Horas antes de que la Gendarmería avance con escudos y palos sobre trabajadores despedidos que protestaban en la Autopista Panamericana, el gobierno de Javier Milei decretó cambios en el estatuto de esta fuerza federal y le otorgó mayor poder y nuevas funciones. Los efectivos estarán encargados de controlar las rutas nacionales, producir tareas de “inteligencia criminal” y “preservar y establecer el orden público” por orden directa del Ministerio de Seguridad. Además, la cartera de Patricia Bullrich tendrá la potestad de “asignar otro tipo de función” que “no se encuentre descripta” en el nuevo listado.
A través del Decreto 383/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial, el Ejecutivo dictaminó modificaciones al estatuto de la Gendarmería Nacional con el objetivo de “optimizar y mejorar el funcionamiento” de la fuerza y “acceder a una gestión pública con mayor transparencia y tendiente a un desempeño de las misiones y funciones en forma eficiente y eficaz”. La resolución se da en el último día de vigencia de las facultades delegadas que el Congreso le otorgó al Presidente hace un año, con la sanción de la Ley Bases.
En la medida se argumenta que “el contexto geopolítico”, el “crimen organizado transnacional” y los “contextos de emergencia o catástrofes” requieren de “una fuerza altamente profesionalizada, ágil y plenamente adaptada a los estándares modernos de gestión pública, operatividad y control institucional”. Sin embargo, también expande los límites de acción de la Gendarmería.
Los principales cambios al estatuto
Entre uno de los cuatro puntos que sobresalen está el control que tendrán sobre las rutas nacionales, luego de que sea disuelta la Agencia Nacional de Seguridad Vial. “d) Policía de Seguridad Vial, en las rutas nacionales, corredores de integración y vías de comunicación terrestre del dominio público nacional”, que se suma a la vigilancia que ya tiene en “los pasos fronterizos, puentes y túneles internacionales e interjurisdiccionales”.
Por otro lado, el gobierno de Milei también decidió que esta fuerza tenga participación “en la producción de inteligencia criminal para la prevención y neutralización de hechos o actividades ilícitas” en el marco de la Ley de Inteligencia Nacional 25.520. “f) Tener acceso a información y bases de datos públicas a fin de llevar adelante, de manera justificada, tareas de investigación o de inteligencia criminal. A su vez, podrá solicitar el acceso a bases de datos privadas. En ambos casos, deberán cumplir la normativa de protección de datos personales”, se explica en la norma.
Otra de las modificaciones se trata de que ya no sólo será la Justicia Federal quien deberá instar a la fuerza a proceder ante un ilícito sino que la propia cartera de Bullrich podrá ecidirlo. “h) Policía de Seguridad Pública, para la preservación y restablecimiento del orden público, a instancias de la Justicia Federal o del Ministerio de Seguridad Nacional”, se establece.
Además, otro de los llamativos cambios es que el Ministerio de Bullrich podrá “asignar otro tipo de función” que no está detallada en este estatuto. “r) El Ministerio de Seguridad Nacional podrá asignar otro tipo de función a la Institución, que no se encuentre descripta anteriormente, conforme a su misión y capacidades”, se detalló.
El Destape