Luego de ser aprobada en general el viernes pasado, este martes comienza el “segundo round” en el debate por la ley ómnibus. Desde las 14, la Cámara de Diputados retomará la sesión especial para discutir en particular sobre los más de 220 artículos que quedaron del texto original.
Y hay una serie de ejes que concentran el mayor grado de disputa, sobre todo luego de que el ministro del Interior Guillermo Francos anunciara que el presidente Javier Milei “vetará” en caso de ser necesario la coparticipación del Impuesto PAIS, dando así por finalizadas las negociaciones con los gobernadores.
Las privatizaciones y las facultades delegadas son otros puntos sobre los cuales se centrará buena parte del debate de los próximos días en el recinto. Es que desde los bloques denominados dialoguistas señalan que todavía no hay una postura común sobre algunos aspectos y se sigue evaluando el camino a seguir.
De hecho, este martes hubo una reunión entre los integrantes del bloque de la UCR y, al finalizar, diputados expresaron algunos “cuestionamientos” en lo referido a estos dos puntos.
En este escenario, se prevé una nueva sesión maratónica, que comenzará este martes pero que podría volver a extenderse por varios días, debido no sólo a la cantidad de artículos que deben debatirse sino también por el tiempo que puede demandar alcanzar los acuerdos que necesita el Gobierno para sacar adelante algunos de los puntos que considera fundamentales de su ley de “Bases”.
El apartado de las privatizaciones es uno de los ejes sobre el cual hay muchas diferencias entre lo que propone el ejecutivo y lo que están dispuestos a ceder desde los bloques dialoguistas. Por caso, desde un sector del radicalismo encabezado por Facundo Manes (uno de los dos diputados de ese partido que votó en contra del texto en general junto a Pablo Juliano), habían anticipado la idea de un debate “empresa por empresa”.
“En eso también coincidimos en el dictamen que firmamos juntos con Hacemos”, señaló a Ámbito un diputado de Innovación Federal, en relación al texto propuesto junto al espacio presidido por Miguel Ángel Pichetto.
Al respecto, el bloque de la UCR mantuvo este martes al mediodía un encuentro en el que “se avanzó en discutir en particular”, mientras todavía se continúa evaluando hasta dónde está dispuesto a votar el bloque tanto en lo referido a las privatizaciones como en las facultades delegadas.
En la negociación de la semana pasada, el Gobierno aceptó reducir la lista y sacó a 13 de la lista de empresas a privatizar. Ahora la nómina está compuesta por 27 firmas, entre las que se encuentran Aerolíneas Argentinas, Correos Argentinos, AySA, Ferrocarriles Argentinos, Administración General de Puertos y los medios públicos, entre otras.
A su vez, mantiene la idea de una privatización parcial de Banco Nación, Nucleoeléctrica Argentina y Arsat. Sobre Banco Nación y Arsat, distintos legisladores de la UCR y Hacemos expresaron públicamente en las últimas semanas su postura en contra de la privatización.
El debate por las facultades delegadas
Durante las negociaciones de la última semana el Gobierno también cedió en lo referido a la emergencia pública y la recortó a seis materias: administrativa, económica, financiera, de seguridad, tarifaria y energética.
De todas formas, dentro de algunos de los bloques dialoguistas todavía hay debates internos sobre este número, así como también el alcance que tendrán las facultades delegadas.
Al respecto, un legislador radical sostuvo a Ámbito que, al igual que con las privatizaciones, “hay bastante cuestionamientos en torno a las delegaciones así como están planteadas”.
Específicamente, remarcó que lo que más “ruido genera” es el inciso H del artículo 4, en el que se establecen las “bases de la delegación legislativa” y que permite: “Transformar, modificar, unificar o eliminar asignaciones específicas, fideicomisos o fondos fiduciarios públicos creados por normas con rango legal, inclusive los destinados a subsidios, revisar su procedencia y destino para lograr una mayor racionalidad, eficiencia, eficacia, transparencia y control del uso de recursos públicos”.
En ese sentido, sostuvo que “se va a hacer una propuesta de modificación, en línea con lo que se planteó en disenso de nuestro partido”.
Ley ómnibus y el debate por el Impuesto PAIS
Pese a las declaraciones de Francos, desde uno de los bloques “dialoguistas” señalaron a Ámbito que -al menos hasta la tarde del lunes- su intención era incluir en el debate la coparticipación del Impuesto PAIS. Esto es algo por lo que continúan presionando los gobernadores pese a las afirmaciones taxativas del ministro del Interior.
Es que el lunes por la mañana Guillermo Francos, quien es justamente el encargado de negociar con los mandatarios provinciales, resaltó que el Gobierno no coparticipará el impuesto PAIS y adelantó que Milei vetará cualquier intento de hacerlo.
“El Gobierno no acepta coparticipar el impuesto PAIS, es un impuesto transitorio que termina cuando termina el cepo, y lo que no se puede hacer es generar una carga para el Estado sobre un impuesto que tiende a desaparecer y que después genere, como una especie de obligación a la Nación, tener que suplantar esos ingresos que puedan tener las provincias con otros impuestos”, sostuvo Francos en declaraciones radiales.
Si bien el viernes el oficialismo se anotó el primer punto, con la aprobación en general de su ley de “Bases”, el partido todavía no termina y deberá negociar con los distintos bloques para alcanzar un acuerdo en los principales puntos del proyecto.
Otros artículos que se debatirán en Diputados
Junto a los puntos centrales, otros artículos que serán debatidos desde este martes en la Cámara de Diputados son:
- Educación: arancelamiento de la educación universitaria para extranjeros no residentes. – Obligatoriedad de la Ley Micaela para todos los trabajadores estatales.
- Eliminación del INADI.
- Reforma judicial: proceso de digitalización burocrática y archivística.
- Derogación de la Ley de Defensa de la Competencia.
- Eliminación de la concepción del turismo como “un derecho social y económico” de las personas y la obligación del Estado nacional de “elaborar obras públicas turísticas”.
- Modificación de los artículos sobre la sostenibilidad y financiamiento de la producción cultural.
- Uso de las armas de fuego de las fuerzas de seguridad.
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