Por primera vez en la justicia federal marplatense se ordenó la “restitución in natura” de una vivienda a favor de dos de las víctimas, y del dinero secuestrado en la etapa de investigación para la tercera de ellas.
El Tribunal Oral Federal (TOF) de Mar del Plata condenó ayer a 20 años de prisión a un hombre por haber explotado económicamente a dos exparejas que ejercían la prostitución y por el abuso sexual reiterado, desde que era niña, de una adolescente. Además, en un hecho inédito para la justicia federal de la jurisdicción, se dispuso no solo una reparación dineraria, sino la “restitución in natura” de una vivienda para dos de las víctimas y que el dinero incautado en la investigación sea destinado a la tercera. En el juicio intervino el fiscal general subrogante ante ese TOF, Carlos Fioriti.
El condenado fue Christian Gilberto Bustos, quien fue considerado autor del delito de explotación económica del ejercicio de la prostitución en perjuicio de dos mujeres agravado por haber sido conviviente de ellas y por haberse aprovechado de situaciones de vulnerabilidad y haber mediado violencia y amenazas (contemplado en el artículo 127 del Código Penal), en concurso real con el de abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por haber sido cometido contra una menor de 18 años, aprovechando su situación de convivencia dado que era hija de una de sus exparejas, y el delito de abuso sexual con acceso carnal reiterado en cinco hechos (artículo 119 del C.P.), en perjuicio de la tercera víctima.
Los jueces Roberto Falcone, Fernando Minguillón y Nicolás Toselli -quien siguió el debate de manera remota- resolvieron también de manera unánime revocar en forma provisoria la prisión domiciliaria de la que goza Bustos y ordenar su inmediato alojamiento en la delegación local de la Policía Federal Argentina.
En este sentido, el tribunal resolvió que el hombre sea evaluado personalmente por un especialista en oftalmología del Cuerpo Médico Forense a fin de determinar la patología que padece, el grado de disminución visual que presenta y, en su caso, si su supuesta incapacidad le impide cumplir la pena de prisión impuesta en una unidad carcelaria federal.
El veredicto, cuyos fundamentos se darán a conocer el 2 de febrero, ordenó también la reparación de las víctimas N.C. y de S.P.G. a la suma de 20 millones de pesos, en virtud del daño material y moral ocasionado por resultar víctimas de explotación sexual. En tanto para XM, quien era adolescente al momento de los hechos, en virtud del daño moral ocasionado se resolvió una reparación por 30 millones de pesos.
Por otro lado, en una resolución sin precedentes en la Justicia Federal marplatense, se ordenó la restitución in natura del inmueble de Playa Serena, por ser instrumento resultante de la explotación. En este sentido, una vez que la sentencia quede firme, deberá librarse un oficio al Registro de la Propiedad Inmueble provincial para que inscriba la casa a nombre de N.C. y S.P.G.. En tanto, a X.M. se ordenó restituirle el dinero (en pesos, dólares y euros) secuestrado en el marco de la causa. De esta manera, se garantiza una reparación primaria y directa a las víctimas de estos delitos.
Por último, se dispuso el secuestro y decomiso de una camioneta Volkswagen Amarok, una furgoneta Nuevo Fiorino y una moto Honda XR 250, que quedarán a disposición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Durante el debate, el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por el fiscal Fioriti, de la Unidad Fiscal Mar del Plata, cuyo titular es el fiscal general Daniel Eduardo Adler, y por Inés Jaureguiberry, por la Defensoría Pública de Víctimas, quien actuó como querellante.
En el alegato del 4 de diciembre pasado, el fiscal había solicitado una pena de 25 años de prisión, ya que también había acusado a Bustos por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, bajo la modalidad de acogimiento.
El caso
Al exponer la acusación, Fioriti indicó que en el caso de S.P.G., fue trasladada por el imputado de La Plata a Mar del Plata y fue sometida al ejercicio de la prostitución desde que tenía 18 años, en 2001. El cálculo que hizo la fiscalía, con el monto actualizado, es que Bustos se llevaba unos mil dólares diarios por la explotación sexual de su entonces pareja.
El segundo hecho tuvo como víctima a N.C., cuyo vínculo con Bustos se había iniciado en 2010, luego de que ella fuera con sus dos hijos a vivir a la casa de su madre en Mar del Plata, tras una relación trunca. Seis meses después, mientras la mujer cursaba un embarazo, el acusado dispuso en 2013 la mudanza a otra vivienda en esa ciudad. De acuerdo con la investigación, en ese entonces Bustos comenzó a insistir para que la víctima se prostituyera. Según reconstruyó la querella, la situación de explotación se repitió todas las noches, durante cinco años, sin importar el clima ni el estado de salud de la mujer.
El tercer caso es el de X.M., hija de N.C., quien tenía 9 años cuando comenzó a convivir con Bustos. De acuerdo con lo relato por la parte acusadora en el juicio, a sus 14 años X.M. era obligada a realizar las tareas de la casa y a cuidar de sus hermanos más chicos, mientras el acusado explotaba a su mamá. Según la acusación, las situaciones de abuso sexual comenzaron en 2011, cuando el acusado ejercía tocamientos en sus partes íntimas, y continuó poco tiempo después, con 11 años, con abuso sexual con acceso carnal, por primera vez. De acuerdo a la reconstrucción de los hechos, hubo al menos cinco situaciones de abuso.
Fiscales