Por tercera vez en lo que va del año, las organizaciones que nuclean a las personas con discapacidad se movilizarán hacia la quinta presidencial de Olivos. La idea es llamarle nuevamente la atención a Javier Milei para que “recapacite sobre el daño irreparable que le está haciendo al colectivo, tanto en lo económico como en lo simbólico”, describió a Página/12 Pablo Molero, referente del Foro Permanente por los Derechos de las Personas con Discapacidad. La marcha se replicará también en varios puntos del país, como Rosario, Tucumán, Córdoba y Mendoza.
Ese “daño irreparable”, denuncian las organizaciones, es la consecuencia del recorte de por lo menos 200 mil pensiones que el Gobierno tiene previsto realizar en el futuro inmediato según las metas del presupuesto 2025. Pero también abarca el ajuste en los valores de los servicios de salud, rehabilitación y transporte, cuyos prestadores “apenas llegan a cubrir la mitad de sus costos operativos”, dijo Molero.
Además, le pedirán al Presidente que deje de utilizar a la discapacidad como un insulto. Más de una vez, Milei usó términos como “mogólico” o “minusválido” para referirse de forma despectiva a sus enemigos políticos. “La verdad, no es un comportamiento adecuado para un presidente de la Nación. Pero al margen, nosotros lo vivimos con angustia. Reafirma la discriminación”, aportó Molero. Más de una vez, las organizaciones le llevaron ese planteo al director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo –el ex abogado personal de Milei–, pero no tuvieron el eco esperado.
Los reclamos
La marcha está convocada para este miércoles desde las 10 de la mañana frente al portón verde de la quinta presidencial. Hasta allí llegarán con un petitorio que incluye una lista extensa de reclamos:
-El primero y más acuciante es que el Gobierno revierta su decisión de recortar las pensiones. En el presupuesto 2025, tal como anticipó Página/12, se prevé la baja de casi 200 mil. Spagnuolo anunció recientemente que el ajuste podría ser mayor, dado que, según dijo, en total hay unas 600 mil “en revisión”. Esa revisión es en verdad una auditoría, y el Gobierno está citando a los beneficiarios a presentarse en persona ante la ANDIS para revalidar sus papeles. La pensión hoy tiene un valor muy bajo (equivale al 70 por ciento de una jubilación mínima, unos 164 mil pesos, más el bono de 70 mil pesos que otorga la ANSES), pero para muchas personas con discapacidad implica también la posibilidad de acceder a una cobertura de salud.
-También exigirán que se revierta el ajuste al sector en general, que no se limita sólo a las pensiones sino que también incluye las políticas públicas tendientes a la inclusión laboral y social. De acuerdo a un informe del Centro de Estudios para la Economía Política (CEPA) a pedido de este diario, el presupuesto de la ANDIS sufrirá una retracción del 31,7 por ciento el año que viene respecto del 2024. Si como todo indica el proyecto de presupuesto no pasa el filtro del Congreso, el plan motosierra tendría la total discreción del Gobierno y el ajuste podría ser aún mayor.
-Los prestadores de servicios educativos, de transporte y de salud también están en crisis. En el medio se cruzan los intereses de las prepagas y las obras sociales, que desean sacarse un problema de encima. Pero en lo que va del año, denuncia Molero, los ajustes en los valores (que fija el Gobierno a través de la ANDIS) quedaron muy por debajo de la inflación. “Los aranceles actuales no están conforme a la inflación y los aumentos de salarios establecidos por los sindicatos. Esto lleva a una gran crisis del sector prestacional. Con los aranceles actuales se cubre solamente, según la prestación, entre el 50% y el 61% de los costos operativos”, dice el comunicado del Foro que representa Molero.
-El decreto 843/24, que endurece los requisitos para acceder a las pensiones, también es visto como un retroceso, porque establece que los beneficiarios ya no pueden tener un trabajo en blanco o un auto a su nombre. Eso restringe a futuro el otorgamiento de las pensiones, pero también es un retroceso en la concepción del modelo de discapacidad, porque pone el eje únicamente en la invalidez laboral.
-La decisión del Gobierno de desregular el servicio de transporte también se convirtió en un problema. Las empresas aprovecharon esa nueva normativa para dejar de otorgar pasajes gratuitos (a las personas con discapacidad le corresponden por ley dos por micro). La CNRT, luego de detectar “reiterados incumplimientos” de las empresas del sector, presentó una medida cautelar y amenazó con sanciones.
-Por último, empezarán a difundir un proyecto de ley que busca establecer una Asignación Universal por Discapacidad y que impulsan las organizaciones junto al diputado Daniel Arroyo. El proyecto será presentado en Diputados el próximo 3 de diciembre en la Cámara baja.
“Entre tantísimos otros argumentos que nos convocan a seguir luchando en defensa de los derechos de las personas con discapacidad”, concluye el comunicado que difundieron las organizaciones.
Página/12