La presentación realizada por el letrado Daniel Valmaggia recayó hoy en el juzgado Contencioso Administrativo Número 3 a cargo de Santiago Carrillo.
“Realicé la presentación por propio derecho, como ciudadano que quiere manifestarse en forma pacífica, porque virtualmente con el protocolo se está declarando un Estado de Sitio al pulverizar los artículos 14, 14 bis y 16 de la Constitución Nacional, que refieren al libre derecho a reunirse, a peticionar ante las autoridades. Además, lo que hace la normativa es darle a las fuerzas de seguridad el control operacional de la prohibición de la reunión con fines pacíficos”, explicó Valmaggia en declaraciones a Télam.
El pedido ante la Justicia se realiza un día antes de la primera movilización contra el Gobierno de Javier Milei, que realizará mañana la Unidad Piquetera, en coincidencia con un nuevo aniversario de las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001 que derivaron en la renuncia del expresidente Fernando de la Rúa.
Para el abogado, “la justicia debería resolver rápidamente, entre hoy y mañana” las presentaciones realizadas y en particular, la cautelar.
“Lo que hace el Ministerio de Seguridad es criminalizarme por el solo hecho de participar en las protestas”, añadió Valmaggia y sumó que “según lo que está establecido en el protocolo, en cuanto me reúna con las personas que vayan a protestar o a hacerse oír, me tildan de delincuente y me pueden detener”.
En este sentido, explicó que “de esta forma pierdo automáticamente los derechos constitucionales en un marco donde se la da total discrecionalidad a las fuerzas para que actúen, ya que la normativa es muy amplia”.
“Cada fuerza puede hacer lo que quiera porque no hay nada definido, es decir, puede aplicarlo según su criterio y ya sabemos que cuando a las fuerzas no se le dan instrucciones precisas tenemos casos como el de (Santiago) Maldonado que sucedió bajo la misma gestión de (Patricia) Bullrich, o el de (Rafael) Nahuel, entre otros”, afirmó.
La medida cautelar solicitada por Valmaggia tiene que ver con que “ante los anuncios de manifestaciones y marchas, inclusive las rondas de las Madres de Plaza de Mayo, se dicte una medida de suspensión de protocolo, así como un planteo la inconstitucionalidad porque lo que hace la normativa es destruir los derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional”.
Según explicó, “el artículo 99 en su inciso 3 le impide al Poder Ejecutivo legislar en materia penal y lo que hace de facto el protocolo es modificar el articulo 194 del Código Penal que sanciona el tema de los cortes o la libre circulación de los medios de transporte”.
“Justamente el espíritu del artículo 194 es contrario a lo que dice el protocolo. No habla de los que protestan porque no tienen comida o porque están en la pobreza como es el caso de la gente que va a ir a movilizarse, además el protocolo discrimina entre la circulación de los que supuestamente quieren ir a trabajar y entre los que quieren manifestarse”, indicó.
“Además esta discriminación parte de la falacia de que el que quiere ir a trabajar no puede hacerlo cuando siempre existen vías alternativas. Es decir, a los que protestan se los pude encarcelar y a los que dicen que van a trabajar, se los deja circular”, finalizó Valmaggia.
Télam