El Círculo de Políticas Ambientales publicó un informe en el que analizan la aprobación de la reforma a la Ley de Glaciares en el Congreso y advierten que “representa uno de los mayores retrocesos de protección ambiental de los últimos años”.
“El proceso de modificación de la Ley de Glaciares no solo debilitó los estándares de protección ambiental, sino que también expuso un deterioro en la calidad del debate legislativo, con menor transparencia, menor participación y un desplazamiento del conocimiento científico como base de las políticas públicas”, aseguró María Eugenia Testa, directora del Círculo de Políticas Ambientales.
A través del documento, que forma parte de la 8ta. edición de la Agenda Ambiental Legislativa (2026), dejan registro de cómo se modificó una de las principales leyes ambientales del país y de las implicancias ambientales, institucionales y democráticas que ese proceso deja para el futuro de la agenda ambiental argentina.
Más allá del contenido de la reforma, la publicación examina el proceso político que permitió su aprobación y advierte sobre un deterioro de la institucionalidad ambiental, reflejado en la menor participación de la evidencia científica, la reducción de los estándares de transparencia y control, y el creciente peso de intereses sectoriales en la toma de decisiones legislativas.
“La reforma de la Ley de Glaciares representa uno de los mayores retrocesos en materia de protección ambiental de los últimos años, tanto por sus efectos sobre ecosistemas estratégicos, como por el precedente institucional que establece para la toma de decisiones en el Congreso”, afirman desde el CPA.
Además, denunciaron que “el debate estuvo además fuertemente atravesado por el rol directriz de la industria minera y sus representantes, las cámaras empresariales, funcionarios públicos, diversos legisladores, estudios jurídicos especializados, así como también algunos medios de comunicación y periodistas”.