Incertidumbre genera la finalización de contratos de prestadores de salud del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI). Señalan que esto podría afectar servicios para personas mayores y de escasos recursos como las atenciones domiciliarias.
Este lunes finaliza la prórroga de contrato de un grupo de prestadores de salud de la Delegación Corrientes de PAMI. La situación genera incertidumbre entre algunos afiliados, ya que desconocen cómo continuarán servicios como las internaciones domiciliarias que, en algunos casos consisten en atención médica, enfermería, kinesiología e incluso la dotación de cuidadores.
La situación despertó preguntas sobre la cobertura para las personas mayores de escasos recursos. Algunos afiliados tienen movilidad reducida, requieren de tratamiento en sus domicilios y viven en áreas de difícil acceso para ambulancias, como por ejemplo en los barrios costeros de Corrientes.
En la provincia hay al menos 120.813 beneficiarios del SIPA. En diciembre del año pasado, el ingreso promedio fue de $381.287, según las últimas estadísticas de seguridad social publicadas por ANSES a nivel nacional. Se calcula que más del 70% percibiría una jubilación mínima cuyo monto en la actualidad se posicionará por encima de los $374.000 si se tiene en cuenta el bono que todos los meses perciben.
Esto significa que un gran número de jubilados nacionales que viven en la provincia tienen ingresos rozando la canasta básica total para una sola persona y muy por debajo de la canasta del adulto mayor que mide la Defensoría del Pueblo porteña que supera el millón de pesos. De allí que las prestaciones que brinda PAMI son fundamentales para dicho grupo y con ello la preocupación en torno a la continuidad de los servicios de atención de la salud dado su impacto en la calidad de vida.
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