La Unión de Promociones, un grupo de militares que se opone a los avances de los juicios de lesa humanidad, le hizo llegar al presidente electo, Javier Milei, un pedido para que les brinde una “solución definitiva” a sus camaradas a quienes consideran “injustamente detenidos”. La solicitud se canalizó a través de Facundo Correa Llano, que, en los próximos días, se integrará al Congreso como diputado nacional por la provincia de Mendoza.
Hay un sector que tiene una especial expectativa en el gobierno de Milei y Victoria Villarruel: el de aquellos que están siendo investigados o que fueron condenados por crímenes de lesa humanidad. En las últimas elecciones se registró un fenómeno masivo que nunca antes se había visto: pedidos por decenas de represores en prisión domiciliaria para salir a votar.
La Delegación Mendoza de la Unión de Promociones no quiso perder tiempo. Según se informó a través de un comunicado, sus referentes invitaron el jueves pasado a Correa Llano a una reunión en la casa del teniente coronel Lucio Mario Candia, presidente del capítulo mendocino de la entidad. El objetivo del encuentro fue hacerle entrega de un documento sobre las condiciones de detención de acusados por crímenes de lesa humanidad.
“El señor diputado se consustanció con lo manifestado, buscando soluciones de rápida ejecución y trazando un plan de propuestas a más largo plazo”, celebraron en una comunicación que se publicó en la web Prisionero en Argentina, que suele ser un plafón de difusión para quienes buscan torpedear los juicios por delitos de lesa humanidad. En ningún momento se detalla cuál es el plan de acción, solo se dice que cualquier respuesta será obviamente una “decisión política”.
Correa Llano es un contador y empresario inmobiliario que se volcó a la política libertaria. Proviene del Partido Demócrata (PD). En el pasado, esa agrupación apoyó la dictadura. En 2006, Omar de Marchi -entonces presidente del PD- hizo una autocrítica porque la fuerza colaboró con el régimen militar. Medios locales describen a Correa Llano como “los ojos de Milei en Mendoza”. Es uno de los referentes de La Libertad Avanza (LLA) que se puso al hombro la fiscalización para las elecciones. Es posible que ante esa proximidad, los integrantes de la Unión de Promocione (UP) hayan considerado que Correa Llano era una opción válida para llegar al presidente electo. En los últimos días trascendió que Milei estaría distanciado de Villarruel, posiblemente su interlocutora natural con la familia militar.
Página/12 se contactó con el diputado nacional electo para consultarle si la reunión fue como la describió la UP. “Me reuní con ellos y me plantearon la situación en la que hay procesados por delitos presuntamente cometidos durante el Proceso detenidos más allá del plazo razonable. En principio, la responsabilidad, en caso de que esto fuera así, es individual de los operadores judiciales del caso concreto. Por eso ven necesario tomar las medias conducentes al efecto de conocer cada caso en particular, no siendo posible que se adopte una medida en general”, contestó Correa Llano.
Ante la pregunta de qué es lo que espera la UP, la respuesta fue “que se haga aplicar la ley”. En la campaña, Villarruel y Guillermo Francos -futuro ministro del Interior de Milei- hicieron foco en un supuesto exceso en las prisiones preventivas.
Una apelación a la “pacificación”
En el escrito que le entregaron al diputado electo , se habla de una “persecución sin fin” de los militares y se describe lo sucedido en la Argentina como una “guerra” -definición a la que adscriben tanto Milei como Villarruel-. Según la UP, las Fuerzas Armadas “no eligieron ese conflicto, ni tampoco ingresar a él”. A diferencia de lo que dijo Milei en el debate presidencial, la UP no habló de excesos sino de “errores” para referirse a lo que los tribunales argentinos consideran un plan sistemático de desaparición, tortura y muerte -que también incluyó la apropiación de los hijos y las hijas de las víctimas-.
En la carta dirigida a Milei, le piden que se inscriba dentro del paradigma de la “pacificación nacional”. Según la UP, ya lo hicieron otros cuatro presidentes democráticos: Raúl Alfonsín cuando promovió las leyes de Punto Final y Obediencia Debida; Carlos Menem con los indultos; Fernando de la Rúa con la conmutación de penas por el asalto al cuartel de La Tablada; y Eduardo Duhalde con los indultos a Enrique Gorriarán Merlo y Mohamed Alí Seineldín, líder carapintada. Está claro que el problema para la UP lo representan los gobiernos kirchneristas que promovieron el juicio y castigo a los criminales de lesa humanidad.
“Para revertir y detener esta situación de injusticia y de falta de humanidad, encontramos esperanza a partir de sus expresiones en cuanto a los objetivos que claramente expresa”, le escribieron desde la UP. “Debido a ello le solicitamos, en el marco de una nueva mirada, madura, pacificadora y superadora, se llegue a una definitiva solución de este tema”, reclamaron.
Vieja receta
“Lo que se está pretendiendo introducir, de algún modo, es el pedido de una ley que habilite beneficios generales para personas que han cometido los más terribles crímenes en nuestro país y que no han tenido la actitud de decirles a los familiares y a los sobrevivintes cuál fue el destino final de las personas desaparecidas”, responde la abogada querellante Viviana Beigel ante la consulta de este diario.
“Una solución de este tipo implicaría un guiño a la impunidad, que, de por sí, ya está sucediendo por razones biológicas en muchos casos. Esto ya ocurrió en la década del ’90, cuando tuvimos las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Claramente no puede volver a ocurrir después de la tremenda lucha que llevaron adelante los organismos de derechos humanos para revertir esta situación, ya que sería un retroceso absoluto”, afirma Beigel.
En contra de los juicios
La UP se conformó el 29 de mayo de 2005 al conmemorarse el Día del Ejército y en la víspera de que la Corte Suprema dictara el fallo por el que declaraba inconstitucionales las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Durante 18 años, la UP fue una detractora de los procesos por crímenes de lesa humanidad y sus referentes fueron convocantes de los actos que se hacían en la Plaza San Martín.
En 2021, el juez federal Daniel Rafecas detuvo y procesó a Guillermo Viola, uno de sus máximos dirigentes, por crímenes de lesa humanidad. Según reconstruyó el magistrado, fue uno de los militares que intervino en la masacre de la calle Corro en la que perdieron la vida cinco militantes montoneros, incluida María Victoria “Vicki” Walsh, hija del periodista Rodolfo Walsh.
El jueves, otro de los integrantes de la UP, Gonzalo Miño -referente de la delegación Rosario- protagonizó una provocación en un juicio de lesa humanidad de La Plata al saludar a otro abogado de la defensa con la frase “hermosa mañana”. Los dos letrados querían demostrarles al tribunal y a los querellantes que se avecinan días de sol para sus defendidos.
Página/12