El conflicto universitario suma un nuevo capítulo. En la reunión de paritarias convocada para esta jornada no hubo acuerdo y los gremios docentes y no docentes universitarios convocaron a un paro nacional para este miércoles.
“La Fedun, junto con las demás representaciones gremiales de docentes y no docentes universitarios, rechazó la propuesta presentada por el Gobierno en la reunión paritaria, al considerar que continúa desconociendo la pérdida salarial acumulada y no da cumplimiento a la Ley de Financiamiento Universitario ni a la medida cautelar vigente”, publicaron desde la Federación de Docentes de las Universidades.
Según los cálculos de los sindicatos, para cumplir con la ley, la recomposición salarial debería ser del 32%. A ese porcentaje debe sumarse la inflación de junio, julio y agosto.
“Sin embargo, la propuesta oficial se limitó a contemplar aumentos equivalentes a la inflación de junio, julio y agosto, junto con un 3% para septiembre y otro 3% para octubre. Este último porcentaje ya había sido acordado en la paritaria anterior. Por lo tanto, lo único nuevo ofrecido por el Gobierno es un 3% para el mes de septiembre”, indicaron gremialistas presentes.
El Ministerio de Capital Humano consideró: “Esta propuesta de recomposición salarial se inscribe en el marco del esfuerzo financiero continuo del gobierno nacional para el sostenimiento del sistema de educación superior. Las partidas consolidadas para las universidades nacionales representan una de las mayores erogaciones directas del presupuesto nacional”.
“Ante la posible convocatoria a medidas de fuerza gremial, se exhortó a los presentes a que estas no alteren el normal dictado de clases y se garantice el derecho a enseñar y aprender”, continuó el texto. Por último, informaron que las negociaciones se reanudarán el jueves 17 de septiembre.
“No fue una oferta, fue una provocación. Plantemos toda nuestra agenda paritaria. Sin embargo, el Gobierno dijo que solo estaban dispuestos a pagar un 3% más. Cifra que no guarda anclaje con el Indec ni con nada”, apuntó Clara Chevalier, secretaria general de Conadu, que participó de la reunión. Consideró que la única resolución del conflicto es el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario, que contempla aumentos en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) desde diciembre 2023.
“El Gobierno entretiene y dilata la situación”, opinó Sergio Romero, secretario general de Unión Docentes Argentinos (UDA) y secretario de Políticas Educativas de la CGT. “No cumple con la cautelar vigente, que ordena cumplir con la ley de financiamiento universitario. Este tema fue refrendado por la Corte Suprema de Justicia. El cuerpo legal de UDA esta elaborando denuncias y alternativas jurídicas al respecto. Con la oferta realizada hoy, más del 70% de los sueldos de las universidades nacionales quedan por debajo de la línea de pobreza y en muchos casos en la indigencia”, agregó.
Emiliano Cagnacci, secretario general de la Asociación de Docentes de la UBA (Aduba), agregó: “El ofrecimiento del 3% de aumento para salario docente y no docente solo confirma la decisión política de no cumplir con la ley de financiamiento universitario. Esto no le hace bien a nuestro país, pero por sobre todo a nuestra democracia”.
El Frente Sindical Universitario Nacional, junto al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Federación Universitaria Argentina (FUA), se reunirán este jueves y viernes en el marco del plenario de rectores, para analizar la situación y “resolver las próximas acciones del plan de lucha”.
El frente judicial
En paralelo, en el plano judicial, el juez federal Martín Cormick, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, denegó el levantamiento de la medida cautelar que había pedido el Gobierno. Consideró que el acuerdo firmado en junio no alcanza para demostrar que el conflicto está solucionado, no es “una definición efectiva y final en lo atinente al deterioro de los ingresos”. Y lo intimó a que en un plazo de tres días de notificado, detalle y documente cuánto cumplió.
A la vez, admitió la medida cautelar pedida por la Universidad de Buenos Aires (UBA) para sumar aumentos para los hospitales universitarios, gastos de funcionamiento y partidas para ciencia y técnica, por lo que ahora la cautelar abarca los artículos 4°, 5°, 6° y 7° de la ley de financiamiento universitario ratificada por el Congreso el 2 de octubre de 2025. Y estableció que sigue vigente hasta que haya sentencia.
“Es un paso muy importante que valoramos en el marco de la causa y que pone otra vez en evidencia que el Estado debe cumplir la cautelar sin más dilaciones. Por lo demás, esperamos ahora una rápida resolución sobre la cuestión de fondo que aún está pendiente”, dijo Franco Bartolacci, presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de Rosario.
(Ampliaremos..)
La Nación