En una audiencia llevada a cabo el 6 de noviembre, la jueza de Garantías de Mercedes, Simy Beatriz Benasayag, resolvió admitir la prueba para que avance a la etapa de juicio un caso de presunto maltrato y abuso sexual infantil en un área rural del departamento de Mercedes.
La fiscalía, representada por Adrián Aurelio Casarrubia, a cargo de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas de Mercedes, impulsó la acusación en contra de dos familiares de la víctima.
Reducción a la servidumbre
El Ministerio Público Fiscal sostiene que los hechos, ocurridos en un domicilio de la Tercera Sección Rural de Mercedes, constituyen presuntos delitos de reducción a servidumbre y abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo. Según la acusación, la menor habría sido sometida a una serie de maltratos físicos y psicológicos, siendo privada de su libertad y con acceso limitado a la educación, ya que sólo asistía esporádicamente a la escuela.
La denuncia de los docentes
La acusación se basa en la denuncia realizada por docentes de la escuela a la que asistía la menor, quienes habrían detectado signos de maltrato y posibles situaciones de abuso. Estos testimonios forman parte de las pruebas admitidas en la audiencia de admisión, conforme al artículo 303 del Código Procesal Penal (CPP).
Los acusados, quienes se encuentran actualmente detenidos, son el padre y la tía de la víctima. Según la imputación del fiscal Casarrubia, el padre enfrenta cargos por abuso sexual con acceso carnal agravado y reducción a servidumbre, ambos en concurso real. La tía, en tanto, fue imputada por reducción a servidumbre y privación de libertad, bajo la misma figura de concurso real, tal como establece el artículo 55 del Código Penal Argentino.
Las defensas, representadas por la Defensoría Oficial y el abogado Federico Obieta, también presentaron sus pruebas para la próxima etapa del proceso.
En los próximos días, la jueza Benasayag emitirá el auto de apertura de juicio, lo que dará bases para la etapa del juicio oral y público en el que se buscará determinar la responsabilidad penal de los acusados y, en última instancia, brindar justicia a la menor.