De antemano, varios aclaran que el objetivo no es “una cumbre anti-gobierno, anti-Milei” sino un espacio de análisis de la situación financiera y del “desmejoramiento” de la infraestructura en todo el país. Hace meses que los gobernadores de manera individual o en grupo reclaman por obras públicas, pero la respuesta de la Casa Rosada es a cuentagotas.
Entre los gobernadores circula una planilla con la estimación de que los fondos por coparticipación (sin incluir los recursos de la compensación por el Consenso Fiscal) caerían 4,2% interanual este 2025 y, tomando el bienio 2023-2025, la contracción sería de 11,5%. La Pampa (con -6,1%) y Santa Fe (-6%) son las jurisdicciones peor ranqueadas, mientras que CABA (-2%) es la que mejor queda.
“Las cifras son malas y a esas hay que sumarle las de transferencias no automáticas que también son paupérrimas”, define un ministro de Finanzas de la región centro, quien insiste en que las mejoras que surgen en las cifras oficiales se explican por la “casi inexistente” base de comparación que es el 2024.
En ese contexto, la idea predominante -por ahora- entre los “dialoguistas” es acompañar en el Congreso las modificaciones de las leyes que necesita el Gobierno para “blindar” a los ahorristas en su “plan dólares del colchón”.
Ya esta semana los ministros Guillermo Francos y Luis Caputo se reunieron por Zoom con dos grupos de mandatarios para que adhieran a una adenda del convenio de armonización tributaria. Los participantes dijeron que fue una charla dominada por lo técnico. Varios coincidieron en que la etapa más importante es la que se debatirá en el Congreso, porque no sólo es un reaseguro para los ahorristas, sino para los funcionarios.
El rionegrino Alberto Weretilneck lo dijo claramente al Canal 10 de su provincia: “El planteo de los gobernadores fue cómo hacer para no caer en una ilegalidad. Por ejemplo, en el blanqueo de Nación se cumplió con una adhesión de las provincias a la ley nacional que permitió no cobrar. Ahora no, por eso se quedó en seguir discutiendo”.
Infraestructura
En 2024 el gasto de capital fue de 0,4% del PIB, el más bajo de los últimos 25 años. De esa partida, un tercio la ejecuta directamente la Administración Pública Nacional (APN) principalmente a través de contratistas y el resto es por transferencias a empresas públicas, universidades y provincias.
La Nación publicó datos de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Pública (Asap) que muestran que la Dirección Nacional de Vialidad, que concentra la mayor parte, ya que se encarga de la red vial nacional (40.000 kilómetros de rutas), tuvo una caída interanual ajustada por IPC del 81,3%; las destinadas a “Agua Potable y Alcantarillado”, que por su naturaleza es un gasto que no hace el sector privado, de 82,5%, y las de “Vivienda y urbanismo”, de 81,6%.
Desde la Asap hablan de descapitalización de la infraestructura pública. Para la red vial, por ejemplo, hay una matriz de estado que revela que si se gasta por debajo del nivel requerido “en el cuarto año lo necesario no equivale al acumulado, sino que es mucho más, además de afectar la competitividad sectorial”.
En la hoja de ruta de la reunión del CFI se menciona al Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (Fffir) que aunque Nación amenazó con desarticular, sigue funcionando y está bajo la órbita de Interior. La otra posibilidad de financiamiento son créditos internacionales, para los que las provincias necesitan del aval de la Nación.
La Nación