La acusación formal sostiene que los efectivos de la Policía del Chaco habrían integrado una organización para sustraer parte de los estupefacientes que debían ser incinerados en una quema judicial en Colonia Benítez. También había sido planificada la utilización de “panes” de yeso para reemplazar la droga sustraída. Se pidieron penas de entre 8 y 15 años de prisión.
La Fiscalía Federal de Resistencia formuló la acusación formal y solicitó la apertura del juicio oral contra ocho efectivos de la Policía del Chaco acusados de integrar una organización que habría sustraído casi 10 kilos de cocaína durante un procedimiento oficial de incineración de estupefacientes.
Según pudo saber CHACO DIA POR DIA, la presentación fue firmada por los fiscales federales Patricio Sabadini y Ruth Hilgenberg, quienes consideraron concluida la investigación preparatoria y requirieron que la causa avance a la etapa de debate oral contra Gustavo Andrés Quizama, Franco Andrés Ramírez, Néstor Ariel Urne Canteros, Gustavo Jesús Acosta, Juan Nicolás Almirón Núñez, César Alegre, Gastón Ezequiel Villalba y Francisco Lucas Leonel García.
De acuerdo a la acusación, los hechos ocurrieron el 18 de diciembre de 2025 durante un procedimiento de quema de estupefacientes realizado en el Polígono de Tiro de la Policía del Chaco, en Colonia Benítez. Para la Fiscalía, parte del personal policial encargado de la custodia, traslado e incineración de la droga aprovechó precisamente esa función para retirar de la esfera de custodia oficial nueve kilos y 490 gramos de cocaína.
La hipótesis fiscal sostiene que cinco de los efectivos —Quizama, Ramírez, Almirón Núñez, Urne Canteros y Acosta— participaron directamente de la sustracción, mientras que el comisario César Alegre habría organizado la maniobra. A Villalba y García se les atribuye haber intervenido en la tenencia del estupefaciente con el objetivo de su posterior comercialización, aunque no estuvieron presentes en el lugar al momento de la sustracción.
Una diferencia en el pesaje
De acuerdo con la reconstrucción de la Fiscalía, la maniobra fue advertida por Martín Innocente, secretario penal del Juzgado Federal N° 2 de Resistencia, quien participaba del procedimiento de incineración.
El funcionario judicial observó movimientos que consideró irregulares durante el traslado de uno de los secuestros desde la mesa de pesaje hacia la camioneta policial que trasladaba la droga hasta la fosa de incineración.
Según la acusación, luego de advertir un intercambio y movimientos entre Quizama y Ramírez, Innocente pidió que una de las cajas fuera nuevamente pesada. El primer pesaje había arrojado 8,700 kilos, mientras que el segundo registró 7,585 kilos, lo que dejó al descubierto un faltante superior a un kilogramo.
La posterior requisa de la camioneta policial permitió, según la Fiscalía, encontrar nueve “panes” de cocaína ocultos en distintos sectores del vehículo y en una mochila perteneciente a uno de los imputados. El total del material secuestrado ascendió a 9,490 kilos y su valor de referencia en plaza fue estimado en 142.350 dólares.
La acusación también sostiene que dentro de una mochila perteneciente a Urne Canteros fue hallado un paquete que simulaba contener cocaína, pero cuyo contenido era yeso. Para el Ministerio Público Fiscal, ese elemento formaba parte de un plan para sustituir la droga sustraída y disimular su faltante durante el procedimiento de quema.
Chats, audios y una supuesta planificación previa
Uno de los principales elementos de la acusación está vinculado al análisis de los teléfonos celulares secuestrados a los imputados.
La Fiscalía sostiene que las pericias permitieron reconstruir comunicaciones previas y posteriores al procedimiento que, a su criterio, evidencian la planificación de la maniobra y la existencia de distintos roles dentro de la organización.
Entre otros elementos, la acusación menciona conversaciones en las que se hace referencia a la próxima “quema”, a la posibilidad de “rescatar algo” y a contactos para colocar rápidamente el material en el mercado ilegal.
También se incorporaron mensajes vinculados con la necesidad de contar con cinta y con la eventual confección de “panes” de yeso para sustituir los paquetes de cocaína que serían retirados del procedimiento.
