Ser miembro de la comunidad LGBT+ en la Argentina cada vez es más riesgoso. En los primeros seis meses del año, se cometieron 102 crímenes de odio, una cifra que alarma por su magnitud en un contexto de violencia creciente y de ataques discursivos que se promueven desde lo más alto del Estado nacional, según el Observatorio de Crímenes de Odio LGBT+. Pero además genera miedo porque significa que solo en la mitad de 2025 ya se registraron el 72 % de todos los crímenes de odio registrados en 2024. Y el contexto político es clave para entender esta radicalización: el Estado está poniendo en peligro a las diversidades por acción (a través de la construcción de un enemigo social en anuncios oficialistas y el ajuste a los espacios que brindaban asistencia) y por omisión (negando desigualdades estructurales históricas de los colectivos vulnerados). “No podemos permitir que el odio se convierta en doctrina oficial ni que la violencia se naturalice”, advirtieron y reclamaron desde el Observatorio.
Para María Rachid, presidenta de la Federación Argentina LGBT+ y de OLA -Orgullo Latinoamericano, no quedan dudas de que este aumento de la discriminación y las agresiones físicas contra las personas LGBT+ es un ejemplo elocuente de cómo la palabra tiene la potencialidad de generar un caldo de cultivo peligroso. “Es sorprendente el aumento de los crímenes de odio en nuestro país pero coherente con el clima de violencia hacia nuestra comunidad promovida por el mismo gobierno nacional”, subrayó en diálogo con El Destape.
Del total de las personas de la comunidad LGBT+ víctimas de crímenes de odio registrados en el primer semestre de 2025, el 70,6 % de los casos (72) corresponden a mujeres trans; en segundo lugar, con el 16,7 % (17), se encuentran los varones gay cis; en tercer lugar, con el 6,9 % (7) de los casos, figuran las lesbianas; les siguen los varones trans, con el 4,9 % (5); y por último se encuentra una persona no binarie, que representa el 1 % del total de los casos registrados. En todos estos casos la orientación sexual, identidad y/o la expresión de género fue determinante para las víctimas. Fue lo que se usó como pretexto discriminatorio para la vulneración de sus derechos y la violencia hacia ellxs.
Las mujeres trans siguen siendo las receptoras de las formas más exacerbadas de violencia. “Estos datos confirman, una vez más, que la violencia hacia la comunidad LGBT+ en Argentina está particularmente dirigida: son las mujeres trans quienes concentran la forma más brutal del odio y la discriminación estructural, expresada en prácticas que continúan arrebatando sus vidas con una saña alarmante”, subrayó el informe de FALGBT+.
El documento busca además dejar en claro que “cuando el discurso oficial demoniza a un grupo históricamente vulnerado, cuando niega sus derechos y sus existencias, cuando ataca las leyes que lo protegen, se habilita socialmente la violencia” y pone el eje particularmente en los crímenes de odio como manifestación más brutal de una política de exclusión. “Solíamos enviar estos informes a las áreas de políticas públicas relacionadas con la igualdad, la no discriminación y la diversidad… pero cerraron todo. Ya no hay política pública contra la discriminación en Argentina. No hay dónde recurrir”, se lamentó Rachid.
Desde que Milei asumió y eligió a las diversidades como blanco, se cerró el INADI, se eliminaron las políticas de inclusión, se modificó la Ley de Identidad de Género mediante el DNU 61/2025 y el 62/2025, y se promovieron acciones que niegan la existencia misma de las infancias y adolescencias trans. Eso se combinó con lo que el Observatorio define como una “estrategia de disciplinamiento social”, fundado justamente en los discursos de odio. “Cuando la estigmatización proviene de la figura presidencial, con tono de doctrina y pretensión de verdad, el efecto sobre nuestras comunidades es letal”, alertaron.
Quiénes son los que cometen los crímenes de odio
El Estado es además responsable directo. Los datos relevados muestran que en el 35,3 % de los casos (36) los hechos fueron cometidos por particulares. Sin embargo, en el 64,7 % restante (66), el Estado aparece como responsable directo de estas violencias, ya sea a través del accionar de fuerzas de seguridad o de otras instituciones públicas.
“Dentro de este último grupo, se destaca de forma alarmante que en más de la mitad de los casos con autoría estatal (54 casos, 52,9 % del total general), la violencia fue ejecutada por personal de las fuerzas de seguridad en ejercicio de sus funciones, configurando graves situaciones de violencia institucional. A su vez, en el 11,8 % de los casos (12), la responsabilidad recae en otros dispositivos estatales no policiales, que contribuyeron de forma directa o por omisión a la vulneración de derechos fundamentales de las personas LGBT+”, puntualiza el informe.
Las modalidades empleadas para ejecutar los crímenes de odio revelan por otro lado patrones sostenidos de violencia. La mayoría mata a golpes (en el 57,8 % de los casos). Le siguen otras formas de agresión directa como las puñaladas (5,9 %), los empujones o forcejeos (4,0 %), los balazos (2,9 %), el estrangulamiento o asfixia (2,0 %), la privación ilegítima de la libertad (4,0 %), el uso de fuego o calcinamiento (2,0 %) y el abuso sexual (1,0 %).
El Destape