Darío Gómez, titular del Comité Provincial de Prevención de la Tortura, analizó en las observaciones formuladas por el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas a la Argentina. Detalló cuestionamientos por detenciones prolongadas en Comisarías, condiciones materiales deficientes, uso de la fuerza en manifestaciones y falta de adecuación normativa en materia de tortura.
El presidente del Comité Provincial de Prevención de la Tortura, Darío Gómez, explicó que las recomendaciones emitidas por Naciones Unidas surgen del séptimo informe periódico elevado por Argentina ante el Comité contra la Tortura (CAT). “Nosotros somos parte de un sistema internacional”, señaló, al precisar que los mecanismos provinciales integran el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura, vinculado tanto al CAT como al Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT), ambos con sede en Ginebra.
Gómez recordó que los Estados parte presentan informes porque “nos sometemos a las convenciones internacionales que voluntariamente adherimos” y que en el caso argentino tienen jerarquía constitucional. El CAT analiza periódicamente esos reportes, visita cárceles y comisarías y toma contacto con organismos judiciales, legislativos, ejecutivos y organizaciones civiles para construir un diagnóstico integral.
Sobre la última revisión, realizada hace unos diez días en Ginebra, explicó que “fue una reunión muy áspera porque el gobierno argentino rechaza muchas de las acusaciones, pero hubo pruebas concretas de lo planteado por el comité”.
Entre las principales observaciones, Gómez señaló que el organismo detectó “detenciones prolongadas en Comisarías en todo el país”, con personas alojadas en forma preventiva “por más de seis meses, más de un año, en algunos casos casi dos años”. Agregó que las comisarías “no fueron concebidas para tener gente detenida” y que eso deriva en condiciones que “en algunos casos llegan a ser infrahumanas”, algo sobre lo que el organismo chaqueño ya presentó habeas corpus en situaciones locales.
Otro punto cuestionado es el uso de la fuerza en manifestaciones sociales. Según relató, la ONU planteó reparos al protocolo antipiquetes aplicado en Buenos Aires porque “tienen redacciones muy ambiguas que habilitan a que sectores de seguridad actúen de manera inadecuada”, con casos graves como el de Pablo Grillo.
La revisión también incluyó un pedido para actualizar la tipificación de tortura en el Código Penal, un reclamo histórico del sistema internacional. Además, el Comité valoró el funcionamiento del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura, pero recordó la necesidad de garantizar independencia y financiamiento en todos los mecanismos provinciales. “El sistema de Chaco resalta y pone en valor” el cumplimiento de estándares como concursos públicos, participación de la sociedad civil y órganos externos, aunque advirtió que “son cosas que no se cumplen en el resto del país”.
Gómez concluyó que las recomendaciones apuntan a mejorar controles, condiciones de detención y marcos normativos, y a asegurar la autonomía de los mecanismos de prevención para evitar dependencias políticas en cualquier administración.