Editorial Perfil puso en conocimiento de doce entidades, nacionales e internacionales, la discriminación que viene sufriendo desde el Gobierno a través del manejo arbitrario de la publicidad oficial, entre otros ataques. Se trata de organizaciones vinculadas con la defensa de la libertad de expresión y el seguimiento de la violencia institucional de los poderes del Estado. Son la Asociación de Entidades Periodísticas (ADEPA), el Foro de Periodismo (FOPEA), Amnesty International, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Reporteros sin Frontera, Committee to Pretect Journalists (CPJ), Human Rights Watch, Poder Ciudadano, la Asociación de Editores de Revistas (AAER), el Colegio Público de Abogados, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Fundación Led.
En las notas a estas entidades se explica que, contrariamente a lo que Javier Milei sostuvo desde que asumió, en la práctica sigue utilizando el viejo recurso de presionar a los medios independientes a través de distribuir miles de millones de pesos en publicidad a los medios y periodistas cercanos y cero a los más críticos. Entre estos se encuentran los medios de Editorial Perfil.
“Lo hace a través de las empresas del sector público como YPF, Aerolíneas Argentinas y Banco Nación –expresa el escrito–. Que es el mismo modus operandi utilizado durante el kirchnerismo, que en 2011 ya recibió condena de la Justicia por discriminación en la causa que lleva el nombre de esta editorial. Usan a la publicidad oficial como arma para silenciar o condicionar a los medios y periodistas más críticos”.
A esta forma de discriminación que los argentinos pensábamos haber superado, se le suma la falta de pago de deudas anteriores. El Gobierno ya afrontó el pago del 85% de esas deudas. El 15% restante corresponde a los medios más críticos, como los de esta editorial, que siguen sin cobrar. Además, en el caso de Perfil, se suman los permanentes insultos y ataques del Presidente y su aparato comunicacional a los periodistas y medios de esta editorial y a su fundador, Jorge Fontevecchia.
En las cartas a las doce entidades firmadas por Gustavo González, presidente de Perfil, se dice que la editorial y el propio Fontevecchia ya iniciaron reclamos administrativos y judiciales. Sin embargo, como también ocurrió en el pasado, Perfil siente la obligación de denunciar esta situación tanto en el país como en el extranjero, por aquellos periodistas y medios más pequeños que sufren la misma persecución y que, por temor a las represalias, temen darla a conocer.
Porque los ataques del poder de turno hacia el periodismo no solo implican casos de censura explícita (presiones para que no se publique algo o para no darle voz a determinadas opiniones), sino que generan la autocensura de medios y periodistas por temor a las represalias del Gobierno.
Cabe recordar que la causa que marcó jurisprudencia en la Argentina sobre la discriminación de los gobiernos con la publicidad oficial y reveló el mecanismo del apriete estatal, lleva el nombre de editorial Perfil y se había iniciado en 2006 ante un pedido de la Sociedad Interamericana de Prensa. La SIP también entendía que una editorial como Perfil debía afrontar ese desafío, más allá de que eso significara que el kirchnerismo, por entonces en el poder, redoblara sus ataques y la discriminación durante los años siguientes.
El juicio por discriminación finalmente se ganó en 2011; y el de daños y perjuicios, en 2024.
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