Para la Fiscalía, el comisario Alegre ocupaba el lugar central dentro de la estructura. La acusación sostiene que, por su cargo como jefe de la División Operaciones Metropolitana y por su intervención en la organización del procedimiento de quema, tenía conocimiento del material que iba a ser incinerado y capacidad para seleccionar al personal que participaría del operativo.
El Ministerio Público Fiscal atribuye a Alegre haber organizado la estructura y coordinado funcionalmente las acciones de sus subordinados.
Las acusaciones
La Fiscalía calificó la conducta atribuida a Quizama, Ramírez, Urne Canteros, Acosta y Almirón Núñez como tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravada por la intervención organizada de tres o más personas y por la calidad de funcionarios públicos, en concurso real con el delito de peculado.
En el caso de Alegre, la acusación le atribuye la organización de la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravada por su calidad de funcionario público, también en concurso real con el delito de peculado.
Respecto de Villalba y García, la Fiscalía los acusa de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravada por la cantidad de intervinientes y por la condición de funcionarios públicos.
La hipótesis central del Ministerio Público es que la droga fue retirada de la custodia estatal durante un procedimiento destinado precisamente a destruirla y que la finalidad del grupo era posteriormente introducirla en el mercado ilegal.
Las penas
Además de solicitar la apertura del juicio oral, la Fiscalía Federal requirió penas de entre ocho y quince años de prisión para los ocho policías acusados, junto con multas, inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, accesorias legales y costas del proceso.
La pena más alta fue solicitada para el comisario Alegre, a quien la Fiscalía atribuye la organización de la maniobra. Para él requirió 15 años de prisión, además de la inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena. Está acusado como autor del delito de organización de la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravado por su condición de funcionario público, en concurso material con el delito de peculado.
Para Franco Andrés Ramírez, la Fiscalía pidió 12 años de prisión. Está acusado de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravada por el número de partícipes y por su condición de funcionario público, en concurso material con peculado.
En tanto, el Ministerio Público Fiscal solicitó 11 años de prisión para Gustavo Andrés Quizama, Néstor Ariel Urne Canteros y Juan Nicolás Almirón Núñez, a quienes atribuye los mismos delitos que a Ramírez: tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada por la cantidad de participantes y por la calidad de funcionarios públicos, en concurso material con peculado.
Para Gustavo Jesús Acosta, la Fiscalía requirió ocho años de prisión, también por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada por el número de partícipes y la calidad de funcionario público, en concurso material con peculado.
Por último, para Gastón Ezequiel Villalba y Francisco Lucas Leonel García, quienes según la acusación no participaron de la sustracción de la droga durante el procedimiento de incineración pero sí de su posterior tenencia con fines de comercialización, la Fiscalía solicitó ocho años de prisión para cada uno.
En todos los casos, el pedido fiscal incluye multas y la inhabilitación absoluta por el tiempo de duración de la eventual condena, además de las accesorias legales y las costas del proceso.
El paso hacia el juicio oral
La presentación de la Fiscalía se realizó en los términos de los artículos 268 y 274 del Código Procesal Penal Federal, normas que regulan el cierre de la investigación preparatoria y los requisitos que debe reunir la acusación fiscal.
El artículo 268 establece que, una vez practicadas las medidas necesarias para esclarecer el hecho y determinar la eventual responsabilidad de sus autores o partícipes, el Ministerio Público Fiscal debe adoptar una definición: solicitar el sobreseimiento si considera que no existe mérito suficiente o formular la acusación para impulsar el caso hacia la etapa de juicio.
En este caso, la Unidad Fiscal Resistencia consideró que la investigación preparatoria está completa y pidió formalmente la apertura del juicio oral contra los ocho imputados. La acusación fue presentada el martes de esta semana.
A partir de esta acusación, corresponderá a la jueza de Garantías 1, Zunilda Niremperger, analizar el requerimiento fiscal y avanzar, en caso de cumplirse los requisitos procesales, hacia el debate oral en el que la Fiscalía deberá producir y sostener las pruebas sobre las que fundó su acusación.