Los datos forman parte de diferentes informes oficiales y privados y fueron determinantes para que el Gobierno decidiera avanzar con un plan de reducción progresiva de esas transferencias -junto con las destinadas al transporte público de pasajeros- que en un período de tres años implicaría un recorte al gasto equivalente a 2 puntos del Producto Bruto Interno (PBI), de acuerdo con lo señalado por el ministro de Economía, Luis Caputo.
Télam consultó a referentes de diferentes áreas para que analizaran tanto el impacto como la conveniencia o no de llevar adelante ese proceso de reducción de los subsidios energéticos, teniendo en cuenta que su correlato podría ser un incremento en las tarifas al que tendrán que hacer frente millones de usuarios de los servicios de energía eléctrica y gas natural en la mayor parte del país.
“Estamos en un momento en el que hay que dejar bien explícitos los costos de estos servicios, siempre considerando que hay sectores que no los van a poder pagar y deben ser protegidos”, sostuvo el director ejecutivo de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático (Ramcc), Ricardo Bertolino.
De todos modos, advirtió que por las asimetrías con las que fueron asignados los subsidios “en el Interior los costos de los servicios son diferentes a los que se pagan en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires), por lo que en las provincias no vamos a tener una diferencia tan grande y está bueno que sea una decisión federal”.
Con una mirada integral, el consultor técnico de la Asociación Nacional de Industrias de Materiales Aislantes (Andima), Federico García Zúñiga, estimó que “la reducción de subsidios debería ir en paralelo con un programa a escala nacional, para fomentar el ahorro y la eficiencia energética”, con el propósito de atenuar el impacto en los usuarios de los aumentos tarifarios, pero también para mejorar la balanza sectorial del país.
En ese sentido, abogó por el cumplimiento de “programas como el Etiquetado de Viviendas y la aplicación efectiva y sistemática de normativas vigentes de acondicionamiento térmico en provincias y municipios”, para avanzar tanto en materia de aislación de techos, muros y pisos (la “envolvente” de las viviendas) como con el diseño bioclimático.
“El eventual uso de energías alternativas como la solar o la eólica servirán finalmente para complementar el mínimo consumo resultante de esa correcta aislación térmica eficiente”, completó.
Salvador Gil, del Área de Pensamiento Estratégico de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), se manifestó a favor de la actualización de tarifas por entender que “genera incentivos para mejorar la eficiencia de las viviendas, sus artefactos y el desarrollo de energías renovables”.
“Con subsidios a las energías convencionales, no sólo se retrasa el desarrollo tecnológico e industrial, sino que se promueve la emisión de gases de efecto invernadero”, explicó desde una perspectiva que suma razones de sustentabilidad y eficiencia energética a las preocupaciones de índole fiscal.
Remarcó que “los subsidios en los últimos 15 años costaron más de US$ 200.000 millones, equivalentes a dos Planes Marshall a valores presentes”, pero que, a diferencia del salvataje a los países europeos en la posguerra, con las transferencias “no quedó nada, más que muchas emisiones”.
“Seguramente todas las medidas tienen su costo, pero no creo que el camino de la sostenibilidad sea más costoso que el que acabamos de recorrer”, reflexionó Gil.
La referencia a los US$ 200.000 millones incluye a los subsidios al Transporte: según un estudio del Instituto Argentino de Energía (IAE) General Mosconi, entre 2008 y 2023 hubo subsidios a la energía por US$ 148.162 millones y al transporte público por US$ 65.887 millones, lo que hace un total de US$ 214.049 millones, a razón de US$ 13.378 millones por año, equivalentes a 2,5 puntos del PBI.
En cuanto al peso que los subsidios energéticos tuvieron en el déficit primario entre 2012 y los primeros once meses de 2023, del cruce de informes de la Secretaría de Hacienda y la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) se desprende que representaron en promedio el 72,7% del total, es decir que tres de cada cuatro pesos del déficit primario fueron causados por las transferencias al sector.
En cinco años, el gasto en subsidios energéticos fue incluso mayor a todo el déficit primario, con el caso extremo de 2012, cuando fueron trece veces superiores.
Los subsidios a sectores económicos -principalmente la energía y el transporte- comenzaron a aplicarse en forma masiva a partir de 2002, en un contexto marcado por la renegociación de los contratos con las empresas de servicios públicos luego de la caída del régimen de Convertibilidad, a efectos de compensarlas por la brecha entre las tarifas y los costos de explotación.
En los casi 22 años transcurridos se aplicaron diferentes políticas que desembocaron en un presente en el que las tarifas tienen una cobertura de costos que alcanza al 77% en el caso del gas, 47% en el de la energía eléctrica y 11% en el del autotransporte de pasajeros, según los últimos datos relevados en los monitores específicos elaborados por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).
Fuente: Télam