Acorralado, después de intentar durante nueve meses eludir la entrega de alimentos para personas en situación de vulnerabilidad social y económica, el Ministerio de Capital Humano tuvo que cumplir con una intimación del juez en lo contencioso administrativo Enrique Lavié Pico e incorporar a 66 comedores y merenderos de la Asociación El Amanecer de Los Cartoneros al Programa Alimentar Comunidad.
La ministra Sandra Pettovello y sus funcionarios se la pasaron todo este tiempo hablando de comedores fantasma, supuestas auditorías y denostaron a las organizaciones sociales en su carácter de intermediarias para hacer llegar la comida a los barrios, pero al final se quedaron sin argumentos.
Las entidades que impulsan este amparo colectivo, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), celebraron este desenlace como un triunfo aunque aclararon que son muchos más los espacios comunitarios que aún no tienen garantizado el derecho a la alimentación, por lo que seguirán sus reclamos judiciales.
El miércoles de la semana pasada a las 13.33 el juez Lavié Pico intimó a Capital Humano para que incluyera a este grupo de comedores y merenderos en uno de los programas alimentarios, que el propio gobierno dice respetar.
Le advirtió que el derecho a la alimentación está en juego y que no admitiría “dilaciones innecesarias”. Se convirtió en el primer magistrado en advertirle en forma directa que si no cumplía dispondría “sanciones conminatorias”, por ejemplo, multas (que incluso pueden ser personales) o alguna denuncia penal por no acatar una orden judicial. El plazo se agotaba este lunes.
La resolución fue en respuesta a un escrito presentado por las organizaciones que impulsan el amparo, donde marcaban los mecanismos que utiliza el ministerio como excusa para no entregar alimentos o fondos: desde septiembre la cartera admitía que tenía un dictamen que reconocía la existencia de estos comedores y su rendición de cuentas, pero acotaba que tenían que verificar documentación.
Al Amanecer de los Cartoneros no le respondía los correos electrónicos; dos veces el Ministerio insistió ante el juzgado con que tenía que verificar todavía cierta documentación y pese a que tenían la rendición de cuentas y ya habían visitado los establecimientos desde mayo en adelante, dijeron que volverían a ir a chequear otra vez. Era el colmo.
Aluvión de fallos adversos
Hasta acá el ministerio de Pettovello ha recibido un récord de resoluciones judiciales adversas prácticamente todas las semanas. En el fuero federal penal siete jueces le dieron la razón a los comedores de organizaciones sociales en su reclamo de alimentos: Casanello, la sala I Cámara Federal (Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico), y la sala II de la Cámara de Casación (Angela Ledesma, Guillermo Yacobucci y Alejandro Slokar).
En el fuero contencioso administrativo, tres jueces tomaron medidas para exigir a Capital Humano que garantice el derecho a la alimentación: Lara Correa, Martín Cormick (durante la feria judicial de invierno, ante el incumplimiento de la cautelar) y ahora Lavié Pico.
Como informó Página/12, en Corrientes ya hubo cuatro sentencias de la Cámara Federal local que afirma que Capital Humano usó datos falsos para suspenderles el exPotenciar Trabajo a numerosos beneficiarios. De esa provincia hay 500 personas que reclamaron, los camaristas van resolviendo por tandas. Ordenan devolver el programa, bajo las actuales modalidades (Volver al Trabajo y Acompañamiento Social) y los meses no abonados más intereses.
Daniel Rafecas refutó con estudios la teoría de Capital Humano de que la yerba comprada por el gobierno anterior no era apta para consumo humano y que su adjudicación fue direccionada y archivó la causa. Ariel Lijo cerró por inexistencia de delito la acusación por supuestos desvíos de fondos para centros de primera infancia después que el fiscal Franco Picardi demostrara que la denuncia de Pettovello era trucha.
El resultado de la intimación de Lavié Pico tiene un efecto simbólico relevante: la validación de la tarea social de las organizaciones comunitarias a las que el gobierno ha defenestrado e intentado equiparar con delincuentes, con el argumento de que no quiere intermediarios (aunque puso los propios).
Página 12