El secretario de Ambiente de Resistencia, Néstor Dellamea, aseguró que no hubo obras ni tala significativa y admitió que no se realizó consulta previa. La Justicia ordenó suspender cualquier acción en el parque.
Tras la reciente sentencia del Juzgado Civil y Comercial N°21 que ordenó el cese inmediato de toda intervención en el Parque Caraguatá y lo reconoció como sujeto de derechos, el Municipio de Resistencia adelantó que apelará la medida, aunque por el momento cualquier proyecto sobre el predio quedó suspendido.
En declaraciones a CIUDAD TV, el secretario de Ambiente y Movilidad Urbana, Néstor Dellamea, confirmó que “por ahora no hay ningún tipo de intervención ni proyecto en marcha” y explicó que la propuesta oficial se encontraba en una etapa preliminar. “Estábamos trabajando en lineamientos para un proyecto que iba a ser puesto a consideración de la comunidad y de organizaciones”, sostuvo.
El funcionario reconoció que uno de los puntos señalados por la Justicia fue la falta de consulta previa a la comunidad. En ese sentido, admitió que no se realizaron instancias de participación porque, según explicó, “no se estaba ejecutando ninguna obra”, sino únicamente tareas de despeje de senderos.
Dellamea también rechazó las denuncias sobre un presunto daño ambiental. Aseguró que no hubo tala significativa de árboles y que las intervenciones se limitaron a la limpieza de senderos, en un predio que —según describió— “lleva más de una década de abandono”. “Puede haberse cortado vegetación menor dentro de los senderos, pero no hubo desmontes ni afectación de especies de valor”, afirmó.
Además, señaló que uno de los principales problemas ambientales del parque es la contaminación generada por vehículos abandonados en el lugar desde hace años, los cuales —indicó— liberan fluidos como aceite y combustible. Según explicó, una de las ideas iniciales era avanzar en la remoción de esos elementos para sanear el área.
En relación al estatus del predio, el funcionario recordó que el parque fue cedido al Municipio bajo la condición de mantenerse como espacio verde, aunque remarcó que se trata de un territorio previamente intervenido, con infraestructura existente como senderos, un anfiteatro y sectores artificiales.
Respecto al planteo de organizaciones ambientales que impulsan su declaración como reserva natural, Dellamea señaló que se trata de una decisión que excede la órbita municipal y que, en todo caso, debe resolverse a nivel provincial mediante una ley.
Finalmente, sostuvo que el Ejecutivo local mantiene la intención de avanzar en un esquema participativo para definir el futuro del parque, aunque esa discusión quedó en suspenso tras el fallo judicial. “Nuestro objetivo era convocar a vecinos y organizaciones para definir los lineamientos, pero esa instancia quedó truncada”, concluyó.