“La gente tendrá opiniones diferentes sobre la conducta de Assange (…) Pero independiente de la posición de la gente, esto no puede seguir y seguir indefinidamente”, dijo Albanese, quien aseguró que este planteo también lo hizo “ante los más altos niveles” en Reino Unido y Estados Unidos.
Las declaraciones del primer ministro llegan un día después de que el Parlamento australiano aprobara una moción que pide el fin de la persecución de Assange, de 52 años, para que pueda volver a su país.
Assange, de nacionalidad australiana, acudirá la próxima semana a la Alta Corte de Londres en busca de permiso para apelar su extradición a Estados Unidos para ser juzgado por espionaje.
Albanese subrayó que el Gobierno australiano tiene el deber de defender a sus ciudadanos, informó la agencia de noticias AFP.
En ese sentido, citó el caso de la periodista australiana de origen chino Cheng Lei, liberada en octubre pasado tras más de tras años de arresto en China por cargos de espionaje.
También citó los “éxitos” diplomáticos con los australianos retenidos en Vietnam y Myanmar.
Assange está detenido desde abril de 2019 en la prisión de Belmarsh, de alta seguridad, en el sureste de Londres.
Fue apresado después de pasar siete años recluido en la embajada de Ecuador en Londres para evitar su extradición a Suecia, donde enfrentaba cargos de asalto sexual, que luego fueron descartados.
Estados Unidos quiere enjuiciar a Assange por divulgar secretos militares sobre las guerras en Irak y Afganistán.
Washington lo acusa de publicar unos 700.000 documentos confidenciales sobre las actividades militares y diplomáticas estadounidenses a partir de 2010.
El 20 y 21 de febrero, el Tribunal Superior de Justicia de Londres examinará un nuevo recurso del fundador de WikiLeaks.
Si los jueces fallan en su contra, “habrá agotado todos los recursos sin posibilidad de recurso adicional en el Reino Unido y entrará en el proceso de extradición”, según el grupo de apoyo Free Assange.
Según la Federación Internacional de Periodistas (FIP), el caso sienta el peligroso precedente de que los gobiernos pueden perseguir a periodistas en cualquier parte del mundo por publicar información de interés público.
Télam