Por Mempo Giardinelli
Y es que inmediatamente después del impactante triunfo electoral de JM –y en un velocísimo giro de 180 grados– el poder verdadero de esta república pasó a manos de una de las figuras más desprestigiadas del arco político nacional: el expresidente MM (2015-2019) que dejó incalificablemente endeudado al país y se dedicó a viajar y descansar, cual turista rico, trepando incluso a las cimas de la FIFA y operando en política – ahora queda claro – desde las sombras y a la espera de la mejor oportunidad: ésta que ahora lidera él mismo aunque el presidente sea otro.
Se sabe que los pliegos para la nueva licitación del río Paraná están listos, con lo que la reprivatización del sistema fluvial por donde circula el 80% de las exportaciones argentinas se producirá –a desmedro de innumerables y obvias maldiciones– en forma inminente y quizás antes de que termine 2023. Y en lo que será la concreción de un largo proceso de decisiones cipayas desde que el ahora agonizante gobierno de Alberto Fernández eludió toda decisión soberanista.
Y paradójicamente esto sucede cuando desde muy diversos sectores se reconoce que la AGP (Administración General de Puertos) está administrando ahora los peajes y el cuidado del río con notable eficiencia, e incluso brindando informaciones ajustadas y públicas.
Cabe señalar, en este punto, que el rechazo al pago de peajes es el argumento –en realidad, la excusa– de los países signatarios del “Tratado de la Hidrovía” firmado en 1992 por Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay, junto con la Argentina. Esos cuatro países pretenden que el control del Paraná quede en manos de un “organismo internacional” a crearse.
El antecedente de este Tratado fue la firma, en 1969 y en Brasilia, del Tratado de la Cuenca del Plata, a través del cual se acordó promover programas, estudios y obras en áreas de interés común, así como la adopción de medidas para fomentar la navegación fluvial.
En consecuencia, y con lenta posterioridad, el 28 de agosto de 2020 se firmó el “Acuerdo Federal de la Hidrovía”, según el cual el Estado Argentino comenzó a administrar la vía navegable junto con las provincias de Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe.
Como se ve, además de la obvia extensión fluvial sobre territorio argentino, cualquier modificación a la soberanía –colectivizándola y dividiéndola entre 5 países– eliminaría de hecho y por completo y para siempre toda soberanía Argentina. Absurdo por el cual esta columna viene reclamando que el gobierno nacional –idealmente antes del 10 de diciembre– lisa y llanamente renuncie a dicho Tratado mediante carta-documento. Acto sencillísimo, expedito y hasta patriótico, y que tiene antecedentes porque ya en una oportunidad, hace años, así procedió Brasil.
Comprendido todo lo anterior, se explica la hipótesis que propone esta nota, como se aprecia, en el sentido de que muy posiblemente los pliegos de licitación del río Paraná ya estaban listos y entonces ahora sólo resta que el nuevo gobierno los anuncie. Y también se entiende el absurdo de que en los últimos cuatro años la protección (y complicidad, puede pensarse) del Decreto 949/20 fue lo que dejó en manos de los sucesivos ministros la decisión (¿la orden?) de que se demoraran indefinidamente tanto la recuperación de la Soberanía como la licitación y puesta en operaciones del estratégico y excepcional Canal Magdalena.
Cabe subrayar, también, que todos los funcionarios que estuvieron al frente del Ministerio de Transportes entre 2019 y este 2023 que agoniza –Mario Meoni, Alexis Guerrera y Diego Giuliano– fueron todos hombres del Frente Renovador, leales al Sr. Sergio Massa.
Ahora ya se ha anunciado que el ministro de esa cartera y a partir del próximo día 10, será el Sr. Guillermo Ferraro, hombre vinculado a gobiernos del PJ en la Provincia de Buenos Aires y que fue subsecretario de Infraestructura y Comunicaciones durante el gobierno de Antonio Cafiero. Luego fue subsecretario de Industria, Comercio y Minería de la Nación en el gobierno de Eduardo Duhalde (2002-2003). También fue director del Banco de Entre Ríos (2003-2005) y del Banco Bisel hasta 2007. También presidente del Ceamse (1997-2001) y vicepresidente de Nación Servicios en el Grupo Banco Nación entre 2005 y 2007.
