El Gobierno de Milei no lanzó la primera licitación prevista para esta semana y que fuera anunciada a fines de agosto. Este jueves no había aparecido la convocatoria para los primeros $200.000 millones. En el mercado creen que la demora esconde una discusión por las tasas y el riesgo de comprometerse a largo plazo.
El ministro de Economía, Luis Caputo, prometió poner esta semana $200.000 millones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) sobre la mesa para que los bancos los transformaran en créditos hipotecarios. Pero llegó el jueves y la licitación no apareció. Detrás de la demora asoma un problema bastante más inquietante que una cuestión administrativa: los bancos no terminan de ponerse de acuerdo con el Gobierno sobre cuánto vale prestar y tomar pesos a uno y cinco años.
Caputo presentó el programa el 26 de agosto junto al director general del FGS, Juan Cruz Micele, y el vicepresidente segundo del Banco Central, Baltasar Romero Krause. El esquema prevé movilizar hasta $2 billones de la ANSES mediante licitaciones sucesivas de depósitos a plazo fijo. El objetivo es utilizar esos recursos para fondear créditos hipotecarios. Caputo puso incluso fecha y monto al debut.
“Arrancaríamos con 200.000 millones de pesos y ahí veríamos la evolución, cuán rápido se dan las hipotecas en los bancos y, en función de eso, seguiríamos con nuevas licitaciones”, dijo durante la presentación. El anuncio oficial estableció que cada subasta podría alcanzar los $200.000 millones hasta completar los $2 billones del programa. La primera operación había sido anunciada para esta semana.
El mecanismo tiene una particularidad. Economía establece los montos y las condiciones generales, el FGS pone los recursos y el Banco Central instrumenta la licitación. El BCRA convoca con 24 horas de anticipación a las entidades mediante una Comunicación B, donde informa las condiciones operativas para presentar las ofertas. Este jueves no había aparecido la convocatoria para los primeros $200.000 millones.
No se trata de una pelea entre Economía y el Central. El BCRA es parte del diseño y trabaja coordinadamente con el Palacio de Hacienda. La pregunta que comenzó a circular por las mesas financieras es otra: si el llamado se demoró porque todavía no están cerradas con los bancos las condiciones económicas de la operación.
El corazón de la discusión son las tasas. El Gobierno diseñó dos alternativas para colocar el dinero del FGS. Los bancos pueden recibir depósitos a un año con una tasa mínima de UVA más 2,5% o tomar los recursos durante cinco años pagando un piso de UVA más 4,5%. Son tasas mínimas. Para quedarse con el dinero, las entidades deben competir ofreciendo rendimientos por encima de esos niveles.
Pero Economía también condicionó el otro extremo de la operación. Los bancos que reciban esos recursos deberán transformarlos en créditos hipotecarios a una tasa máxima de UVA más 7,5%. Tendrán 90 días para aplicarlos, los préstamos deberán tener un plazo mínimo de 15 años y cada operación podrá alcanzar hasta 150.000 UVA. Los recursos sólo podrán destinarse a adquisición, construcción, ampliación o refacción de la primera vivienda.
Ahí aparece el embudo. Si una entidad toma recursos del FGS a cinco años pagando UVA más 4,5% y debe prestar a un máximo de UVA más 7,5%, arranca con un margen de apenas tres puntos para absorber estructura, riesgo crediticio y rentabilidad. Si para ganar la licitación necesita ofrecer más que el piso fijado por Economía, ese margen se comprime todavía más.
En las mesas bancarias la discusión pasa por el precio, pero también por el plazo. La síntesis que circula en el mercado es sencilla: a cinco años resulta difícil poner una tasa porque para hacerlo hay que proyectar inflación, dólar y costo del dinero durante todo ese período. Los bancos quieren el fondeo, pero no necesariamente bajo cualquier condición.
El planteo se vuelve más delicado cuando se mira el calendario político. Una colocación a cinco años obliga a ponerle precio hoy a lo que puede ocurrir después de las elecciones presidenciales de 2027 y atravesar buena parte del mandato siguiente. En una economía donde los depósitos todavía se concentran en plazos muy cortos, cinco años son casi otra era geológica.
Ese es justamente el problema que Caputo pretende resolver utilizando al FGS como puente. Los bancos captan buena parte de sus depósitos a corto plazo pero un crédito hipotecario puede extenderse durante 15, 20 o 30 años. El Fondo ofrece entonces recursos largos para achicar ese descalce. La dificultad es encontrar el precio al cual las entidades estén dispuestas a cruzar ese puente.
El comportamiento reciente del crédito agrega otra señal. LCG señaló que los préstamos en dólares se mueven a un ritmo más bajo, apenas 334 millones. “No se ve aún un impacto significativo de la relajación normativa del BCRA habilitando a empresas sin ingresos dolarizados a tomar préstamos en moneda extranjera. El stock total alcanza 24.564 millones de dólares”, apunta la consultora.
El dato importa porque el Gobierno ya intentó ampliar el financiamiento mediante otra vía. El Central flexibilizó las normas para permitir que empresas sin ingresos en dólares pudieran tomar préstamos en moneda extranjera. La expectativa era movilizar una masa importante de financiamiento aprovechando la liquidez en dólares del sistema. Por ahora, el efecto fue bastante más modesto.
La apuesta oficial es profundizar ese proceso y utilizar las hipotecas para mover también la construcción y el mercado inmobiliario. Pero la primera prueba quedó trabada antes de largar. Caputo había anunciado para esta semana los primeros $200.000 millones y el jueves todavía no estaba la convocatoria. Si detrás de la demora está efectivamente la discusión sobre las tasas, el problema excede al programa hipotecario. Porque una tasa a cinco años no es solamente el precio de un plazo fijo. Es una apuesta sobre inflación, dólar y estabilidad.
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