familias. Si bien logramos clausurar varias entidades tras detectar estas prácticas y dar la baja de sus códigos de descuento muchas de ellas cambian de nombre o razón social para seguir operando de forma encubierta”, afirmó el Defensor Bernardo Voloj.