Los jueces Graciela Montesi y Abel Sánchez Torres, máximas autoridades de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, fueron imputados por presunto abuso de autoridad y manipulación de causas relacionadas con evasión fiscal millonaria.
Los fiscales Pablo Turano y Maximiliano Hairabedián, del Ministerio Público Fiscal de la Nación, imputaron a Graciela Montesi y Abel Sánchez Torres, presidenta y vicepresidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, por presunto abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, falsedad ideológica y coacción. Según la requisitoria de los fiscales al juez Alejandro Sánchez Freytes, Montesi y Sánchez Torres habrían realizado maniobras en dos causas vinculadas al caso “Bunge” -donde se investigan evasiones megamillonarias- en pos de favorecer a los imputados y lograr la falta de mérito. Además, los fiscales le imputan a Sánchez Torres lesiones graves calificadas por mediar violencia de género contra una secretaria que se negó a firmar un certificado para lograr la integración de una de las salas de la Cámara que lo dejara en mayoría.
El caso “Bunge” tiene dos causas: una denominada “Padilla” que se tramitaba en la sala A de la Cámara Federal de Apelaciones; y la causa “Humanes”, en la sala B. “Graciela Susana Montesi -de la Sala A- y Abel Guillermo Sánchez Torres -de la Sala B-, habrían acordado manipular la integración del Tribunal en violación a lo establecido en la ley y reglamento”, señalaron Turano y Hairabedián. Ambas salas tenían una vacante y esa fue la variable que habrían utilizado los camaristas para operar en conjunto.
Según lo que apuntan los fiscales, la Sala A -integrada por Montesi y Eduardo Avalos- recibió la causa “Padilla” en julio de 2023. Montesi emitió su voto en noviembre, luego votó Avalos y el secretario penal Mario Olmedo -también imputado- debía remitir el expediente a Liliana Navarro, la camarista que debía completar la sala ese mes según el reglamento y lo acordado. Sin embargo, Olmedo habría devuelto las actuaciones a Montesi, que las “habría retenido sin justificación hasta que el turno de subrogar fuera del juez Abel Sánchez Torres”.
Ya cumplidos esos plazos, Montesi integró la sala el 5 de diciembre de 2023 con Sánchez Torres como tercer integrante. Los fiscales señalan un detalle clave respecto a cómo se decidió el futuro de la causa que involucraba a uno de los CEO de Bunge: “Recibidas las actuaciones en la vocalía de Sánchez Torres con fecha 07/12/2023 a las 11:48 hs. emite su voto y remite el expediente a la secretaria penal el mismo día a las 11:49 hs. es decir que demoró un minuto en analizar y resolver una apelación, arrojando como resultado una falta de mérito por unanimidad en favor de Raúl E. Padilla”.
Tres días después de oficializada la falta de mérito en favor de Raúl Padilla, los roles cambiaron y Sánchez Torres le ordenó a la secretaria de Cámara Penal, Celina Laje Anaya, que firmara un certificado para integrar la sala B con Graciela Montesi, ya que Mario Olmedo estaba de licencia. Laje Anaya se negó a firmar el certificado y Sánchez Torres decidió la integración de la sala mediante un decreto. En esa sala se tramitaba la acción judicial contra Plácido Humanes, expresidente del directorio de Bunge. En abril de 2024, la otra integrante natural de la sala, Liliana Navarro, cuestionó a Sánchez Torres, que debió dar marcha atrás e incorporar a Eduardo Avalos -como correspondía- en lugar de Graciela Montesi. De esa manera, no pudo lograr la mayoría y Plácido Humanes fue procesado con el voto en disidencia del camarista ahora imputado.
La propia jueza Liliana Navarro declaró en la causa que la sorprendió que en aquel diciembre, casi junto al brindis navideño, Sánchez Torres apretara el acelerador indicando darle “preferente despacho” a la causa luego de decidir la integración de la sala por decreto. Sin embargo, una vez cuestionado por ella misma y viendo que no podría asegurarse la mayoría en su propia sala, Sánchez Torres pasó a mover la causa en cámara lenta: demoró cuatro meses en votar y, luego del voto de Navarro, pidió nuevamente el expediente para ampliar su expresión en disidencia, algo que para la camarista resultó “llamativo”.
