Como parte de este nuevo programa de sumisión, se deberá reducir mucho más el gasto público para llevarlo a los niveles existentes en 2005, época en que la Argentina recién se encontraba levantando cabeza post estallido de la convertibilidad en el que el propio FMI jugó un papel fundamental.
El esquema de segmentación tarifaria para los servicios públicos había sido una prerrogativa del anterior acuerdo con el FMI, firmado en 2022 por la administración del Frente de Todos (Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa). Ahora el organismo multilateral pretende que se elabore otro esquema.
“En el ámbito energético, las tarifas seguirán alineadas en general con los niveles de recuperación de costos para los hogares de mayores ingresos y los usuarios comerciales, y se procurará sustituir el complejo esquema de segmentación tarifaria por un único subsidio energético para los hogares de bajos ingresos”. La propuesta de este nuevo esquema debería ser presentada y aprobada por el Fondo (el verdadero auditor del Gobierno nacional) en noviembre de este año, según puede leerse en la letra chica del Staff Report.
De manera más incierta, tanto el Fondo como la Administración Milei se comprometieron a llevar adelante otra reforma en el segmento eléctrico. “Para aliviar la presión sobre la cadena de pagos del mercado energético, se adoptará una reforma destinada a mejorar la competencia en el mercado mayorista de electricidad (finales de noviembre de 2025”, puede leerse en el documento del FMI.
Reforma fiscal
El Fondo pretende que la Argentina reduzca a una mínima expresión el nivel de su gasto público en relación al PBI. Esa es la vía histórica por la cual el organismo busca garantizarse el repago de cada uno de sus préstamos. La riqueza generada por el país ya tiene dueño: el propio Fondo.
De acuerdo al documento oficial distribuido el viernes por la noche, el nivel del gasto público debería ubicarse en los niveles “pre 2005”. No es una fecha azarosa sino que coincide con el año en que Néstor Kirchner – en tándem con Luis Ignacio Lula Da Silva en Brasil- decidió cancelar toda la deuda con el organismo y abandonar sus condicionalidades. Este nuevo acuerdo es una suerte de capitulación de aquel proceso histórico.
“Se está trabajando para desarrollar una ambiciosa reforma fiscal neutral en materia de ingresos que elimine gradualmente los impuestos más distorsionantes (sobre transacciones comerciales y financieras), reduzca el gasto fiscal ineficiente (previsto para ciertos grupos y regiones, como Tierra del Fuego) y simplifique significativamente el sistema tributario”, sostiene el documento oficial.
El Gobierno debería compartir una propuesta de reforma con el personal del Fondo para finales de 2025 y “se espera que su implementación, que requerirá la aprobación del Congreso, comience a más tardar en 2026”.
Milei también les prometió a los burócratas del organismo una reforma del esquema de coparticipación, tal como el mismo Gobierno se había propuesto en su ya anacrónico “Pacto de Mayo”.
“Las autoridades pretenden complementar la reforma tributaria a nivel federal con una reforma del sistema de coparticipación de ingresos, que también se espera que aborde el conjunto altamente distorsionante y complejo de impuestos provinciales y municipales”, agregaron en el Staff Report. Es decir, volverán sobre la posible eliminación de Ingresos Brutos, un duro golpe para las finanzas de las provincias.
Y en línea con las pretensiones del complejo agroexportador, en el documento también mencionan la eliminación de lo que denominan “impuestos distorsivos” como los derechos de exportación (instrumento de política económica destinados a desacoplar los precios internacionales de los locales).
“La dependencia de los impuestos distorsionantes es especialmente alta, con impuestos a las exportaciones, impuestos a las transacciones financieras y el impuesto provincial a los ingresos brutos en cascada (que no permite la deducción de los impuestos pagados en etapas anteriores)”, indicaron.
Reforma jubilatoria
El documento del FMI resaltó el compromiso de las autoridades argentinas al conseguir el “déficit cero y el primer superávit fiscal en casi dos décadas” marcó que “el programa se centra en fortalecer la calidad y la sostenibilidad del ancla fiscal”. Inmediatamente, remarcó que “esto se sustentará en una disciplina continua del gasto, medidas de eficiencia y reformas bien secuenciadas de los sistemas tributario, de coparticipación de ingresos y de pensiones”.
En el documento Staff Report, el Fondo informó que la administración Milei ya se encuentra “trabajando en una reforma jubilatoria”.
“Cabe destacar que las autoridades están preparando una reforma integral del sistema de pensiones, centrada en mejorar tanto su equidad como su sostenibilidad (finales de diciembre de 2026, SB). La iniciativa propuesta buscaría optimizar el sistema fragmentado actual y armonizar mejor las contribuciones con las prestaciones, incluyendo el fomento de la formalización laboral”, puede leerse en el documento oficial.
El ajuste, la pauperización de las condiciones de vida, y la transferencia de recursos hacia los sectores más concentrados de la Argentina seguirá ejecutándose a costa de los trabajadores y trabajadoras, con la venia de la administración Milei-FMI.
El Destape