El Presidente anunció que no dictará un incremento del salario mínimo y aseguró que deberán resolverlo los trabajadores y sus empleadores. También confirmó que no convocará a la negociación nacional con los maestros, aunque sí habría una instancia de diálogo con los sindicatos. Mientras tanto, Milei avanza con el diseño de las medidas de ajuste y desregulación del Estado que no pudo poner en marcha por el fracaso de la Ley Ómnibus. En lugar del megaproyecto, ahora prepara decretos y resoluciones puntuales.
Mientras avanza con su idea de aplicar por decreto y otras vías las medidas que cayeron con su megaproyecto de Ley Ómnibus, Javier Milei rechazó la posibilidad de fijar un nuevo Salario Mínimo, Vital y Móvil -tras las frustradas negociaciones con los sindicatos- y, en el mismo sentido, descartó convocar a la paritaria nacional docente.
En ambos casos, propició una retirada del Estado nacional: en el primero, dijo que es un problema de los trabajadores y sus empleadores; en el segundo, dijo que es un problema de las provincias. Las centrales sindicales advirtieron que la decisión del Presidente no hará más que exacerbar la conflictividad social y las medidas de fuerza ante la brutal caída del poder adquisitivo de los salarios. Los gremios docentes confirmaron que el comienzo de las clases está en peligro.
“Eso de estar fijando precios mínimos no nos gusta. Esa es una cuestión que tiene que ser abordada por los trabajadores con sus empleadores. No creo en que un político pueda determinar un precio a mano”, argumentó Milei en una entrevista por radio. El Presidente habló desde la quinta de Olivos, donde estaba reunido con el diputado José Luis Espert. “¿Yo voy a emitir un decreto fijando un precio? Acá el profe Espert me acaba de hacer el símbolo que usaban los emperadores romanos cuando mandaban a matar al gladiador”, siguió.
Las declaraciones del Presidente fueron el corolario de la frustrada negociación en el marco del Consejo del Salario. Allí, el jueves, se reunieron durante más de cuatro horas representantes sindicales de la CGT y las dos CTA, dirigentes empresarios de la UIA y la CAME, y funcionarios de la Secretaría de Trabajo. Los sindicatos propusieron un incremento del 85 por ciento del salario mínimo, para que llegara a 288.600 pesos y enfrentara en parte la creciente inflación.
Las patronales lo rechazaron y, según denunciaron los sindicalistas, los funcionarios del Gobierno tuvieron una conducta “irresponsable” y operaron para “boicotear” cualquier posibilidad de acuerdo. Ahora, Milei aseguró que el Gobierno no mediará en la negociación del salario mínimo bajo la justificación de que “las paritarias son libres”.
A su vez, el Presidente se desentendió del conflicto que generó con los maestros, tras recortarles el salario al eliminar el Fondo de Incentivo Docente, un adicional creado por ley en 1998 y que desde entonces todos los gobiernos sostuvieron. “La educación, la salud y la seguridad son responsabilidad de las provincias. País federal”, fueron las palabras sobre las que se plantó Milei y a partir de las cuales confirmó que no llamará a la paritaria nacional. “Es un problema de los gobernadores de cada provincia”, insistió.
En simultáneo, el vocero presidencial, Manuel Adorni, reiteró la idea de que para el gobierno nacional la “paritaria docente nacional como tal no existe”. Las afirmaciones de Milei y su vocero chocan con la Ley de Financiamiento Educativo (26.075) y sus normas modificatorias, que sí prevén la instancia: “El Ministerio de Educación, el Consejo Federal de Educación y las entidades gremiales docentes con representación nacional acordarán un convenio marco que incluirá pautas generales referidas a: condiciones laborales, calendario educativo, salario mínimo docente y carrera docente”. La paritaria federal opera como un piso de acuerdos para la posterior negociación en cada provincia.
De todos modos, el mismo Adorni dijo que se convocará a los dirigentes sindicales de la docencia: “Lo que va a existir la semana que viene es que se junten las partes para intentar destrabar el conflicto”. Afirmó que “ya se iniciaron las actuaciones administrativas correspondientes” para realizar “una reunión entre las partes” y “tratar de llegar a un acuerdo”. Si el encuentro no tiene el marco institucional de la negociación paritaria, los sindicatos temen que sea una instancia fallida y vaciada de contenido, como terminó sucediendo con el Consejo del Salario.
Pese al reclamo de las gobernaciones provinciales y los sindicatos docentes para que se regularice el envío de fondos, el Gobierno ratificó que no pagará el incentivo (Fonid). Milei sólo concedió dos cosas. Por un lado, un incremento del 311 por ciento para la asignación de ayuda escolar desde el nivel inicial hasta el secundario, que llegará así a 70 mil pesos.
“La medida alcanza a 3.300.000 de chicos y chicas asociados a la Asignación Universal por Hijo, 3.500.000 de menores con padres en relación de dependencia y monotributo, y 500.000 asociados a jubilados y pensiones no contributivas”, informó el Ministerio de Capital Humano. Por otro lado, el Presidente reiteró que habrá asistencia para familias de clase media que envían a sus hijos a escuelas privadas, que consistirá en “vouchers para útiles escolares y una ayuda de contención financiera para que los chicos no pierdan el colegio al que están yendo”, según las palabras de Milei.
El desguace del Ómnibus
Junto a los anuncios de profundización del ajuste y retracción del Estado, Milei prepara la implementación de las medidas que no pudo poner en marcha con la fracasada Ley Ómnibus. El primer paso fue la eliminación de los fondos fiduciarios (ver nota aparte).
Los pasos siguientes comenzaron a ser analizados este viernes en una reunión en el Salón de los Científicos de Casa Rosada: la “mesa técnica” que integran los asesores Santiago Caputo y Federico Sturzenegger, el secretario de Legal y Técnica, Javier Herrera Bravo, y el secretario Ejecutivo de la Jefatura de Gabinete, José Rolandi, comenzó a diseccionar lo que era el proyecto de ley para avanzar ahora por partes.
El primer objetivo es definir qué cuestiones se aplicarán vía decreto de necesidad y urgencia (DNU), cuáles irán por decretos simples o decisiones administrativas y cuáles volverán al Congreso en proyectos acotados.
Durante el encuentro se evaluó la posibilidad de avanzar en la desregulación de las obras sociales sindicales, es decir, un recorte de los subsidios del Estado. Si bien en la Rosada argumentan que el propósito es “transparentar” la labor de las obras sociales, cerca del Presidente reconocen que “Milei está convencido de que hay que ir a fondo en contra de los gremios”. Otros los puntos bajo análisis es un posible DNU que desarticule el sistema de subsidios del Instituto Nacional de Cine y Artes Visuales (Incaa). Tampoco descartan retomar por decreto la delicada cuestión de las jubilaciones.
Página 12