En 2009 se pasó al PRO y fue asesor del Ministerio de Hacienda de la CABA durante el mandato municipal de Mauricio Macri. Una de sus expresiones recientes más claras ha sido: “El Estado tiene que reducir su participación en la economía para dar espacio al sector privado”.
Parecería evidente que el Sr. Ferraro ha de haber recibido la orden (¿de Milei, de Macri?) de reprivatizar el Paraná, sistema fluvial por el que circulan aguas arriba y aguas abajo, más de 6.000 grandes buques cargueros de una larga veintena de banderas, ninguna de ellas argentina. Y cuyo valor de exportaciones, según diversas estimaciones, es de entre 60.000 y 80.000 millones de dólares anuales. Tranquilamente, en pocos años se pagaría toda la así llamada “deuda externa”.
Veterano y fiel comodín del poder, y tanto de Macri como ahora de Milei, con tan amplia foja de servicios y siendo como es un reconocido ejecutivo, hay que apuntar que el Sr Ferraro además de todo lo dicho se desempeñó durante 13 años como director de KPMG Argentina, una multinacional que provee servicios de Auditoría, Impuestos y Asesoría en más de 150 países, y además lideró el asesoramiento de proyectos como el Túnel Ferroviario Aconcagua, la Central Hidroeléctrica de Chihuido y la reestructuración de Recursos Humanos de la Ciudad, entre otros. Lo antedicho indica que este hombre será – todo parece anunciarlo – quien se encargue de enterrar, o ahogar, el mejor proyecto de soberanía económica de la República Argentina.
Se sabe que los pliegos para la nueva licitación del río Paraná están listos, con lo que la reprivatización del sistema fluvial por donde circula el 80% de las exportaciones argentinas se producirá – a desmedro de innumerables y obvias maldiciones – en forma inminente y quizá antes de que termine 2023. Y en lo que será la concreción de un largo proceso de elusiones cipayas desde que Alberto Fernández evitó toda decisión soberanista.
De hecho, ayer domingo esta columna tuvo noticia de la renuncia del Ing. Hernán Orduna a la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Canal Magdalena”, con fecha de cese el 10/12/2023. Un verdadero y doloroso gesto patriótico de uno de los expertos que más y mejor trabajó en favor del Canal Magdalena.
Finalmente, y al igual que todo lo que se anuncia en estas semanas, este asunto fundamental para el país está, también, rodeado de confusiones y retruécanos que más parecen obedecer a presiones e intereses antinacionales y antipopulares que a genuinos intereses del pueblo argentino, haya votado éste de cualquier manera. Todo lo atinente a la soberanía de una nación es superior a cualquier interés personal, sectorial o político.
Y eso no es, no debe ser, sólo mensurable desde la economía. Sino desde decenas de aspectos que bueno sería saber cuánto le interesan – sinceramente, si ello es posible – a los señores Milei y Macri. Es decir: la Soberanía como Cultura y afirmación de nacionalidad, como factor educativo y tan importante y trascendente como las redes ferroviarias, el petróleo, las relaciones exteriores y cuanto asunto importe al país. Nada, pero absolutamente nada, tiene sentido en un país si no se parte del afianzamiento irrestricto de su Soberanía sobre todo lo que existe, se mueve, se crea y se ama en su territorio.
Pero lo más grave, y duro, es que el nuevo ministro ya anunció la reprivatizacion del Paraná con el mismo pliego que aprobó en su momento el ministro Meoni, y que es el que desarrolló la Bolsa de Comercio de Rosario y formaba parte del decreto 949/20, que por la resistencia popular que se levantó no llegó a concretarse.
Ahora de la mano de Milei y/o de Macri, y la pasiva aceptación de AF, finalmente será ejecutado.
Publicado en Página 12