La titular del Área de Transición de la Unidad Fiscal de General Roca, María Claudia Frezzini, y el titular de la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO), Santiago Marquevich, solicitaron al Juzgado Federal de esa jurisdicción el juicio oral para un joven de 22 años que fue detenido el 9 de enero pasado en la ciudad rionegrina de General Roca acusado de tener vínculos con la agrupación terrorista autodenominada Estado Islámico y por realizar actividades de difusión y propaganda yihadista a través de redes sociales.
Se trata de David Nazareno Ávila (22), a quien se le imputa como autor del delito de “haber formado parte de agrupaciones permanentes o transitorias que tuvieren por objeto principal o accesorio imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, agravado por tener la finalidad de aterrorizar a la población, en concurso ideal con haber alentado o incitado a la persecución o el odio contra una persona o grupos de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas” (según lo establecido en los artículos 41 quinquies, 45, 54 y 213 bis del Código Penal, y en el artículo 3, segundo párrafo, de la Ley N°23.592 de actos discriminatorios).
En el requerimiento de elevación a juicio, la fiscal Frezzini y el fiscal Marquevich le atribuyen a Ávila haber formado parte del grupo autodenominado Estado Islámico (EI) -desde fecha aún no establecida, pero hasta el 9 de enero de 2025- “con el objetivo principal o accesorio de imponer la ideología extremista violenta de ese grupo o combatir las ideas ajenas por la fuerza o por el temor en el territorio argentino”.
Según los representantes del Ministerio Público Fiscal, para ello el imputado se valió de las redes sociales digitales como Instagram, TikTok y Facebook, y de aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp y Telegram, para difundir, mediante la utilización de distintos usuarios, “actos de grupos terroristas como atentados o ejecuciones”.
Además, se lo acusa de publicar imágenes y videos para hacer propaganda para el Estado Islámico, y/o alentar o incitar públicamente a un grupo de personas indeterminado que adhiere a sus ideas, a la persecución o el odio contra la comunidad occidental y/o cualquier persona que no compartiera su ideología extremista violenta.
En ese sentido, cabe destacar que el grupo yihadista (también conocido por sus siglas ISIS, EI o Daesh) —anteriormente conocido como Estado Islámico de Irak y el Levante- se encuentra incluido en la lista del Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) del Ministerio de Justicia de la Nación.
En un primer momento, la investigación la llevó adelante la UFECO junto a la Fiscalía Federal de Campana, a cargo del fiscal federal Sebastián Bringas, dado que de las actuaciones surgía que el sospechoso habría mantenido reuniones en esa jurisdicción, en un centro comercial de Escobar. Luego, al encontrar que la maniobra delictiva encontró su origen y se desarrolló en General Roca, provincia de Río Negro, se declinó la competencia para que continue interviniendo el Juzgado Federal de esa ciudad.
Los chats del imputado
“Surge de la información recuperada del dispositivo celular secuestrado, que David Nazareno Ávila se asoció con la finalidad -cuanto menos accesoria- de imponer por la fuerza y el temor la ideología fundamentalista del autodenominado Estado Islámico y combatir a quienes no la compartieran. Esta conclusión se desprende de sus interacciones en diversos grupos vinculados al terrorismo internacional, en los cuales solicitaba instrucciones para la confección de artefactos explosivos con el aparente propósito de llevar a cabo un atentado en territorio nacional”, revelaron los fiscales.
Una de las comunicaciones destacadas por la fiscalía y la oficina especializada es del 6 de octubre de 2024, en la que a través de la plataforma Telegram, Ávila inició el diálogo saludando en idioma árabe y luego manifestó: “La paz sea contigo hermano mío. ¿Dime cómo puedes ayudarme a atacar al gobierno sionista argentino?”, “tengo un contacto que me vende armas, pero necesito apoyo financiero (…) ¿me enseñarán a hacer explosivos para atacar?”.
En otro canal de Telegram, donde se presentaba como “Naza”, escribió: “Quiero ser mártir en Argentina. En Argentina tenemos un gobierno sionista que apoya a Israel y debe pagar por sus pecados sionistas. Quiero llevar a cabo un ataque (…). Quiero aprender a hacer explosivos”.
También se recuperaron conversaciones con terceras personas en las que Ávila manifestó su interés en la adquisición de armas de fuego. En un grupo de WhatsApp llamado “Compra y Venta solo de arma…” mostró su interés por un rifle que se vendía a 950.000 pesos, y en otra conversación de la misma aplicación del 24 diciembre pasado, el imputado comentó: “Todos van a sufrir” y “estoy enfocado en ahorrar para la masacre”.