Un detalle más completa el paisaje: en la requisitoria del Ministerio Público Fiscal se consigna que Sánchez Torres y Montesi son pareja, algo que en la Justicia Federal cordobesa era conocido por todos. “Se advierte una maniobra coordinada en ambas causas que integraban el caso ‘Bunge’, que evidenciaba el acuerdo y voluntad de los jueces Sánchez Torres y Montesi de intervenir juntos en el caso en contra de lo que correspondía”, escribieron los fiscales en la imputación. Este esquema habría apuntado a conseguir la impunidad de sectores del poder económico-empresarial.
Los hilos que se mueven detrás del caso ‘Bunge’ muestran la notoria implicancia de sectores de la casta judicial con la política y el empresariado. Un artículo del diario La Voz del Interior consigna el abrazo entre Sánchez Torres y Luis Juez, senador ahora libertario, en la apertura del año judicial en Córdoba días atrás, un gesto que el propio medio vincula a la intención del camarista de ser considerado entre los candidatos a integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Lo mismo que señala sobre la reunión del juez con Roberto Urquía, de Aceitera General Deheza (AGD). Según la nota periodística, Sánchez Torres “habló de la confianza que ‘el sistema’ tendría en él” como ministro del máximo tribunal. Casualmente, AGD es socia de Bunge en algunos emprendimientos. Por ejemplo en ProMaíz, empresa asentada en la localidad de Alejandro Roca y cuyo directorio integraban Adrián Alberto Urquía -también de la familia dueña de AGD- y el propio Plácido Humanes.
La denuncia de Laje Anaya
La causa contra las autoridades de la Cámara Federal cordobesa se desprende de la denuncia de maltrato laboral presentada por Celina Laje Anaya. Para los fiscales, Sánchez Torres “habría abusado de la autoridad que investía desplegando sobre la secretaria de Cámara” y, como represalia por negarse a firmar el certificado de integración de la sala, habría incurrido en “actos de maltrato, violencia laboral, de manera sistemática, recurrente y sostenida en el tiempo, logrando de este modo dañar su salud”.
Según la denuncia, que cuenta con testimonio y diagnósticos de profesionales de la salud, Laje Anaya debió pedir licencia psiquiátrica ya que, a causa de los presuntos maltratos de Sánchez Torres, sufría “angustia, pánico, episodios de llanto constante y prolongado, ansiedad, depresión y también expresiones físicas como pérdida de cabello, taquicardia, trastorno de sueño, pulso acelerado, sensación de asfixia, temblores en el cuerpo, incluso un episodio de desvanecimiento sin explicación”. La psiquiatra Adela Luz Rivkind emitió un certificado en septiembre de 2025 en el que afirma que Laje Anaya “se presenta con trastorno de adaptación con reacción mixta de ansiedad y depresión”.
Sánchez Torres habría convocado a Laje Anaya en medio de la feria judicial, el 16 de julio de 2025, precisamente el último día de vigencia de su licencia médica. La secretaria se presentó pero no se le asignó función ni se le permitió entrar a su despacho. Además, según denuncia Laje Anaya, el juez la presionó para que acepte un intercambio de cargos con un secretario de primera instancia, algo que implicaba una degradación laboral con reducción de salario. Después de negativas reiteradas y de sufrir, según su versión, una fuerte presión, Laje Anaya aceptó firmar su propio traslado. La permuta del cargo solo fue aceptada por Sánchez Torres y Montesi. Liliana Navarro votó en disidencia y Eduardo Avalos estaba de viaje. Solo dos vocales, de seis que deberían integrar la Cámara, pusieron su firma.
La propia Liliana Navarro declaró en la causa que el maltrato por parte de Sánchez Torres no se limitaba a Laje Anaya, algo que refrendaron otros testigos que trabajaron en la Cámara y aportaron su testimonio.
La prosecretaria en la Cámara Federal, María Inés Maldonado, contó que en una reunión en la que Sánchez Torres juntó al personal y a secretarios en su despacho “empezó a descalificar a Celina diciendo que su trabajo era corregir ortografía”. “¿Ustedes saben lo que gana Celina? ¿Por qué no repartís tu sueldo entre todos”, le habría dicho el juez a la secretaria según el relato de Maldonado.
Hairabedián y Turano afirman que “el daño a la salud de Celina Laje causado por el maltrato está reflejado en prueba testimonial y documental”.
Página/12