La medida de fuerza impulsada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) es una respuesta a la reforma que impulsa esa normativa a partir de la cual se pretende recortar la función de ese organismo en el contralor y fiscalización de las barreras zoofitosanitarias de los productos que ingresan y salen del país, y dejarla en manos de las empresas privadas.
Si se levantan esas barreras, el país pondría en riesgo el estatus sanitario que garantiza la calidad del comercio de productos alimenticios y la categoría de zona libre de aftosa que permite la comercialización de carne con distintos países, entre otros perjuicios.
Por eso, la alerta que enciende el paro por 72 horas que comenzó a la medianoche y se extenderá hasta el miércoles, inclusive, advierte sobre los daños al comercio internacional que causará la reforma del Estado impulsada a través de la Ley Bases, según advirtió el organismo a través de un comunicado.
El Senasa es el organismo encargado de otorgar las certificaciones necesarias para el comercio internacional. Sin estos controles “no habría exportaciones ya que son el único organismo argentino con la potestad de regularlo”.
“El único lenguaje que entiende el Gobierno es el de los números, y por eso decidimos paralizar todas las exportaciones”, remarcó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE.
El dirigente agregó que si se aprueba esa legislación impulsada por el gobierno de Javier Milei y que tuvo dictamen de mayoría el jueves pasado, habrá “pérdidas multimillonarias para nuestro país”, y “el único responsable de ello será el Gobierno”.
Además de paralizar todos los controles en puertos, aeropuertos y aduanas, y de levantar la fiscalización en todas las barreras zoofitosanitarias, el sindicato se movilizará el próximo 30 de abril hasta el Congreso, junto con el Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas.
“Si se aprueba la Ley Bases, el Estado será destrozado”, sentenció Aguiar y explicó que el proyecto le otorga al jefe de Estado las facultades para reestructurar cualquier dependencia pública, incluso achicar, fusionar y hasta disolver cualquier organismo.
Una medida de ese tipo dejará al Senasa “solamente con la certificación de las importaciones, porque es lo único que le interesa al Gobierno para obtener divisas”.
“El resto de las funciones se la van a delegar empresas privadas o incluso a los estados provinciales. También quieren que los controles de pasos fronterizos terrestres pasen a Gendarmería, y en los aeropuertos internacionales a la Aduana”, advirtió.
ATE resaltó la importancia de contar con un servicio de control de calidad y sanidad fuerte y eficiente, especialmente ante una política de apertura de importaciones tan marcada como la que impulsa el gobierno de La Libertad Avanza (LLA).
Página/12