“En definitiva, los elementos de prueba hasta aquí desarrollados evidencian actividades compatibles con una persona que estaba preparándose para cometer un atentado y que, además, anunciaba deliberadamente sus intenciones de hacerlo”, afirmaron los fiscales en su requerimiento.
Pertenencia al grupo terrorista
“No se trata de una actuación aislada”, sostuvieron los representantes del MPF. “Ávila formaba parte de la estructura terrorista, recibiendo asesoramiento y apoyo directo por parte de sus integrantes”, indicaron.
A su vez, agregaron que “en ese contexto, no solo se encontraba ideológicamente alineado con el grupo, sino que además fue provisto de un manual específico para actuar en solitario, en función de su manifiesta intención de convertirse en mártir en Argentina, aunque siempre en representación del grupo y sus objetivos”.
De esta manera, especificaron que estos grupos operan de manera descentralizada o mediante células independientes, “lo que refuerza la idea de que la pertenencia al grupo no requiere de una estructura centralizada, sino que se basa en una integración más flexible y autónoma de sus miembros”.
“Acorde con ello, los grupos de los que formó parte el imputado tienen una vinculación con discursos de odio que resultan peligrosos para la población”, sostuvieron.
Por último, los fiscales indicaron que el imputado “tenía conocimiento certero de la ilicitud de la maniobra que estaba desarrollando y que la misma era susceptible de persecución penal”. Pero, además, destacaron que “el acusado estaba al tanto de los avances tecnológicos que le permitían navegar por internet, evadiendo el despliegue preventivo de las fuerzas de seguridad para contrarrestar su accionar”.
“De broma”: el descargo del imputado
Al ser indagado, Ávila negó pertenecer a una organización terrorista y estar involucrado en algún plan para cometer un atentado y dijo que todo se trataba de una “broma”.
“Yo le escribí a esa gente de broma pero no tenía intención de unirme a ellos. No soy un peligro para nadie, yo amo este país. Nunca le haría daño a nadie”, dijo.
En el requerimiento, Frezzini y Marquevich opinaron que el descargo “constituye un vano intento destinado a mejorar su comprometida situación procesal” y agregaron que “resulta inverosímil la versión exculpatoria en la que reconoció haber participado en el hecho que se le imputó, pero señaló que se trataba de una supuesta ‘broma’”.
La investigación
En marzo de 2024, la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DNIC) del Ministerio de Seguridad de la Nación, dio aviso a la UFECO respecto a la existencia de una persona que compartía y difundía propaganda yihadista del autoproclamado Estado Islámico a través de redes sociales.
En virtud de ello, la unidad especializada en combatir el crimen organizado inició una investigación preliminar y, en abril del año pasado, efectuó la denuncia junto con la Fiscalía Federal de Campana ante el Juzgado Federal de esa ciudad, dado que en el sumario surgió que el sospechoso había mantenido reuniones en un centro comercial de Escobar, partido bonaerense comprendido en su jurisdicción. En esta ocasión, también se corroboró que Ávila había formado parte, por dos meses, del Ejército Argentino como voluntario en el Regimiento de Caballería y Exploración de Montaña 4 de San Martín de los Andes, en la provincia de Neuquén, aunque de allí lo echaron por cuestiones de competencia, rendimiento y disciplina, ya que, entre otras cosas, lo descubrieron hurtando en un supermercado.
El juez federal Adrián González Charvay delegó la investigación en el MPF que encomendó realizar tareas investigativas a la Central de Investigaciones de la Prefectura Naval Argentina (PNA). La fuerza federal hizo seguimientos y observaciones en forma encubierta, escuchas telefónicas, análisis de las redes sociales y designó un “agente encubierto digital” para interactuar con el sospechoso y/o los restantes integrantes de los canales y grupos de mensajería que integraba.
En base a los elementos de prueba reunidos, el MPF solicitó el 7 de enero pasado el allanamiento de los domicilios vinculados al sospechoso, ubicados en la localidad rionegrina de General Roca.
En aquellos procedimientos, realizados por personal de la PNA, se le incautó su teléfono celular, en el que se encontró la prueba fotográfica y de mensajería clave.
De esta manera, el 9 de enero se dispuso la detención de Ávila, mientras que el 14 de ese mes se le recibió declaración indagatoria.
Luego, se le dictó su procesamiento con prisión preventiva, que fue confirmado por la Sala II de la Cámara Federal de San Martin, luego que fuera apelado por la defensa. Asimismo, se declinó la competencia en razón del territorio para que continue interviniendo el Juzgado con jurisdicción en la ciudad de General Roca, provincia de Rio Negro, dado que la maniobra delictiva encontró su origen allí y también se desarrolló en dicho ámbito espacial.
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