La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia confirmó el procesamiento sin prisión preventiva del intendente Taco Pozo, Carlos Ibáñez; de su hija y de otras siete personas de esa localidad del noroeste de la provincia del Chaco acusados de integrar una asociación ilícita para la tramitación de pensiones no contributivas por invalidez “truchas” con las que habrían defraudado al Estado Nacional. A la vez, revocó la medida para el director del hospital zonal, por falta de pruebas suficientes.
La resolución fue dictada este jueves 10 de julio y lleva las firmas de las juezas Rocío Alcalá y Patricia García. El tribunal rechazó los recursos de apelación presentados por las defensas, que alegaban falta de fundamentación y errores en la valoración probatoria.
El caso
El caso investiga una presunta asociación ilícita integrada por funcionarios públicos, médicos y particulares que habrían gestionado fraudulentamente pensiones no contributivas por invalidez. Según la investigación, los imputados utilizaron certificados médicos falsos o sin respaldo clínico, cargados en el sistema de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), para obtener beneficios económicos indebidos, causando un perjuicio al Estado nacional.
Entre los procesados se encuentran Carlos Antonio Ibáñez, intendente de Taco Pozo, y su hija Gabriela Estefanía Ibáñez Gelabert, acusados de organizar la estructura delictiva; Marcos Gustavo Rojas, médico señalado como principal ejecutor de la carga de certificados falsos; María Estela Luna, Florencia Carolina Jaimes y Yanina del Valle Maza, imputadas por reclutar beneficiarios y cobrar sumas de dinero; Rocío Valeria Arias, Rodrigo Alfredo Arias y Antonio Celestino Ibáñez, empleados municipales vinculados a la tramitación irregular.
La decisión de la Cámara
El tribunal rechazó los recursos de apelación presentados por las defensas, que alegaban falta de fundamentación y errores en la valoración probatoria. La resolución destacó que existen indicios suficientes para sostener la imputación, aunque aclaró que el procesamiento no anticipa una condena y que la discusión final deberá resolverse en el juicio oral.
En cambio, la Cámara revocó el procesamiento de Miguel Ángel Bilinski, director del Hospital de Taco Pozo, por considerar que su participación no está suficientemente acreditada. Bilinski, bioquímico de profesión, había sido imputado por refrendar certificados médicos, pero el tribunal entendió que su rol era administrativo y no implicaba un control clínico. Se ordenó continuar la investigación en su contra.
El caso continuará su curso en la justicia federal, donde se espera la realización de nuevas pruebas y, eventualmente, la elevación a juicio oral. La resolución subraya la gravedad de los hechos, que afectaron a un sistema diseñado para proteger a personas con discapacidad, y refuerza la necesidad de combatir la corrupción en el ámbito público.