Con el voto unánime del Cuerpo, el Parlamento chaqueño sancionó este miércoles la ley que crea el registro de deudores alimentarios morosos. La diputada justicialista Mariela Quirós, como una de las autoras del proyecto 2674/24, agradeció a sus pares de bloque por el acompañamiento y el trabajo “en pos de las infancias, las adolescencias y también de las mujeres. Creo que es una herramienta más que devuelve justicia social en contextos siempre difíciles para las mujeres”.
“La ley 1083- A que creó el registro de deudores alimentarios morosos fue en su momento una herramienta innovadora para garantizar derechos básicos de niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, a más de 20 años de su sanción, la realidad demuestra que el marco normativo vigente ya no alcanza a responder a la magnitud del problema”, sostuvo.
Remarcó que en Chaco, la morosidad alimentaria es una de las formas más extendidas de violencia económica y afecta directamente la vida cotidiana de cientos de familias, especialmente de mujeres que sostiene solas los hogares.
Aclaró que las modificaciones propuestas, “no buscan castigar por castigar sino hacer operativo un derecho y que el registro deje de ser una institución meramente declarativa y se convierta en una herramienta efectiva del Estado”.
La ley, acorta los plazos para ser incorporados al registro estableciendo la inclusión, a partir de dos cuotas consecutivas o cuatro alternadas impagas.
También establece la publicidad y accesibilidad del registro a partir de una página web oficial y una aplicación digital que permita el acceso público a la nómina actualizada. Se incorpora además la actualización en tiempo real, la obligatoriedad de campañas públicas de información y la creación de un sistema automatizado entre el Poder Judicial y el Registro para evitar demoras administrativas.
Además, “para que esta ley tenga impacto real, el Estado debe involucrar a los municipios como actores centrales. La posibilidad de que cada comuna pueda exigir la certificación del registro para trámites cotidianos como tener o renovar la licencia de conducir, habilitaciones comerciales o planillas municipales, coloca el tema en la vida ciudadana. No se trata de una sanción simbólica sino de que quien incumpla con sus obligaciones alimentarias no pueda seguir viviendo como si nada ocurriera”.
“No se trata solo de un Registro sino de una política pública que requiere conciencia institucional y compromiso estatal. Detrás de cada cuota alimentaria adeudada hay un niño, niña y una madre que reordena su vida entera para sostener lo que debería sostenerse entre dos”, acentuó.
Su par de bloque, Pía Cavana, añadió como dato que el 75% de los incumplimientos de las cuotas alimentarias provienen de los varones. “Me parece muy importante porque no solo afecta a muchas familias sino a mujeres y a familias monoparentales. Es una problemáticas que silenciosamente atraviesa la vida de niñas niños y adolescentes. Es una forma de ejercer violencia económica”, manifestó.
Otro avance que mencionó la legisladora es la restricción del acceso a eventos sociales, deporticos, organizados o patrocinados por el Estado. “Esta ley no trata de castigar sino de mandar un mensaje inequívoco que tiene que ver con que ninguna persona puede acceder a beneficios estatales mientras incumple con un derecho fundamental básico”, destacó.