Desde la Defensa de Usuarios y Consumidores explicaron que las empresas no iniciaron medidas legales y que fue una decisión del Ejecutivo. El proyecto establece el pago en carácter de “deuda” por ingresos “no percibidos” de 2002 hasta hoy. Además, desde la entidad cuestionaron el proyecto en materia energética en general: “El objetivo es eliminar subsidios”, señalaron.
De aprobarse el proyecto de Ley de Presupuesto 2026, el Estado podría pagar más de 5 billones de pesos en concepto de pago retroactivo de “deuda” a las empresas de distribución eléctrica, ya que en su artículo 74 habilita la compensación a las compañías por supuestos ingresos no percibidos durante los distintos congelamientos de precios que ocurrieron desde enero de 2002 hasta hoy.
Un Presupuesto con más ajuste
“Lamentablemente, no es un tema que haya tenido discusión en la Comisión de Presupuesto de la Cámara”, cuestionó el presidente de Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco), Pedro Bussetti, en la 750.
Luego de dos años de manejar partidas discrecionalmente, el gobierno decidió enviar el proyecto de Ley de Presupuesto 2026 al Congreso y empujar la discusión de la “Ley de Leyes” al período de sesiones extraordinarias, cuando se modifique la conformación del recinto, lo que le permitiría al oficialismo aprobar el texto y tal y como llegó del Ejecutivo.
“En el proyecto, el objetivo del Estado nacional en materia energética es eliminar los subsidios a la energía a los usuarios de energía eléctrica, de gas natural en todo el país”, resumió el titular de Deuco.
En el artículo 70 y 71 de la Ley de Presupuesto Nacional, el gobierno avanza también sobre el subsidio de 3 millones de usuarios de gas natural amparados por la Ley de Régimen de Zonas Frías (27.637), proyecto que se amplió en 2021.
“Este tema de la eliminación tampoco ha tenido discusión, ha pasado prácticamente inadvertido y, lamentablemente, muchas autoridades provinciales y municipales no se han hecho eco de esta realidad que va a afectar a sus comprovincianos, estamos hablando de provincias como Córdoba, Mendoza, Santa Fe, San Luis, San Juan y la Provincia de Buenos Aires también”, subrayó Bussetti en En el ojo de la tormenta.
Hasta ahora, el oficialismo cumple con su agenda: aplica aumentos todos los meses que superan por mucho (8 puntos) la inflación de octubre que publicó el Indec. Y además recorta: los usuarios de mayores ingresos, correspondientes al nivel 1, ya no cuentan con subsidio, mientras que el resto, aquellos nucleados en el nivel 2, tienen aproximadamente entre un 35 y 40 por ciento de descuento.
“En ese contexto, donde hay recortes para todos los argentinos, hay compensación económica retroactiva para distribuidoras eléctricas de todo el país”, comparó el presidente de Usuarios y Consumidores.
Nadie les pide tanto
La iniciativa es toda del Ejecutivo, no hay ninguna acción legal a la que el Estado deba hacer frente hasta el momento que lo obligue a emitir una ley de estas características. “Ninguna de las distribuidoras ha iniciado acciones en el CIADI, que es el ámbito que, lamentablemente, se estableció cuando se privatizaron los servicios públicos”, dijo Busetti en referencia al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), el tribunal internacional perteneciente al Banco Mundial con sede en Washington.
A su vez, la discusión alrededor del valor de las tarifas es más amplia porque la generación eléctrica está completamente dolarizada: “No estamos pagando tarifas de acuerdo a los costos reales, sino inflados. Habría que discutir por qué se sigue pagando en dólares cuando obviamente la generación se produce en la República Argentina”, concluyó.
Página 12