La legisladora del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) interpuso un recurso ante el máximo tribunal penal federal del país contra la decisión de la Cámara Federal porteña, que la semana pasada declaró la incompetencia para intervenir en el caso del juez federal Sebastián Casanello, según el escrito al que tuvo acceso Télam.
La sala II de ese tribunal intermedio de apelación del fuero federal dispuso que el expediente tramite en la justicia de instrucción en lo Criminal ordinaria.
Casanello había dado curso al trámite de un “habeas corpus” donde se reclamaba suspender la aplicación del Protocolo hasta que hubiera sentencia definitiva en el reclamo por la inconstitucionalidad de su aplicación.
De hecho el magistrado había realizado ya una primera audiencia para escuchar los argumentos de todas las partes y tenía prevista una segunda que no se hizo porque ese mismo día la Cámara decretó su incompetencia.
En la apelación que ahora se verá si es concedida o no por la Cámara Federal porteña, se reclama a Casación que “declare la competencia de la justicia federal para intervenir en esta causa”
También que “se dé trámite a la acción de habeas corpus y se tornen operativas las protecciones de derechos constitucionales que son materia de reclamo”.
Los denunciantes además aclararon que dejan planteada “la ilegalidad y arbitrariedad” de otra decisión de la Cámara Federal, que revocó una “exhortación que había formulado el juez federal de instancia, para que (de manera resumida decimos ahora) las fuerzas de seguridad adecuen su actuación a los estándares constitucionales fijados en materia de manifestaciones públicas”.
El reenvío de la causa a la justicia de instrucción “posterga de manera indefinida una respuesta judicial que “pondere” de manera real los intereses en juego en este proceso, esto es, el derecho a la libertad, la integridad y a la manifestación, así como los derechos de reunión y asociación”, agregaron.
En la apelación se sostuvo que hay una “clara y evidente privación de justicia” ante el “escenario judicial creado por la decisión de la Cámara Federal”.
La semana pasada, cuando se conoció la decisión ahora apelada, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ratificó en un posteo en red social X que el protocolo “sigue vigente”.
En ese fallo, firmado por el juez de Cámara Eduardo Farah, se resolvió revocar la decisión de Casanello, quien ratificó su competencia para llevar adelante la causa, en la que se reclama el dictado de una medida cautelar que suspenda la aplicación del protocolo.
También se dispuso “no aceptar” la decisión del juzgado nacional en lo Criminal y Correccional 28 de la ciudad de Buenos Aires, que había declinado la competencia y enviado el caso a Comodoro Py y devolverle la causa “en forma urgente”, al hacer lugar a una apelación del Ministerio de Seguridad de la Nación.
Si no se comparte lo resuelto en el juzgado 28, la última palabra la tendrá la Corte Suprema, por ser el “superior común” entre ambos fueros.
Farah sostuvo en su resolución que en el caso se adoptaron medidas y decisiones “que –sumadas a la falta de competencia- revelan la invalidez de lo actuado”.
Télam