La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, está cada vez más complicada en el plano judicial por la falta de entrega de alimentos y fondos a comedores comunitarios. La fiscala Paloma Ochoa le reclamó, entre varias medidas de prueba, que especifique las acciones “concretamente adoptadas” por su cartera “durante los meses de diciembre de 2023 y enero, febrero y marzo de 2024 para garantizar específicamente el proceso de distribución de alimentos a comedores/merenderos”, qué tipo y cantidad se repartió y a quiénes.
Para esto le puso un plazo de diez días hábiles. Ante un requerimiento anterior de la fiscalía, el ministerio había afirmado que “las prestaciones alimentarias”, estaban “siendo ejecutadas” y “no han sido interrumpidas”. Esto, además de no ser real, es contradictorio con lo que el propio organismo admite públicamente: que no provee a los más de 40.000 comedores inscriptos porque reconoce solo a unos 10.000 y el resto sostiene que no existen.
Organizaciones sociales, afuera
La decisión política del gobierno de Javier Milei fue dejar afuera de la entrega de alimentos a los comedores que dependen de las organizaciones sociales. El Movimiento de Trabajadores Excluidos, el Frente Piquetero, Barrios de Pie, el Movimiento Evita, La Dignidad, el Polo Obrero, el Frente Popular Darío Santillán y La Poderosa son sólo parte de las agrupaciones que se han visto afectadas. Algunos comedores y merenderos han tenido que cerrar, cuentan en las agrupaciones, y otros abren sus puertas con menos frecuencia. En este escenario, las cuatro millones de personas (en su mayoría niños, niñas y adolescentes) que se alimentan en estos espacios son las perjudicadas.
Así lo explica la denuncia que hizo a comienzos de febrero el dirigente social Juan Grabois, en la que acusa a Pettovello de incumplimiento de sus deberes como funcionaria. Desde entonces, Capital Humano se dedicó a anunciar nuevas licitaciones de alimentos y a convocar a instituciones religiosas para ocuparse del reparto porque parten de la desconfianza hacia los movimientos sociales, a los que decidieron desplazar de plano de la intermediación, y en este caso de todo. Dejaron el asunto en manos de la Asociación Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (Aciera) y de Cáritas que, según el Gobierno, ya empezaron a repartir comida en 1900 sitios propios. El Registro Nacional de Comedores Comunitarios (ReNaCOM) se implementó a partir de 2020 y los que figuran allí son los que pueden hacer convenios. Según la denuncia de Grabois, están inscriptos 41.253.
La presentación judicial precisaba que los comedores reciben alimentos y fondos esencialmente por dos vías: una es el actual Ministerio de Capital Humano (con las prestaciones de Alimentar Comunidad y del plan nacional Argentina contra el Hambre que incluye el Programa de apoyo a comedores); la otra es el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Este último lo hace a través del Proyecto Abordaje Comunitario, que provee dinero para comprar alimentos y que sean entregados en bolsones. Para esto no se pedía el registro en el ReNaCOM. Son acuerdos de tres meses que se auditan y se pueden renovar. Algunas organizaciones preferían entregar los alimentos cocinados y pedían permiso para eso.
Las organizaciones, como también señalaba la denuncia, dejaron de recibir esa ayuda del PNUD, que llegaba en forma directa. Esto explica que otra de las medidas pedidas por la fiscalía de Ochoa sea que Capital Humano puntualice “el detalle de los desembolsos del Proyecto PNUD” y que lo haga desde enero de 2023 hasta febrero de 2024. Todo indica que busca establecer una comparación sobre como se distribuyeron los fondos de ese programa durante el último año del gobierno anterior y los primeros de este, ya con la gestión de Milei.
“Liquidaron el remanente y no repusieron nada. Esto significa que se suspendió la ejecución del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo que abastecía de alimentos y auditaba los comedores a pesar de que los fondos se encuentran disponibles, configurando no solo una inmoralidad intolerable, sino que además constituye un delito”, indicaba el escrito de Grabois.
La investigación
Cuando ordenó las primeras medidas, dos meses atrás, la fiscalía pidió al ministerio de Pettovello que informe cuál es el marco regulatorio para la entrega de alimentos, cómo había sido la ejecución durante 2023 y si efectivamente hubo una interrupción. En parte de su respuesta Capital Humano dijo: “Se informa que en relación a las prestaciones alimentarias destinadas a comedores y/o merenderos, se sostienen las líneas de acción instrumentadas dentro de la órbita de esta Subsecretaría de Políticas Sociales, las cuales a la fecha están siendo ejecutadas y no han sido interrumpidas”.
Dado que la denuncia plantea lo contrario, Ochoa –a quien delegó la investigación el juez Sebastián Casanello– solicitó la semana pasada que la cartera de Pettovello enumere sus medidas para distribuir alimentos y “se precise la cantidad y tipo de alimento entregado, el depósito de origen, la fecha de repartición y los comedores/merenderos receptores, acompañándose el respaldo documental de aquello que sea informado”.
