En la Casa Rosada ya admiten en voz baja lo inevitable: habrá que “barajar y dar de nuevo” la parte arancelaria del flamante acuerdo comercial con Washington.
La Corte Suprema de Estados Unidos le asestó un golpe político al presidente Donald Trump que también le dolió a Javier Milei en la Argentina. Por seis votos contra tres, el máximo tribunal declaró inconstitucionales los aranceles globales y “recíprocos” que Trump impuso bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977. Es exactamente la misma base legal que sostuvo el esquema arancelario negociado con Buenos Aires.
En la Casa Rosada ya admiten en voz baja lo inevitable: habrá que “barajar y dar de nuevo” la parte arancelaria del flamante acuerdo comercial con Washington.
Según altas fuentes confiaron a iProfesional, el presidente Javier Milei analizó junto con los ministros de Economía, Luis Caputo; de Desregulación, Federico Sturzenegger, y el canciller Pablo Quirno, que ahora el acuerdo comercial y de inversiones entre ambos países “deberá renegociarse de nuevo y entra en un limbo” porque quedó alcanzado por ese fallo de la Corte norteamericana.
El Gobierno asegura que sólo se revisará la parte arancelaria del tratado, porque el resto como, por ejemplo, los acuerdos patentes, propiedad intelectual, marcas registradas o las normas, controles y regulaciones comerciales entre los dos países, quedarán en pie.
La Corte Suprema resolvió en un categórico fallo redactado por el presidente del tribunal, John Roberts, que la IEEPA (International Emergency Economic Powers Act) de 1977 “no alcanza” como autorización clara del Congreso para que el Presidente imponga aranceles de “monto, duración y alcance ilimitados”.
Invocó incluso la doctrina de las “cuestiones principales”: cuando el impacto económico es masivo —la Oficina de Presupuesto del Congreso estimó efectos por hasta 3 billones de dólares en la próxima década— el Congreso debe delegar ese poder de manera expresa.
“La Constitución otorga muy claramente al Congreso la facultad de imponer impuestos, incluidos los aranceles. Los redactores no otorgaron ninguna parte del poder tributario al Poder Ejecutivo”, escribió Roberts.
Los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh votaron en disidencia. Kavanaugh defendió la legalidad de los aranceles. Pero la mayoría se impuso y la IEEPA quedó herida de muerte como herramienta para fijar tarifas comerciales. El problema para la Argentina es directo.
Acuerdo bilateral de aranceles: una negociación que podría entrar en revisión
El cuadro arancelario del acuerdo bilateral firmado hace dos semanas fue construido sobre esa misma ley. Y allí está el núcleo delicado del entendimiento: Argentina concedió 5.600 posiciones arancelarias, con el 82% a arancel cero.
El listado ocupa 415 páginas del schedule publicado por la USTR. Estados Unidos otorgó 950 posiciones, con apenas el 36% en cero, en un anexo de 77 páginas que se puede leer en la página web de United States Trade Representative (USTR), Jamieson Greer.
Si la base jurídica que habilitó esa arquitectura cae, la negociación entra en revisión. En cambio, en principio no caería la cuota adicional de carne que Trump firmó para la Argentina ni la suba de aranceles al 50% para las exportaciones argentinas del acero y el aluminio.
Altas fuentes de la Casa Rosada lo explicaron a iProfesional con la máxima reserva: “Acero y aluminio es de los temas que sí tiene competencia el Presidente porque lo hizo sobre la Resolución 232 de seguridad nacional. Y la cuota de la carne salió por una ‘presidential proclamation’”.
Agregaron que “la afectación viene por el lado del cuadro arancelario, que se hizo sobre una facultad que el Presidente no tenía, e implica posiblemente una rediscusión de todo el acuerdo, pero sólo en la parte de los aranceles”. Esa precisión es clave: los aranceles al acero y al aluminio —que impactan sobre Techint y Aluar y hoy tributan 50%— fueron dictados bajo la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial por razones de seguridad nacional. La Corte no se expidió sobre esa norma. Se expidió sobre la IEEPA y los aranceles “recíprocos”.
La ampliación de la cuota de carne —80.000 toneladas adicionales a las 20.000 vigentes— tampoco caería en principio, porque fue establecida por proclamación presidencial con sustento en la Sección 404 de la Ley de Implementación de la Ronda Uruguay (URAA) y la Sección 604 de la Ley de Comercio de 1974, que habilitan modificar contingentes arancelarios agrícolas ante insuficiencia de oferta interna.
En respuesta a la Corte Suprema, Trump anunción un nuevo arancel general del 10%
El corazón del problema es el arancel general y las subas fundadas en la IEEPA. Trump reaccionó con dureza. Defendió su autoridad, criticó a la Corte y anunció un nuevo arancel general del 10%. Además, anticipó que podría recurrir a la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que permite imponer aranceles temporales de hasta el 15% durante 150 días ante desequilibrios en la balanza de pagos. Es decir: si la IEEPA quedó invalidada para este fin, buscará otras herramientas legales.
Mientras tanto, el Congreso ya presiona para levantar tarifas contra Canadá y Brasil, y empresas afectadas comenzaron a demandar la devolución de los más de 133.000 millones de dólares recaudados bajo la ley ahora desautorizada. En Washington se abre una maraña judicial que podría extenderse dos años. En Buenos Aires, el acuerdo firmado hace apenas dos semanas y celebrado por Milei entra en un limbo técnico.
Nadie en el Gobierno cree que el fallo habilite a tocar capítulos blindados como acero, aluminio o la cuota de carne. Pero sí admiten que el tema del cuadro arancelario —el más voluminoso y políticamente sensible— podría volver a la mesa. La Corte ordenó barajar y dar de nuevo y el acuerdo con la Argentina quedó en puntos suspensivos.
IProfesional