La Cámara Federal confirmó el cierre de una causa contra el presidente, Javier Milei, por su postura negacionistas sobre la última dictadura. Los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah ratificaron un fallo de la jueza María Servini que había desestimado la presentación, formulada por un abogado de organismos de derechos humanos, “por imposibilidad de proceder”. ¿Por qué Servini no pudo “proceder”? Porque la denuncia, formulada por el abogado Javier Adrián Garín, no tuvo impulso fiscal.
La fiscalía consideró que no había razones para promover una investigación sobre la conducta de Milei; su vicepresidenta, Victoria Villarruel, y el ex jefe de la SIDE (durante el gobierno de Carlos Menem) Juan Bautista “Tata” Yofre, en ocasión de la conmemoración del último aniversario del golpe de Estado de 1976, el 24 de marzo pasado. El fiscal que consideró que no había razones para impulsar la causa fue Carlos Stornelli.
Garín, un abogado con una larga trayectoria en defensa de los derechos humanos denunció que desde lo más alto del gobierno nacional “podrían haber incurrido en forma reiterada y sistemática en una justificación del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, una directa o indirecta reivindicación del terrorismo de Estado y una apología de los criminales condenados por esos delitos”. La denuncia mencionaba especialmente la difusión de un video oficial titulado «Memoria completa» en ocasión del último aniversario del golpe de Estado.
Garín denunció “la minimización del número de desaparecidos, la invocación de un estado de ‘guerra’ como justificante (defensa que invocaron los represores y que los tribunales argentinos invariablemente rechazaron), la alegación de que hubo ‘excesos’ y no un plan sistemático de exterminio (defensa también rechazada ya por los jueces que intervinieron en el Juicio a las Juntas), el señalamiento de la violencia guerrillera previa como un argumento exculpatorio de los condenados por lesa humanidad”. Además, pidió ser querellante en la causa, lo que le hubiera permitido apelar el cierre, proponer medidas de prueba, testigos y sugerir cauces de investigación. Todo le fue rechazado.
Milei y Villarruel, a salvo
Para los jueces Irurzun y Farah, el abogado denunciante “no ha logrado demostrar cuál sería el perjuicio especial, concreto y directo que habría sufrido como consecuencia de los hechos denunciados”. “Al contrario, -añadieron- las circunstancias y razones que esgrimió en la sustanciación del recurso demuestran que, en todo caso, en los sucesos que pidió investigar existía un marcado interés público. La representación de esto último, precisamente, es lo que el artículo 120 de la Constitución Nacional le reserva al Ministerio Público Fiscal, el que postuló la desestimación de las actuaciones por inexistencia de delito”. Traducido: como el fiscal Stornelli no formuló imputación alguna, no hay causa sobre la que pronunciarse.
El abogado Garín, entre cuya obra figura el “Manual Popular de Derechos Humanos”, reconoció que “en la Argentina no existen normas penales contra el negacionismo”, pero sí “está tipificada la apología del delito y el incumplimiento de deberes, figuras en que podrían hallarse incursos el Presidente y la vice”. Bajo esa premisa, propuso que se investigue a Milei, Villarruel y Yofre por “la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad”.
Por decisión de Comodoro Py, nada de eso va a ocurrir.
La pieza publicada en redes sociales por la cuenta de la Casa Rosada introduce, en primer lugar, a Juan Bautista Yofre, quien es identificado como «escritor» y de quien se oculta que fue el titular de la Secretaría de Inteligencia (Side, actual AFI) en la presidencia de Carlos Menem. Durante esa administración Yofre pudo haber expuesto los archivos de las fuerzas armadas, de seguridad y de los servicios de inteligencia, aun secretos y que podrían colaborar para comprender mejor lo sucedido en esos años.
En segundo lugar aparece María Fernanda Viola, hija del capitán del ejército Humberto Viola y hermana de María Cristina, entonces de 3 años, asesinados en un atentado del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Completan los testimonios Luis Labraña, quien asegura que «inventó» la cifra de 30.000 detenidos desaparecidos para saldar una discusión que tenía con otras personas que no identifica y cuyo sentido era convencer a las autoridades de los Países Bajos de que en la Argentina se había producido un genocidio.
Tiempo Argentino