En diálogo con los estudios de CIUDAD TV, el diputado justicialista Rubén Guillón defendió el proyecto de ley que impulsan desde el espacio opositor para que se otorgue una recompensación salarial del 21% para el sector docente y se establezca por ley la cláusula gatillo que dejaron de percibir a mediados del año pasado y que compensa sus sueldos con los índices de inflación.
“Pretendemos mantener nuestra agenda legislativa que se remonta al año pasado, cuando presentamos sendos proyectos vinculados a la política salarial para los trabajadores públicos en general y para los docentes”, sostuvo el legislador, quien recordó que en agosto formalizaron una presentación para plasmar en una norma jurídica las previsiones presupuestarias que abarquen la cláusula; una iniciativa que fue archivada y quedó sin posibilidad de debate.
Ahora, “ante la inminencia del inicio del ciclo lectivo y la inminente convocatoria a sesiones ordinarias nos pareció correcto anticiparnos y poder formalizar la presentación de este proyecto”, afirmó.
La iniciativa tiene dos objetivos: la cláusula gatillo “como mecanismo permanente que tenga finalidad de promover la actualización salarial trimestralmente”. Y, además, un articulado para que se prevea abonar el 21% o 22% en concepto de los meses que no fue liquidada ni abonada dicha cláusula, teniendo en cuenta los puntos de inflación durante los meses en que dejó de liquidarse el año pasado. “Estamos hablando de un monto que el gobierno le debe a los docentes en concepto de cláusula gatillo no abonada”, aclaró.
“Es necesario que arbitremos medidas para proteger el poder adquisitivo de los docentes y que no pierdan respecto a la inflación. Es una herramienta válida”, acentuó el legislador y aclaró que no es una “idea de ahora, como algunos pretenden decir”.
“Cuando fuimos Gobierno, como mínimo, en los tres años anteriores se cumplido religiosamente con el pago de esta cláusula gatillo porque es una medida que funciona”, sostuvo. Y cuestionó con el mismo énfasis, “la manera en que han decidido poner en pausa”.
“Esta es una propuesta válida y si ellos no la creen conveniente que presenten otra alternativa. No soy yo quien tiene que decir de donde van a salir los fondos para el sistema educativo. Nuestra Constitución Nacional sancionada en el año 94, en su artículo 83, dice que los fondos para la Educación estarán formado por el 33% como mínimo de los ingresos en concepto de coparticipación y de tributos propios”, dijo y pidió a legisladores del oficialismo que repasen la Carta Magna.