La defensa de Ricardo Ariel Osuna, acusado de encubrimiento de robo de ganado y actualmente detenido en la Comisaría Cuarta de Resistencia, presentó una acción de hábeas corpus preventivo y correctivo ante el Superior Tribunal de Justicia del Chaco, dirigida a la jueza Iride Grillo. La medida se fundamenta en un presunto reagravamiento ilegítimo de las condiciones de detención que, según sostienen, pone en riesgo su vida y su integridad psicofísica.
El riesgo es calificado como cierto e inminente, con posibilidad de descompensación, daño grave “e incluso muerte”, debido a que Osuna se encuentra en huelga de hambre y dejó de ingerir su medicación habitual para tratar la hipertensión arterial.
La abogada defensora, Gabriela Tomljenovic, cuestiona además un eventual traslado del detenido a un ámbito destinado a personas condenadas. Según expuso, si bien la Fiscalía Rural a cargo de Noelia Miño habría autorizado un traslado con el objetivo de garantizar asistencia permanente por la huelga de hambre, se habría dispuesto o impulsado su derivación a un “centro de condenados” o a un espacio que lo asimila materialmente a esa condición.
Desde la defensa advierten que una decisión de ese tipo no es neutra, ya que agrava ilegítimamente la situación del imputado, compromete su seguridad personal, su dignidad y su salud, y vuelve imprescindible la intervención judicial inmediata para evitar daños irreparables. La presentación remarca que Osuna no cuenta con condena firme y que su traslado a un régimen de penados vulneraría normas constitucionales y estándares internacionales que exigen la separación entre personas condenadas y aquellas que se encuentran en prisión preventiva, tal como lo establecen las Reglas Nelson Mandela.
Derivación
En el escrito, se solicita la adopción de medidas urgentes y operativas, entre ellas la suspensión de cualquier traslado que lo asimile a la condición de condenado, la realización de una evaluación médica clínica inmediata y presencial con control de signos vitales, y la aplicación de un protocolo específico para casos de huelga de hambre e hipertensión. También se pide que, de ser necesario, se ordene su derivación inmediata a un hospital civil o a un establecimiento especializado.
Asimismo, la defensa requirió que el Superior Tribunal de Justicia disponga un control jurisdiccional efectivo, con pedidos de informes urgentes a la Comisaría Cuarta y a la Fiscalía sobre el estado actual del detenido, los controles médicos realizados y la orden de traslado pretendida. Finalmente, solicitó la fijación de una audiencia urgente o una constatación inmediata en el lugar de detención para verificar in situ las condiciones reales en las que se encuentra Osuna.
La presentación exige que la acción sea resuelta dentro del plazo constitucional de 12 horas, con habilitación de días y horas inhábiles, en atención a la gravedad de la situación denunciada.