El fiscal de Estado, Roberto Alejandro Herlein, sostuvo que el embargo solicitado sobre la coparticipación provincial por $1.374 millones no se está ejecutando porque fue apelado. “La provincia viene llevando adelante acciones positivas de asistencia y la multa es desmedida”, sostuvo. Reclamó que se convoque a una mesa de trabajo para monitorear las políticas en lugar de “escalar el conflicto”.
La controversia judicial que enfrenta a la provincia del Chaco con la Defensoría General Adjunta tuvo nuevas definiciones en las últimas horas. El fiscal de Estado, Roberto Alejandro Herlein, detalló en diálogo con CIUDAD TV el estado del proceso y la postura oficial frente al pedido de embargo sobre $1.374 millones de la coparticipación federal, solicitado por la defensora adjunta Gisela Gauna Wirz.
Herlein aclaró que “esa multa no se está cobrando porque nosotros hemos presentado un recurso de revocatoria con apelación en subsidio”. Explicó que “el juez dictó una resolución confirmando su medida, pero como habíamos planteado un recurso de apelación, ordenó la elevación a la Cámara Civil, que es quien va a tener que analizar los argumentos que presentamos”.
El fiscal de Estado señaló que la apelación se basa en dos ejes: la falta de incumplimiento y la magnitud de la multa. “La provincia viene llevando adelante acciones positivas de asistencia a las comunidades. No corresponde la aplicación de sanciones porque no hay incumplimiento. Además, la exorbitancia de la multa es desmedida, obviamente trae repercusiones económicas muy negativas para el Estado”, afirmó.
Sobre la documentación presentada, explicó que “ya fue acompañada y es voluminosa, muy extensa y muy detallada de todo lo que se hizo, se está haciendo y se va a hacer. Son acciones que deben realizarse a largo plazo para dar un cumplimiento integral a este tipo de medidas”.
Herlein también se refirió a la posibilidad de descontar fondos de la coparticipación: “Eso lo pidió la defensora general adjunta, pero nosotros entendemos que no corresponde. Lo que pedimos es que no solo se deje sin efecto estas medidas, sino que se convoque una mesa de trabajo para monitorear las acciones. Si existiera alguna falencia o hubiera que reforzar en alguna área, hay voluntad de las autoridades del Ejecutivo de hacerlo”.
En ese sentido, insistió en que “el camino es el diálogo, no una situación de escalada del conflicto como se está planteando y que pone a la provincia en una situación de vulnerabilidad económica”.
El funcionario también cuestionó el accionar del juzgado. “Nunca convocó a una audiencia, como sí lo viene haciendo en un expediente de similares características en el mismo tribunal. Nosotros pedíamos el mismo tratamiento, porque se conformó una mesa de trabajo que dio frutos y todos los participantes prestaron conformidad y dieron fe de que se avanzó en muchas acciones positivas”, indicó.