En medio de la causa judicial por la contratación de servicios de seguros por parte del Estado que jaquea al expresidente Alberto Fernández; el ministro de Economía, Toto Caputo tiene frenada la eliminación de una polémica “tasa adicional al seguro obligatorio de viaje” que había sido impuesta en plena campaña electoral del año pasado a los pasajeros de ómnibus de larga distancia.
Pese a contar desde abril con un dictamen favorable de las áreas jurídicas de Economía y de la Secretaría de Transporte para derogar esa duplicación del seguro de viaje heredada de la gestión massista; Caputo sigue retrasando la resolución que debe darlo de baja para que las empresas de ómnibus dejen de cobrarlo cada vez que emiten un pasaje.
Implementada a partir de setiembre de 2023 por una resolución del exministerio de Transporte que encabezaba Diego Giuliano; la tasa adicional al seguro de transporte obligatorio que ya tienen las compañías de larga distancia implica el pago de una suma fija de $ 250 por cada boleto emitido que les reporta a las aseguradoras un ingreso anual del orden de los $ 7.500 millones.
A la hora de justificar la medida, los funcionarios de la anterior administración habían señalado que era necesario mejorar los ingresos a las compañías aseguradoras porque estaban operando con números negativos y postergando los pagos de siniestros e indemnizaciones más allá de lo razonable.
Normativamente fue presentada como “una ampliación del seguro de responsabilidad civil de personas transportadas, a fin de que cubra específicamente los riesgos de muerte e incapacidad por accidentes en los servicios de transporte automotor de pasajeros de larga distancia por una suma inicial de hasta $ 7.000.000 por persona”.
Cuando se puso en marcha, tanto las empresas de ómnibus, como varias aseguradoras salieron a cuestionar la decisión y advirtieron que las principales beneficiarias de la medida eran Protección, Rivadavia, Garantía y Argos, las cuatro mutuales de seguros que concentran las pólizas de viajes de larga distancia.
Tras el desembarco de la gestión mileísta en la Casa Rosada, una de las primeras cuestiones vinculadas con los servicios de pasajeros que empezaron a revisar en la Secretarían de Transporte piloteada por Franco Mogetta fue el cobro del seguro adicional en los ómnibus de larga distancia.
Los técnicos de Transporte tomaron cuenta las objeciones administrativas y legales que recayeron sobre la resolución que había habilitado la duplicación del seguro de viaje. Entre otros puntos flojos detectaron que se trata de una carga obligatoria de tipo impositiva, cuya imposición no estaba dentro de las facultades del área de Transporte. Advirtieron, además, que, pese a que representa un “seguro personal”, el pago resulta obligatorio y por un monto que fijan unilateralmente las aseguradoras sin ninguna justificación técnica.
Con fecha 19 de abril, el director general de Asuntos Jurídicos del ministerio de Economía, Luis Quinteros y su par de Transporte, Cristián Méndez emitieron un informe conjunto que da vía libre a la eliminación de ese controvertido seguro.
El dictamen–al que tuvo acceso LetraP—contiene dos conclusiones relevantes:
- Atendiendo a los antecedentes normativos, corresponde armonizar la reglamentación vigente al principio de desregulación previsto en el artículo 2° del DNU 70/2023, a fin de hacer primar los principios de apertura y competencia que ha implementado el Gobierno Nacional, por lo que, en tal contexto corresponde derogar el régimen de la ampliación del seguro de vida obligatorio del transporte automotor de pasajeros de jurisdicción nacional.
- Se advierte que dicha supresión no generará conflicto alguno al público usuario, toda vez que la obligación de la transportista de contratar los seguros de responsabilidad civil necesarios para amparar a los pasajeros y terceros no transportados surge con palmaria claridad del plexo normativo vigente que, de hecho, ostenta jerarquía superior a la norma cuya derogación se propicia.
La dilación que arrastra Caputo en la resolución de este tema se suma al ruido que está generando entre las compañías aseguradoras su virtual viceministro, Juan Alberto Pazo.
Tal como informó LetraP, la mano derecha del ministro –que ocupa el pomposo cargo de “Secretario de Planeamiento y Gestión para el Desarrollo Productivo y de la Bioeconomía”—apunta a terminar la triple tarea que había empezado a desplegar cuando estuvo al frente de la Superintendencia del Seguro durante la gestión de Mauricio Macri: reconfigurar las reglas de juego del mercado asegurador, reducir la cantidad de compañías y quitarle el control de las ART al ministerio de Capital Humano de Sandra Pettovello para que quede en la órbita de Caputo.
Nota Editada en LetraP.
Fuente: transporteyenergia.com.ar