Con la firma de Federico Güerri, a cargo del Juzgado Comercial N.º 29, se decretó la quiebra de Alimentos Refrigerados S.A. (ARSA), la compañía que desde 2019 se encargaba de la producción de postres y yogures bajo licencia de la histórica marca SanCor.
La resolución judicial, dictada a fines de octubre, marcó el cierre formal de una crisis que llevaba meses paralizando la actividad en la planta industrial de Sunchales, Santa Fe, donde trabajaban más de 400 personas.
Los empleados habían mantenido la operación a pulmón durante meses, pese a la falta de aportes patronales y salarios adeudados. Muchos de ellos siguen sin cobrar y sin recibir información oficial sobre su futuro laboral o las posibles instancias de recuperación del negocio. El sindicato Atilra había reclamado sin éxito que se preservaran los puestos de trabajo y que se responsabilizara a los inversores que tomaron el control de la empresa.
El caso de ARSA se suma a una larga lista de industrias lácteas en crisis, representando un duro golpe para las comunidades donde están emplazadas. La Suipachense, otra láctea en problemas, podría correr la misma suerte que ARSA.
Factores de la crisis
El panorama actual del sector lácteo combina una serie de factores que ponen en serio riesgo la continuidad de muchas empresas. La sobreoferta de leche cruda, con volúmenes que crecen semana a semana y se acercan a los máximos estacionales, coincide con un mercado interno deprimido, que sigue siendo el principal canal de venta para la mayoría de las pymes. En ese circuito, los precios finales muestran caídas que van del 5 al 10%, reflejando un consumo retraído y una pérdida sostenida del poder adquisitivo.
Al mismo tiempo, las exportaciones se ven cada vez más restringidas. El tipo de cambio vigente y la pérdida de competitividad externa limitan la colocación de excedentes en el mercado internacional, dejando a muchas empresas con producción acumulada y sin alternativas comerciales rentables.
A este escenario se suma la crisis de varias industrias de referencia, como Verónica, La Suipachense y La Lácteo, cuyos casos ejemplifican el deterioro general que atraviesa la actividad. En paralelo, los costos de insumos, energía, servicios y logística no dejan de aumentar, lo que erosiona aún más la rentabilidad de las pequeñas y medianas plantas.
Sudamericana de Lácteos, usina láctea ubicada en la localidad santafesina de Díaz, también se encuentra atravesando un escenario similar, adeudando en este caso el pago de la materia prima a los tamberos, que reclaman deuda acumulada de 350 millones de pesos.
Pero detrás de esta coyuntura también persiste un desajuste estructural: mientras los precios de venta de los productos terminados caen, el valor de la leche cruda se mantiene alto, influenciado por la operatoria de empresas de gran escala que no reflejan la realidad del universo pyme. Esa brecha vuelve insostenible la ecuación económica para una porción importante del sector industrial.
En este contexto, y con el objetivo de resguardar la continuidad de las empresas y los puestos de trabajo, las industrias –sobre todo las pymes- plantean la necesidad de revisar las condiciones de pago de la materia prima y avanzar hacia la implementación del sistema de pago por sólidos útiles. La medida, reclamada tanto por productores como por industrias, requiere una aplicación articulada y progresiva, capaz de equilibrar la cadena sin generar nuevos desequilibrios.
Un proyecto que prometía reflotar la producción
ARSA nació en 2019 como parte de una estrategia para dar continuidad a las líneas de productos refrigerados que SanCor Cooperativas Unidas Ltda. había decidido desprenderse en medio de su propio proceso de reestructuración. La firma fue adquirida por un grupo de inversores ligados a Vicentin y al fondo BAF Capital, que prometieron inversiones, modernización tecnológica y expansión de la marca.
En su momento, el acuerdo fue presentado como una salida ordenada que permitiría conservar empleos y mantener viva una marca emblemática del consumo masivo argentino. Sin embargo, las promesas de capitalización nunca se cumplieron. En los últimos dos años, la planta operó con capacidad mínima y sin recursos para sostener la cadena de pagos.
Del salvataje al abandono
El derrumbe financiero de ARSA fue paulatino. Los problemas de liquidez y la falta de aportes de los socios mayoritarios derivaron en deudas crecientes con proveedores, transportistas y trabajadores. En 2023 comenzaron los primeros atrasos salariales y las suspensiones. Luego vinieron los cortes de energía por falta de pago y la paralización total de la producción.
A lo largo del proceso, las autoridades empresarias evitaron pronunciarse públicamente. Los intentos de reactivación impulsados por los empleados no prosperaron, y las gestiones ante el Gobierno provincial y nacional tampoco arrojaron resultados concretos. En los últimos meses, los trabajadores permanecieron en la planta para custodiar maquinarias y materias primas, ante el riesgo de desmantelamiento.
Una marca histórica, otra víctima del desinterés empresario
La marca SanCor, que durante décadas simbolizó la fortaleza de la lechería nacional, había cedido parte de sus licencias en busca de oxígeno financiero. Pero la falta de control sobre el destino de sus unidades derivó en escenarios como el de ARSA, con plantas cerradas, personal sin cobrar y activos abandonados.
La quiebra dispuesta por el Juzgado Comercial implica el inicio de un proceso de liquidación que podría extenderse durante meses. En paralelo, los trabajadores reclaman prioridad en el cobro de sus haberes y una intervención del Estado que evite el vaciamiento total. Aún no hay información oficial sobre posibles interesados en reactivar la producción.
Silencio empresarial y reclamo de justicia
Hasta el momento, ni los directivos de ARSA ni los representantes de BAF Capital o Vicentin se pronunciaron sobre el fallo ni sobre el destino de la planta. La falta de respuestas alimenta el malestar de las familias afectadas y de la comunidad de Sunchales, donde el cierre del establecimiento representa un golpe económico y simbólico.
ARSA llegó a manos de un conjunto de inversores privados y fondos que prometieron capitalizar la planta y relanzar la línea de postres y yogures. Entre los nombres vinculados públicamente aparecen grupos con historial en el agro y en el comercio exterior, así como vehículos financieros que buscaron explotar sinergias con marcas tradicionales.
En varios casos, esas operaciones implicaron tomar licencias y activos de empresas en reestructuración; cuando la inyección de fondos no se concretó, la cadena de pagos se rompió y la fábrica quedó expuesta. La sentencia de quiebra obliga hoy a clarificar la trazabilidad de los aportes y a determinar eventuales responsabilidades patrimoniales de los controlantes.
La historia de ARSA resume una serie de decisiones fallidas y de desinterés por la producción real. Lo que comenzó como un intento de salvataje para mantener viva la línea de postres y yogures de SanCor terminó convertido en una nueva postal de la crisis industrial argentina, con trabajadores abandonados, promesas de inversión incumplidas y una marca tradicional que vuelve a quedar a la deriva.
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