El oficialismo y sus aliados lograron avanzar este martes en la Cámara de Diputados con un dictamen para bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. El proyecto, que ya quedó listo para ser tratado en el recinto, contempla una pena máxima de 15 años solo para delitos graves, pero busca dar prioridad a las penas alternativas como tareas comunitarias, prohibiciones de aproximación con las víctimas o medidas de reparación del daño causado.
Según explicaron sus impulsores, las penas de privación de la libertad no podrá aplicarse en caso de condenas menores a los 10 años, siempre que el menor no haya cometido un delito grave como homicidio, abuso sexual o secuestro. El texto obtuvo 77 firmas (necesitaba 73 como mínimo) de los diputados del PRO, La Libertad Avanza, la UCR, la Coalición Cívica, Innovación Federal y Democracia para Siempre. Unión por la Patria y el Frente de Izquierda se manifestaron en contra.
El proyecto de Régimen Penal Juvenil original que habían enviado al Congreso los ministros de Seguridad y de Defensa, Patricia Bullrich y Luis Petri, establecía poner un piso de 13 años. Sin embargo, el oficialismo tuvo que consensuar en 14 años para poder tener un acompañamiento que le asegure el dictamen de mayoría frente a los 15 proyectos que había en debate en el plenario de las comisiones de Legislación Penal, que preside Laura Rodríguez Machado (PRO), de Familias, Niñez y Juventudes, a cargo de Roxana Reyes (UCR); de Presupuesto, que encabeza José Luis Espert (La Libertad Avanza); y de Justicia, que conduce el libertario Manuel Quintar.
“El despacho arribado es un símbolo del trabajo legislativo de consenso que refleja el compromiso de todos los actores políticos y técnicos que estuvieron dispuestos a dialogar para encontrar las mejores soluciones para nuestra sociedad”, dijo la titular de la comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado.
Una de las principales críticas por parte de la oposición giró en torno a las inversiones destinadas para contar con lugares apropiados para detener a los menores. La iniciativa oficial propone la creación de institutos especiales donde esté garantizado el derecho a ser educados, a recibir atención médica y tratamiento en caso de adicciones. Todo el personal de los centros de detención deberá estar especializado en infancia y adolescencia. También queda terminantemente prohibida cualquier tipo de convivencia con detenidos mayores.
En ese sentido, tanto la Coalición Cívica como Democracia para Siempre pidieron incluir cláusulas para que ningún fiscal pueda pedir penas restrictivas de la libertad si la provincia donde ocurrió el delito no cuenta con las instalaciones correspondientes para poder alojar a los menores en condiciones dignas.
“¿Quién se puede creer que este gobierno va a invertir en construir establecimientos separados y equipos interdisciplinarios para abordar esta problemática? Yo no lo creo. Y no cree ninguno de los diputados que firmó el dictamen de mayoría”, dijo la peronista Varinia Marín.
“Este dictamen rechaza ese eslogan mentiroso y despreciable de que al delito de adulto le corresponde pena de adulto. Muy por el contrario, contempla un sistema de aplicación de penas progresivo, razonable. ¿Y qué dice? El proyecto de ley dice que a un joven condenado a una pena de 0 a 3 años no se le puede aplicar pena de prisión efectiva. Dice que, de 3 a 10 años, el juez tiene que evaluar la posibilidad de combinar esa aplicación de pena de prisión efectiva con cualquiera del menú de medidas que contempla el dictamen. Y solamente podrá aplicarse pena efectiva cuando sea superior a 10 años que estamos hablando evidentemente de delitos o de hechos extremadamente graves”, detalló Fernando Carbajal, de Democracia para Siempre.
Entre las penas alternativas a la prisión se establecieron la amonestación, la prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación integral del daño y la prohibición de conducir vehículos. También se contemplan medidas complementarias como asesoramiento interdisciplinario, inclusión en programas educativos, tratamiento psicológico y capacitación laboral.
El nuevo régimen penal también contempla intervenciones especializadas para abordar situaciones de salud mental, consumo problemático de sustancias y entornos familiares violentos. En caso de que se requiera internación, se notificará al juez civil competente para asegurar el seguimiento adecuado del caso.
“Nadie elige ser delincuente. Un pibe que sale de chumbo a los ocho años no elige ser delincuente. No fuimos capaces desde la política de poder brindarle un escenario diferente. Necesitamos más Estado para los pibes y pibas de Argentina, no cárceles. Cárceles para el narcotráfico, para los evasores, para los que violan y matan a nuestros pibes y pibas y a sus familias”, protestó Victoria Tolosa Paz (UxP).
El Justicialismo presentó su propio proyecto, que no modifica la edad de imputabilidad, y acusó al PRO y a los libertarios de “buscar un titular en los diarios” para “hacer campaña con consignas vacías”. Sin embargo, en la previa del plenario reemplazó en la comisión a los massistas Mónica Litza, Ramiro Gutiérrez y Marcela Passo, que habían presentado un proyecto propio que contemplaba una baja en la edad de imputabilidad. Estos votos podrían ser determinantes cuando la iniciativa se trate en el recinto.
Por su parte, desde el Gobierno celebraron el avance de la iniciativa. “Los diputados deberán elegir de qué lado están: con los argentinos de bien o con los delincuentes. Hoy, después de 314 días de haber presentado el proyecto de Ley, podemos avanzar en la baja de la edad de imputabilidad. Es simple, el que es lo suficientemente grande para matar o violar es grande para afrontar las consecuencias e ir preso”, dijo el Secretario de Justicia, Sebastián Amerio.
Infobae