Los dos títulos posibles para esta nota se emparentan, al toque, en la preocupación que producen. La República Argentina lleva ya varias semanas en alerta roja, y no sólo en la Patagonia, donde es evidente que hay intereses perversos – nativos y foráneos – que meten fuego y encima dificultan la inmensa tarea de apagar los incendios ya generalizados en por lo menos cuatro provincias y cuyos costos –humanos, económicos, sociales, de infraestructura y de historia– son gigantescos, incalculables.
Por Mempo Giardinelli
Según fuentes muy serias consultadas por esta columna, “en esta bestialidad no hay nada casual”, dice, no sin temor, un veterano habitante que es productor alimenticio en la provincia de Chubut.
Y otro, habitante más al Sur y tras perder la casa y años de trabajo, dice con lágrimas en los ojos que “los que vivimos aquí desde hace muchos años sabemos que estamos ante un crimen ecológico que de diversos modos se reitera año tras año. Pero lo que más rabia produce es saber que esto no debe quedar así pero seguramente quedará impune”.
Los intereses ocultos y la casi seguridad compartida de que el crimen ecológico patagónico es ya gigantesco, produce rabia y angustia porque “todo indica que este horror va a seguir hasta más allá de la extinción de los fuegos, hoy descontrolados a pesar de la extraordinaria labor de miles de habitantes de los bosques que hoy se están quemando, tarea que conmueve sobre todo porque es una lucha absolutamente desigual puesto que los criminales – que eso son los que inician fuegos – no sólo saldrán de esto sin penas ni castigos cuando la naturaleza empiece a reponerse, sino que para colmo, y casi seguramente, volverán el año que viene, y cada año, a encender estos malditos fuegos que no se deben solamente a vientos y chispas sino a la perversa acción de humanoides cipayos al servicio de repugnantes intereses económicos, rurales, corporativos e industriales.
Su objetivo se viene cumpliendo – año tras año – en forma ya sistemática y en procura de eliminar el más fabuloso patrimonio natural de la Argentina, arrasado semana tras semana mediante criminales incendios intencionales en provincias patagónicas.
Y drama al que se suma la infame entrega territorial de la Tierra del Fuego que dispuso el presidente Milei y que fue y sigue siendo repudiada por personalidades democráticas de todas las ideologías y corrientes de pensamiento, de todas las provincias y también de países hermanos.
Pero no es eso todo. Si este presente es doloroso, el futuro que se avizora es peor, ya que frente a un gobierno negador y cínico y mentiroso, nada se consigue con denuncias y protestas, ni con “intervenciones” heroicas. Desdichadamente las protestas de productores y campesinos abnegados sólo acaban mostrando el horror de los incendios que pintan como para ser eternos, mientras lo fundamental, que seria esclarecer responsabilidades para proceder a castigos ejemplares, se diluye penosamente.
Pero claro, la inmensa mayoría sabe que esto es la Argentina contemporánea, en la que el proceder de quienes tienen los títulos de propiedad mal habidos y que son ya una perversa mayoría de extranjeros asistidos por traidores de lesa Patria, todo lo corrompen libremente en su afán de impedir controles.
El espanto no sólo no termina, sino que el mismísimo presidente Milei pretende ahora derogar la Ley de Tierras (que es la sabia norma que pone límites a toda extranjerización). Esa Ley lleva el número 26.737 y determina que la posesión de tierras en manos extranjeras no puede superar el 15% del total de hectáreas a nivel provincial.
Claro que, y se diria que “argentinamente” no es risible pero sí es dramática e infame la libre negación de tan sabia disposición legislativa que sin embargo es neutralizada por vía de excepciones, coimas gigantescas, y prepotencia y abuso por parte de algunos pocos gauchos ignorantes que fungen de policías al servicio de patrones extranjeros. Lago Escondido dejó ya de ser un caso excepcional para ser normalidad. E incluso, bajo el argumento de que los “niveles de extranjerización” están “dentro de los límites”, se impulsa su derogación.
El crimen se perfecciona gracias a corrupciones fenomenales, de las que no se habla ni hay registros. Y lo peor acaso sea la sistemática desinformación inducida, que dificulta e impide toda defensa. Factor que sumado a pésimos tratamientos periodísticos y al rol cipayo de algunos medios, la extrangerización crezca explosivamente.
