“El hecho constituye una grave ofensa a las víctimas y sus familiares, y un retroceso en la lucha por la memoria, la verdad y la justicia en nuestro país”, señalaron.
Los detenidos trasladados fueron responsables de crímenes atroces durante la última dictadura cívico-militar: torturas, violaciones, asesinatos, desapariciones forzadas y la apropiación de menores. En el comunicado se remarca que estos delitos son “imprescriptibles” y no pueden ser “olvidados, perdonados ni tratados con privilegios”.
La declaración conjunta recuerda además que el 10 de mayo de 2017, exactamente ocho años atrás, se llevó a cabo el “Pañuelazo histórico contra el 2×1”, una masiva manifestación en repudio a un fallo de la Corte Suprema que intentó reducir las condenas de represores.
Ante esta nueva situación, las comisiones exigen al Estado una explicación inmediata sobre los motivos del traslado y las condiciones en que cumplirán su condena los represores. Asimismo, reafirmaron su compromiso con la lucha por la memoria, la verdad y la justicia, y expresaron su solidaridad con las víctimas y sus familias. El comunicado finaliza con una consigna clara: “Cárcel común y efectiva para los genocidas.”
Recientemente, el traslado de 19 represores condenados por crímenes de lesa humanidad a la Unidad 34 de Campo de Mayo ha generado un fuerte rechazo por parte de organismos de derechos humanos2. Este movimiento fue impulsado por el Servicio Penitenciario Federal (SPF), que depende del Ministerio de Seguridad.
Los detenidos trasladados incluyen figuras como Alfredo Astiz, conocido por su participación en la represión de la última dictadura, junto con otros condenados por delitos en la ESMA y el circuito Atlético-Banco-Olimpo (ABO). La Unidad 34 de Campo de Mayo es considerada una cárcel con condiciones privilegiadas, ya que cuenta con celdas individuales, gimnasio, huertas y espacios de recreación, lo que ha sido señalado como un intento de otorgar beneficios indebidos a los represores.