Ricardo Ozuna, forma parte del equipo de abogados que representa a los agentes de Policía que están siendo investigados por el robo de estupefacientes durante el operativo de quema producido días atrás en la localidad de Colonia Benítez. En su caso, defiende al subcomisario Franco Ramírez y al cabo Gustavo Quizama, ambos trasladados a Formosa para cumplir con el arresto.
El abogado defensor, estuvo presente este domingo en la audiencia de declaración indagatoria que encabezó la jueza Federal, Zunilda Niremperger, junto al Dr. Patricio Sabadini y la Dra. Ruth Hilenberg como parte del equipo fiscal, en la que se dictó la prisión preventiva para el comisario César Alegre, el subcomisario Franco Ramírez, el oficial principal Lucas Exequiel Martínez, el sargento Gustavo Acosta, el cabo primero Juan Almirón Núñez, el cabo Néstor Urne Canteros y el cabo Gustavo Quizama.
Recordó que la audiencia está prevista en el artículo 254 del Código Procesal Penal Federal y que en ella se formalizó la teoría del caso, “el hecho que se le imputa al personal policial, como así también las medidas cautelares”. “Se pidió la prisión preventiva por 180 días y la Jueza lo limitó a 90 días solamente. Todo eso fue materia de impugnación por parte de la defensa”, sostuvo en declaraciones para el móvil de CIUDAD TV.
Informó que los cinco policías que se encuentran detenidos en Prefectura Naval Argentina, en Barranqueras, prestaron declaración. “No así mis asistidos que son el señor Franco Ramírez (detenido en el Escuadrón Bajo Paraguay N°14 de Formosa) y el señor (Gustavo) Quizama (detenido en Las Lomitas)”.
Explicó que la no declaración fue porque “ninguno de los defensores estuvimos al tanto de las actuaciones, solamente se formalizó la teoría del caso, se informó por parte de la Fiscalía la prueba con la que ellos cuentan para esa teoría del caso y el pedido de la prisión preventiva. Nosotros tomamos el criterio que hasta que no tengamos conocimiento de las actuaciones no íbamos a hacer una declaración en general y aclarar todos los hechos que se investigan. Lo que sí pudimos tomar conocimiento ayer es que supuestamente a mi asistido le imputan haber movido la camioneta en la que estaba el estupefaciente y que me pareció una barbaridad que por eso se lo prive de libertad”.
Indicó que como defensa solicitaron la impugnación de la resolución de la Jueza en relación a la prisión preventiva y tiene 72 horas para “fundar los pedidos de impugnación y de ahí se pondrá en conocimiento del jueza siguiente para que haga la revisión como dice el Código y de ahí veremos qué se dispone y que es lo que nos queda”.
“A criterio nuestro, no es una causa grave y compleja como había pedido el Ministerio Público. La señora Jueza lo entendió también así y por eso limitó la prisión preventiva por 90 días, con la obligación de que el Ministerio Público Fiscal controle periódicamente si se reúnen los requisitos de peligro procesal por la que solicitaron la medida cautelar de prisión preventiva”, sostuvo.
“Nosotros planteamos la impugnación. Estamos tomando conocimiento del expediente y de las pruebas que hay que, prácticamente, son poco y nada. A mí criterio, no es una causa grave y compleja. Es prácticamente un delito en flagrancia, el que lo haya cometido, y se tendría que tramitar de esa manera”, afirmó.
“Ellos pidieron que se tratara de una causa grave y compleja en función de que mandaron a hacer las pericias de los teléfonos celulares de todos los integrantes de la causa. La Jueza justamente limitó porque es una medida que se puede hacer en un breve plazo”, informó.
Ratificó que levantaron el secreto fiscal, también “levantaron la incomunicación a los siete imputados”. “Entiendo que a Quizama y a Ramírez los mandaron a Formosa para evitar que se pongan en contacto con el resto de los imputados, porque los otros cinco están acá en Barranqueras. En cierta forma buscaron separarlos y que no se comuniquen entre sí”, indicó.
Consultado sobre la charla mantenida con sus defendidos, mencionó que con Ramírez mantuvo una comunicación telefónica sobre “tomar contacto con la actuaciones y una vez que formalizáramos la lectura del expediente ver si ameritaba la declaración o no”. “Entiendo que con su declaración, se clarificaría un poco más y, de acuerdo con lo que hay en el expediente, es poco y nada. Creo que todo esto es una confusión y una mala interpretación, tanto de las personas que intervinieron en el acta, que fue lo que dejé claro a la Señora Juez, así que veremos si se puede clarificar eso y que el Señor Ramírez recupere la libertad. No tiene antecedentes, la señora está embarazada de 17 semanas con un embarazo de alto riesgo y encima lo trasladan, le hacen un destierro a Formosa. Me parece una barbaridad”, sostuvo Osuna, quien también pidió el traslado ala ciudad de Resistencia. “Están viendo a qué unidad dependiente del Servicio federal se lo podría trasladar”, indicó.