Según un informe del CEPA, la Administración Pública Nacional atraviesa un escenario de fuerte reducción del gasto público, afectando la continuidad de políticas sociales, de salud, educación y desarrollo productivo, mientras se incrementa el gasto en Inteligencia y se mantiene un peso relevante de los Servicios de Deuda Pública. La magnitud de los recortes plantea un desafío crítico para la sostenibilidad de programas esenciales en un contexto económico adverso.
Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) reveló que al mes de abril de 2026, la ejecución presupuestaria de la Administración Pública Nacional (APN) muestra una caída real del gasto total del 32% en comparación con igual período de 2023. Si bien se trata de los primeros meses del ejercicio presupuestario, los datos disponibles a abril permiten identificar primeras señales sobre la orientación fiscal del año, evidenciando un marcado sesgo contractivo del gasto público.
En este contexto, la Secretaría de Inteligencia del Estado, dependiente de Presidencia de la Nación, registra un incremento real del 25% en su ejecución. Por su parte, los Servicios de la Deuda Pública concentran el 11% del gasto total ejecutado, reflejando el peso de los compromisos financieros en la estructura del gasto.
El análisis por organismos muestra recortes profundos en salud, seguridad social, ciencia, educación, desarrollo productivo, transporte y obra pública. Entre los impactos más relevantes se destacan:
*Salud: Superintendencia de Servicios de Salud (-51%), hospitales nacionales (-28% a -53%), Instituto Malbrán (-38%) y ANMAT (-36%). Programas críticos de atención sanitaria y prevención de enfermedades presentan caídas de hasta 100%. Por su parte, el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) muestra un incremento real del 118%.
* Ciencia y Tecnología: El Programa de Promoción de la Investigación e Innovación registra una fuerte caída (-84%), al igual que el CONICET (-36%) y la CONAE (-59%). Por su parte, el Servicio Geológico Minero Argentino presenta una reducción (-20%), al igual que la Fundación Miguel Lillo (-48%), la CONEAU (-29%) y el Servicio Meteorológico Nacional (-27%).
*Seguridad Social y Desarrollo Social: La ANSES presenta una caída (-9%), al igual que la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (-77%) y el INAES (-83%). El programa de Economía Social registra una caída total en su ejecución (-100%), mientras que el Apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia muestra una reducción (-92%). Por su parte, el Plan Nacional de Protección Social evidencia una fuerte caída (-99%). Entre las políticas alimentarias también se observan retrocesos significativos, con disminuciones en Comedores Comunitarios y Merenderos (-54%) y en la Prestación Alimentar (-45%).
*Educación: Conectar Igualdad y Fondo Nacional de Incentivo Docente (-100%). La Gestión y Asignación de Becas a Estudiantes muestra una reducción significativa (-85%), mientras que las Acciones de Formación Docente (-95%) y el Desarrollo de la Educación Superior (-31%) presentan bajas más moderadas. La partida de Infraestructura y Equipamiento evidencia un recorte casi absoluto (-96%).
*Desarrollo Productivo y Energía: La Comisión Nacional de Energía Atómica registra una caída significativa (-35%), acompañada por descensos en la Autoridad Regulatoria Nuclear (-29%), el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (-38%) y el Organismo Regulador de Seguridad de Presas (-38%).
*Fuerzas Federales y Fuerzas Armadas: Policía Federal (-35%), Gendarmería (-31%), Prefectura Naval (-31%), Ejército (-13%), Armada (-17%), Fuerza Aérea (-17%).
*Transporte y Obra Pública: Ejecución extremadamente baja con caídas del 94% al 100% en programas de infraestructura, pavimentación, cuencas, túneles y puentes.
*Transferencias a provincias y municipios: Se observan ajustes muy significativos en la Cooperación y Asistencia Técnica a Municipios (-97%) y un recorte total en el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires (-100%).
En síntesis, la APN atraviesa un escenario de fuerte reducción del gasto público, afectando la continuidad de políticas sociales, de salud, educación y desarrollo productivo, mientras se incrementa el gasto en Inteligencia y se mantiene un peso relevante de los Servicios de Deuda Pública. La magnitud de los recortes plantea un desafío crítico para la sostenibilidad de programas esenciales en un contexto económico adverso.