También pidió que se presenten todas las resoluciones de 2023 (del exMinisterio de Desarrollo Social) y hasta febrero de este año “a través de las cuales se autorizó la transferencia de dinero con destino a financiar el proceso de Acreditación Mensual de Fondos a comedores/merenderos en el marco del Programa Alimentar Comunidad”. Ese plan consiste en una transferencia monetaria para comedores, para que puedan comprar con una tarjeta prepaga o virtual alimentos, artículos de higiene, equipamiento y elementos para primeros auxilios.
Nicolás Rechanik, abogado patrocinante de Grabois, advirtió que a medida que avanza esta causa “recrudecen los ataques” al dirigente, desde medios de comunicación. “Ahora lo vemos con Luis Majul, que casualmente tuvo a Pettovello como productora y está cada vez más complicada. Desde 2017 contabilizamos 23 denuncia en Comodoro Py contra Juan Grabois, ninguna de las cuales siquiera llegó a indagatoria”.
La única verdad
No es muy difícil confirmar la situación de los comedores y cómo trabajan. Desde que dejaron de recibir alimentos “secos”, verduras y carnes en diciembre, hacen malabares para poder conseguir comida, administrarla y no cerrar sus puertas a quienes tienen hambre, algo que –como es evidente– empeoró con la llegada del gobierno libertario.
Las mujeres del comedor “Color Esperanza” en Caraza, Lanús, lograron acuerdos con el municipio pero nada alcanza. Llegaron al punto de ir a revolver los volquetes en el Mercado Central: “Sacamos de ahí verduras que las tiran y quizá no están totalmente en mal estado. Una calabaza puede tener picada una punta, pero el resto se rescata. Los tomates maduros los usamos para hacer salsa”, cuenta Alejandra a Página/12. El comedor tuvo que recortar los días en que abre sus puertas. Dos veces por semana almuerzo y dos merienda, y con esfuerzo mantienen los sábados un día completo de actividades (apoyo escolar, deportes, reciclado) y dos comidas para pibes y pibas. Cada vez que cocinan preparan tres ollas, de las que obtienen 200 raciones. “La gente suele traer dos o tres tuppers para llevarse. Tienen una concurrencia habitual de 120 personas. Y es solo uno de los 680 comedores del MTE.
Andrea Flore, coordinadora de la rama socio comunitaria de Somos Barrios de Pie, cuenta que tienen 1400 comedores, que reciben a 75.000 personas. “La demanda aumentó, se triplicó, pero muchos tuvieron que reducir el funcionamiento porque no recibimos absolutamente nada de Nación, solo algo de la provincia de Buenos Aires. A esto agrega que se sumó el desfinanciamiento de los centros de primera infancia: los jardines tuvieron que reducir su horario y ya no pueden de comer.
Daniela se ocupa de los comedores de la organización en Almirante Brown. “El abandono por parte de Capital Humano es total –relata–. No recibimos ningún alimento, nos las arreglamos en gran parte con donaciones y lo que da el municipio para poder dar aunque sea la merienda. Lo que sucede es que empezaron a venir jubilados y jubiladas, y mujeres de hogares monoparentales. Algunos han cerrado por esta situación pero otros siguen con el esfuerzo de la economía social y popular, de muchas mujeres que ponen el cuerpo. Nos dicen que aumentaron la tarjeta Alimentar, pero no les toca a todos ese régimen. La gente no da más, se triplicó la demanda”.
Amparo
En paralelo con la causa penal tramita un amparo impulsado por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que nuclea a varias organizaciones, Grabois y el Centro de Estudios Legales y Sociales. Pidieron una medida cautelar para que Capital Humano garantice el derecho a la alimentación. Que proporcione fondos y alimentos a las organizaciones sociales. Después de idas y vueltas, el juez en lo contencioso administrativo Walter Lara Correa admitió abrir el amparo.
Ya se presentó la defensora oficial Florencia Plazas en representación de los niños, niñas y adolescentes y se sumó al pedido de cautelar. “La Convención sobre los Derechos de los Niños con jerarquía constitucional, coloca en cabeza del Estado el deber de adoptar medidas apropiadas para ayudar a los padres, madres y a otras personas responsables por el niño a dar efectividad a este derecho (a la alimentación) y, en caso necesario, proporcionarán asistencia material y programas de apoyo, particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda”, advierte. “La forma que adoptó” el gobierno “para realizar la suspensión unilateral de la entrega de alimentos a los comedores y merenderos podría acarrear responsabilidad internacional”, sostuvo. Ahora debe dictaminar la fiscalía. El trámite avanza.
Página/12