Desde la creación del Observatorio de Tierras, integrado por investigadores del Programa de Investigaciones sobre Historia Agraria (FCE-UBA) y del Mirador Interdisciplinario Latinoamericano de Políticas Agrarias (MILPA), el mapa interactivo ha identificado ya 36 departamentos que superan el límite legal. En algunos casos, como Lácar (Neuquén) y General Lamadrid (La Rioja), la extranjerización supera el 50% territorial.
Cuando al inicio de este año 2026 se iniciaron extraordinarios incendios en prácticamente toda la Patagonia, se desataron sospechas bien fundadas en el sentido de que prácticamente todos los fuegos fueron encendidos no por la naturaleza sino por “mano de obra” paga por intereses denunciadamente extranjeros.
El negocio detrás de los incendios intencionales, se sabe, consiste en quemar bosques para después limpiar y pavimentar, y ahí construir espacios de privilegio. Y es por eso que todos los años se queman territorios a la par que la información de las grandes corporaciones televisivas son neutralizadas e impedidas de develar que muchos incendios se producen para “limpiar” territorios boscosos para la industria del saqueo territorial y maderero detrás del cual cualquier extranjero propietario o aspirante a serlo, se deleitará cambiando los paisajes más bellos de la Patagonia por vulgares carreteras y hoteles, que modifican la naturaleza bella y exquisita que tiene nuestra amada pero bestialmente abusada naturaleza.
Lo que, encima, se hace echando culpas a los pueblos originarios, que no son los que incendian. Un gobierno responsable y patriótico debería regular quiénes acceden y controlan territorios. No es ésta una cuestión meramente administrativa, sino una decisión política que impacta en el uso de recursos estratégicos, en el desarrollo nacional equilibrado y consciente, y en la capacidad de un país para decidir su propio futuro.
La vastedad del territorio de la República Argentina lo define como uno de los países más extensos del planeta Tierra. Pero el drama es que viene siendo apropiado sistemática y desvergonzadamente. Hoy hay por lo menos 13 millones de hectáreas en manos extranjeras. O sea de poderes económicos poderosísimos que han corrompido y engañado tanto y tan brutalmente que hoy es ya imperativo controlar y corregir semejante crimen.
Según el Observatorio de Tierras, integrado por investigadores del CONICET, son capitales extraneros los que hoy controlan altísimos porcentajes de la superficie nacional de la Argentina. Pero, y como ya no sorprende a nadie, pese a tan alarmantes cifras Milei todavía pretende derogar la ley que pone límite a la extranjerización.
La semana pasada, un reciente informe del Observatorio de Tierras de la UBA y del CONICET, reveló que más de 13 millones de hectáreas del territorio argentino, equivalente al 5% de la superficie nacional, están bajo control de propietarios extranjeros.
Respecto de los propietarios extranjeros, ya es sabido que los Estados Unidos tienen la mayor porción de territorios argentinos: alrededor de 2,7 millones de hectáreas, seguidos por capitales de Italia y de España. La concentración se identifica en regiones estratégicas por sus recursos naturales y logísticos, como zonas con acceso a agua dulce, acuíferos, corredores fluviales y potencial minero.
Hay muchos otros departamentos con extranjerización en el orden del 30 % o más. Son distritos en los que la participación extranjera llega a más del 30%.
Y no son territorios exóticos. Muchos están vinculados a recursos estratégicos o ubicados en importantes corredores logísticos. Entre ellos Iguazú (Misiones) en áreas cercanas al río Paraná y con altiísimo valor estratégico ecológico y turístico. Otro está en Ituzaingó (Corrientes), en tierras extranjerizadas sobre zonas ribereñas.
Un tercero está en Campana (Provincia de Buenos Aires), con cerca de un 30% de tierras en manos foráneas. Y cierra la lista Zárate (también Buenos Aires) con cerca del 25 % de su superficie bajo titularidad extranjera, siendo una de las cifras más altas del país.
Por eso ya es hora de que el Estado Nacional Argentino asuma un papel activo en la protección de todos los territorios entendidos como bienes comunes. Y por eso, obviamente, es imperativo detener la corrupción imperante.
Página 12