Desde que asumió el gobierno de Javier Milei se resolvieron 10.374 solicitudes de pensiones no contributivas por discapacidad: 8.633 otorgadas y 1.741 rechazadas. Todo esto, mientras se acumulan 227.354 pendientes. Más de 90.000 de ellas, iniciadas durante la actual gestión. “La proporción entre lo resuelto y lo pendiente expone una parálisis”, advierte el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Los datos se desprenden de un pedido de acceso a la información pública al Ministerio de Salud sobre el estado de las nuevas solicitudes de pensiones a la Secretaría Nacional de Discapacidad (ex ANDIS). El pedido se presentó en marzo. La respuesta llegó en junio.
“Cientos de miles de solicitudes de pensiones no contributivas por discapacidad siguen sin resolverse sin explicación. Se trata de personas con discapacidad que esperan que el Estado cumpla con sus obligaciones y garantice su derecho a una pensión. Para muchas, ese ingreso cubre sus necesidades básicas. La demora se traduce en situaciones de extrema vulnerabilidad para ellas y quienes las cuidan, en un contexto de incremento del costo de vida”, señaló el CELS.
La Secretaría Nacional de Discapacidad reportó 324.303 solicitudes pendientes de resolución. Entre ellas, hubo 96.949 en las que los solicitantes no pudieron completar la documentación. Así, los expedientes en curso que están a la espera de una resolución son 227.354.
Según consignó el CELS a partir de la respuesta recibida desde el Ejecutivo, el 72% de las personas con discapacidad o sus familiares iniciaron el trámite antes del 31 de diciembre de 2023. En ese grupo, el 86% corresponde a solicitudes iniciadas entre 2020-2023 (un total de 200.011 expedientes).
Bajo la gestión actual, entre enero de 2024 y abril de 2026, se iniciaron 90.791 trámites para obtener pensiones. Desde diciembre de 2023 se otorgaron 8.633. Fueron rechazadas en el mismo período 1.741.
El CELS aclaró que la respuesta al pedido de información señala que una solicitud solo está en condiciones de ser resuelta cuando reúne toda la documentación y pasó los cruces con el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) y la Dirección Nacional de Migraciones. Por eso, se formuló también un pedido de información aclaratoria para conocer con exactitud cuántas solicitudes completas están en condiciones de ser resueltas, discriminando por año de inicio del trámite.
Emergencia en Discapacidad
La no resolución de nuevos expedientes se suma a una reducción en el universo de pensiones abonadas. A mediados del año pasado, el informe de la Jefatura de Gabinete ante el Congreso reflejó que “en diciembre de 2023 se abonaron 1.222.554 Pensiones No Contributivas por Invalidez, mientras que en marzo de 2025 (última información disponible) dicho guarismo fue de 1.187.136”. La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) señaló por entonces que “esto implica que desde el inicio de la gestión de Javier Milei el número total de pensiones por invalidez disminuyó un 2,8%”.
Un año antes, en agosto de 2024, la ANDIS había iniciado un proceso de auditoría sobre las pensiones por invalidez laboral con el objetivo de corroborar si los beneficiarios cumplían con los requisitos para acceder a la prestación. El control se inició en la Ciudad de Buenos Aires y a partir de 2025 se extendió al resto de las provincias, con denuncias de irregularidades y maltratos durante su realización.
Luego se conoció un entramando de corrupción en torno a la ANDIS que condujo a su disolución y reemplazo por la actual Secretaría, al tiempo que la denuncia contra las auditorías avanzó en el ámbito judicial.
En tanto, un grupo de organizaciones de la sociedad civil realizó una presentación ante el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas para denunciar “retrocesos en las condiciones de acceso a las pensiones no contributivas” y “falencias en los procesos de auditoría impulsados por el Estado nacional”.
Con esos antecedentes y tras una intensa lucha de las personas con discapacidad, sus familias y prestadores, se sancionó la Ley de Emergencia en Discapacidad. Pero las vulneraciones sobre el sector continuaron. El nuevo dato difundido por el CELS alerta sobre una situación de “parálisis” en la resolución de expedientes por solicitud de pensiones.
Tiempo Argentino