Luego de que Javier Milei vetara un proyecto sancionado por ambas Cámaras del Congreso durante 2024, hubo diversos intentos por instalar el tema en la agenda parlamentaria. El último envión quizás sea el más importante: un nuevo proyecto es impulsado desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el espacio ocupado por los rectores y rectoras de todas las universidades públicas del país. A la expectativa de que sea discutido durante las próximas semanas por los legisladores, las instituciones preparan nuevas jornadas de lucha.
El próximo jueves 26 de junio cada casa de estudio realizará actividades bajo el eslogan “Prendete a defender a la universidad pública”. Se replicarán “ruidazos”, marchas de antorchas y clases públicas para que toda la comunidad pueda apoyar una ley que asegure el funcionamiento, la recomposición del salario de los docentes y no docentes, así como también garantice la cantidad de las becas. Sindicatos como Conadu, sin embargo, van más allá, organizan un paro de 48 horas para jueves y viernes, y anticipan una nueva marcha federal universitaria.
El trabajo es de hormiga y para que la ley salga se requiere de la voluntad de todos los actores. En Córdoba, por ejemplo, las autoridades de las 8 universidades públicas convocaron a una reunión a los diputados y senadores de su provincia para pedirles el voto favorable por esta iniciativa legislativa. Habrá presencia de referentes de la Universidad Nacional de Córdoba, de las Universidades de Villa María, Río Cuarto y Río Tercero (en formación); de las tres sedes de la Universidad Tecnológica Nacional (Córdoba, San Francisco y Villa María); y de la Universidad Provincial de Córdoba.
A priori, aunque el primer horizonte era tratar el proyecto el 18 de junio, su discusión se fue posponiendo y en el presente parece abrirse una nueva ventana el miércoles 2 de julio. Así lo solicitaron un grupo de diputados a Martín Menem, en una jornada extensa en la que también podrían abordarse normas para regular la salud pediátrica y mental, así como otras para garantizar el fortalecimiento de las pymes.
Un pacto para (sobre)vivir
A fines de mayo, el proyecto legislativo fue presentado en audiencias del Congreso por referentes del CIN y los gremios universitarios, y concitó el apoyo de estudiantes, graduados y trabajadores. El nuevo documento, además de priorizar una mejora en el salario de los trabajadores y los gastos de funcionamiento, propone aspectos novedosos.
Por un lado, crea un fondo destinado a carreras estratégicas vinculadas a la aplicación de la inteligencia artificial y el desarrollo de Argentina. Y, por otra parte, especifica de dónde saldrán los fondos que piden las universidades: de la coparticipación federal y un proceso de reasignación de partidas. Este punto es importante porque el principal argumento del presidente cuando vetó el proyecto sancionado el año pasado era que rechazaría de plano cualquier norma que alterara el “déficit cero”. Por lo tanto, en este caso, de aplicarse su lógica, el mandatario tendría que ceder frente al reclamo de las universidades. Difícil de prever si se tiene en cuenta una lógica oficial floja de papeles.
Como corolario, el borrador de la norma también traduce una mirada a largo plazo, bajo la premisa de que la educación superior debe ser una política de Estado, que trascienda a los diferentes gobiernos de turno. Básicamente, prevé un crecimiento de las inversiones hasta llegar al 1.5 por ciento del PBI hacia 2031. El planteo es que si el país crece, también lo harán las instituciones de educación superior. Aunque, para ser justos, la ecuación también podría invertirse: la nación crecerá en la medida en que lo hagan sus centros de producción de conocimiento, encargados de formar recursos capaces de agregar valor agregado a la economía.
En definitiva, las Universidades solicitan más presupuesto para que los pibes y las pibas puedan seguir asistiendo a las aulas. El proyecto busca cumplir con objetivos como afianzar el ingreso, la permanencia y culminación de los estudiantes. En el mismo sentido, se propone ampliar la oferta de carreras, fortalecer los vínculos entre las universidades y sus comunidades a través de la extensión, consolidar la investigación y asegurar la infraestructura.
De la parálisis a la bronca
Las Universidades quieren una ley porque la situación actual es insostenible. Se estima que desde noviembre de 2023, el salario docente perdió entre un 30 y un 40 por ciento de poder adquisitivo y las paritarias se convirtieron en aumentos míseros y unilaterales. Se calcula que uno de cada cuatro trabajadores universitarios está por debajo de la línea de pobreza. El presupuesto disminuyó del 0.72 por ciento del PBI en 2023 a 0.43, al tiempo que los fondos para becas cayeron un 75 por ciento con respecto a ese año. Las obras de infraestructura continúan paralizadas desde el cambio de gobierno y no hay dinero para investigar, ni mucho menos para intervenir sobre el territorio.
El gobierno sabe que una buena manera de hacer que las universidades dejen de funcionar en Argentina es recortando los fondos. Obligar a las casas de estudio a la supervivencia equivale, a esta altura, a dejarlas morir. Sin embargo, algo en el imaginario universitario se ha modificado en el último tiempo. A tono con lo que sucede en el ámbito científico, de la “parálisis de la voluntad” se pasa a la “bronca activa”. Las comunidades académicas y científicas saben que no pueden seguir realizando sus tareas de esta manera, y poco a poco se sacuden la resignación y la traducen en acciones de intervención pública.
A las marchas de abril y octubre de 2024, le puede seguir una nueva movilización masiva que demuestre a los legisladores cuál es la voluntad de la sociedad. Básicamente, que el gobierno no desguace uno de los principales motivos de orgullo argentino: las universidades públicas.
Página 12