En una ampliación donde describe una suerte de sistema de venta de votos a cambio de recursos destinados a arreglar rutas y otras obras viales, la diputada Marcela Pagano, del bloque Coherencia, incluyó una serie de cuadros y cálculos que ilustran la sistematicidad con la que se habría aplicado esta metodología. Las pruebas de la metodología libertaria.
La votación de la Ley Bases, en junio de 2024, activó una compuerta que comenzó a ser abierta y cerrada por decisión del Gobierno para repartir fondos a aquellas provincias que ayudaran al oficialismo (con apoyo, audiencias o abstenciones funcionales) a lograr la sanción de las leyes modelo del ajuste.
La denuncia de la legisladora les había tocado por sorteo al fiscal Franco Picardi y al juez Julián Ercolini. Pero este último certificó otras demandas anteriores, y es posible que envíe el expediente al juez Ariel Lijo y al fiscal Carlos Stornelli, que recibieron la denuncia de otra diputada, Victoria Tolosa Paz, quien había hecho una presentación poco antes por la subejecución y el posible desvío de los fondos del Sistema Vial Integrado (SisVial). Serían 1,038 billones de pesos que no se aplicaron para la finalidad de las obras viales, sino que fueron a parar al sistema financiero en nombre del “equilibrio fiscal”.
Como informó Página 12, los desembolsos para gobernadores “aliados” se dispararon entre un 350 y 400 por ciento, es decir, se pagaron cuatro veces más que la media de los días de pago, según el análisis de Pagano. El Ministerio de Economía giró 68.042 millones de pesos en esas fechas sensibles a provincias que le facilitaron sus objetivos a la administración libertaria.
Pagos y votos en 2024
Pagano describió que el fideicomiso para cuestiones viales, que se nutre del impuesto a los combustibles que pagan quienes van a cargar nafta, no tuvo movimientos hasta el 10 y 11 de junio de 2024. En rigor, explicó, se trata de un dinero que no puede retener según la propia conveniencia. ¿Qué pasaba en esa fecha? Era la víspera de la votación de la Ley Bases en el Senado, que tuvo un empate en el que Victoria Villarruel desempató, mientras en la calle había una represión salvaje; en los días posteriores se liberaron 5.367 millones de pesos.
Cada voto afirmativo fue decisivo y quienes dieron apoyo, recibieron dinero: Santa Cruz, Río Negro y Misiones. Para la sanción definitiva en Diputados, casi dos semanas después, se pagaron 3.262 millones de pesos, de los cuales 992 millones fueron para el corredor vial Tucumán-Salta-Jujuy-Catamarca-Chaco-Formosa.
El 9 de octubre de ese año, la Cámara de Diputados blindó el veto a la ley de financiamiento universitario. El mismo día de la votación se liberaron 3.186 millones de pesos para obras viales para dos provincias que fueron claves con su apoyo al Gobierno: Tucumán y Misiones. El 12 de diciembre, Vialidad de Misiones cobró “el cien por ciento de lo que esa provincia cobró en todo el año (3.192 millones de pesos), en plena negociación de las sesiones extraordinarias”, señaló Pagano.
En los períodos considerados “ventanas” de tres días (antes, durante y después de la votación), se concentró el 35,3 por ciento de todo lo pagado en el año en apenas diez jornadas.
Más votos y más pagos en 2025
La votación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en marzo de 2025, derivó, 48 horas después, en el reparto de 6.596 millones de pesos, de los cuales 3.885 fueron a Santa Cruz.
El proyecto de Ficha Limpia (que el Gobierno quería hacer naufragar) derivó en la distribución de 7.895 millones de pesos, incluido un único pago a Jujuy de un récord de 7.343 millones (el mayor que recibió una dirección de vialidad provincial). Misiones recibió 797 millones después de la media sanción en Diputados, pero sus senadores ayudaron después a voltear el proyecto. Luego, en agosto, se sumó la distribución de 20.983 millones de pesos entre provincias aliadas.
“La ventana de la reforma del régimen de DNU (que tuvo, a favor del gobierno, la caída de un artículo) registró 4.919 millones de pesos. Misiones concentró 2.536 millones”. A fin de diciembre, se giraron 11.416 millones, con Jujuy a la cabeza, que recibió 6.908 millones. Fueron pagos en el tercer y cuarto día después de la sanción del Presupuesto 2026 en el Senado.
Un engranaje que se repite en 2026
En febrero, con la media sanción de la Reforma Laboral en el Senado y el Régimen Penal Juvenil en Diputados, hay giros de fondos viales por 17.139 millones de pesos. Esta reforma tuvo tres votaciones, pero el grueso de los pagos se concentró en la primera. Las restantes registraron 290 y 426 millones. Para la reforma de Ley de Glaciares, se detectaron 12.551 millones de pesos
Ante los proyectos de Ley Hojarasca y Zonas Frías también hubo movimiento: 14.096 millones de pesos entre el 19 y el 21 de mayo. En el caso de la segunda: la contratista José J. Chediack S.A.I.C.A. (RN 34, Jujuy) cobró el 97,5 por ciento de sus 11.988 millones de pesos dentro de las ventanas; la Dirección Provincial de Vialidad de Salta, el 93,9 por ciento y la de Tucumán, el 66,2. Esos tres desembolsos (43.786 millones de pesos) representan el 52,7 por ciento de los pagos de obra del período en nueve días que representan apenas el 6,4 por ciento del calendario.
Por su parte, el Consejo de Vialidad de Santiago del Estero cobró el 100 por ciento de sus 9.867 millones de pesos en exactamente tres días entre febrero, abril y mayo. Pagano cree que es un caso distinto, donde tal vez por negociaciones para maquillar la maniobra general se le dieron importantes sumas a una provincia que no acompañaba las votaciones del oficialismo.
Los otros hallazgos
En la denuncia figuran dos hallazgos adicionales. En ocasiones, los fondos fueron recibidos por las direcciones de vialidad locales y, en otras, por las contratistas.
Para ilustrar sus conclusiones, Pagano ejemplifica con el caso más completo, el de Misiones: “sus diputados acompañaron la media sanción de Ficha Limpia (12/2) y vialidad provincial cobró al día siguiente; sus senadores voltearon el proyecto en el Senado (7/5); sus diputados se abstuvieron en el veto jubilatorio (20/8) y la provincia cobró seis días después”. A la vez explica: “la coincidencia de fechas no prueba por sí sola el pacto; lo que lo prueba o lo descarta es el cotejo, certificado por certificado, entre la fecha en que cada pago era exigible y la fecha en que se liberó, que está en poder del Estado y que esta parte ya pidió”.
Por eso, entre las medidas que ella reclama, pide el análisis de toda la documentación que avala los giros y, además, las certificaciones de obra y la verificación de su concreción. En Tucumán, señala, es conocido el estado deplorable de los caminos que todavía no fueron reparados pese a todo el dinero recibido para ese fin.
Página 12