Cristian Rivaldi protagonizó una de las escenas más trágicamente memorables de la represión que viene implementando Patricia Bullrich desde el Ministerio de Seguridad: se lo vio gaseando a Fabrizia Pegoraro, una nena de diez años que había ido con su mamá a la zona del Congreso para protestar contra el veto de Javier Milei a un mínimo aumento a los jubilados. Nueve meses después de ese episodio, Rivaldi fue a los tribunales de Comodoro Py para pedirle a la Cámara Federal porteña que lo sobresea en el caso.
Este martes, la Sala I de la Cámara Federal –integrada por Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia– llevó adelante una audiencia que había sido pedida por la defensa de Rivaldi, que apeló el procesamiento que le dictó el mes pasado el juez federal Sebastián Ramos por abuso de autoridad y lesiones leves.
El 11 de septiembre pasado, Fabrizia había ido con su mamá a la zona del Congreso. Ambas estaban sentadas en el piso sobre la Avenida Rivadavia cuando avanzó la Policía Federal Argentina (PFA). Rivaldi las gaseó a ambas. Después de este hecho, se presentaron como querellantes junto al abogado Gregorio Dalbón. En la justicia había también otras denuncias que habían sido formuladas por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), el exsecretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla Corti y la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin).
Rivaldi ensayó múltiples versiones para intentar desacreditar lo que se vio en las filmaciones: cómo él bajaba la mano para gatillar el gas cerca de la cara de Fabrizia. Volvió, como había hecho Bullrich en septiembre del año pasado, a buscar decir que la nena había sido víctima de un manifestante que habría arrojado gas pimienta.
La versión de Rivaldi es que ese día había estado desplegado en la zona desde las 9 de la mañana y que, en un momento, los manifestantes habían intentado irrumpir violentamente en el Congreso. En ese instante, les dieron la orden de “avanzar, dispersar a los revoltosos y liberar la calzada”.
Según Rivaldi, él estaba atento a lo que pasaba con el comisario inspector Gerardo Ariel Perillo Scampini, quien habría sido alcanzado por el gas. De acuerdo con la versión del agente de la PFA, el responsable habría sido un manifestante o un camarógrafo.
Una y otra vez, Rivaldi y su defensa insistieron que él no le tiró gas a la nena. En la apelación, de hecho, él sostiene: “Jamás imaginé que una menor estaría solapada en esos grupos violentos”. Para el efectivo policial, la culpa era de la madre por llevarla; no suya por incumplir con los reglamentos que existen en las fuerzas para el uso de armas menos letales.
El Reglamento General para el empleo de armamento no letal de inmovilización e incapacitación de agresores, aprobado por la resolución 704/24, establece que se puede emplear un arma menos letal únicamente si un agresor avanza en dirección hacia el efectivo policial u otras personas. Ni Fabrizia ni su mamá estaban en actitud amenazante.
El protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich, oficializado a través de la resolución 943/23, ordena prestar especial atención ante la presencia de niños, mujeres y embarazadas. Ni esa normativa le sirve a Rivaldi para justificar su actuación, por eso buscó instalar que él no vio a Fabrizia.
Uno de los argumentos que aportó su defensa fue que él llevaba un envase de gas presurizado que posee un gatillo mecánico y no un accionador electrónico, lo que podría explicar que siguiera rociando. Fuera de su control, ese gas –dijo Rivaldi– podría haberles caído por la espalda a la nena y a su mamá.
La otra teoría con la que la defensa intentó aliviar la situación de Rivaldi fue que Fabrizia podría haber sufrido una conjuntivitis por la atención que recibió después de haber sido gaseada. Otra vez: no fue él, sino quienes trataron de atender a la nena. Los abogados sostuvieron que no hay constancias científicas de que la leche que le aplicaron los socorristas ayude a paliar la irritación.
A su turno, Dalbón contestó que Rivaldi estaba diciendo lo mismo que había declarado durante su indagatoria y que no iba a tomarse la molestia de contestar al argumento sobre la leche. Les dijo a los camaristas que Rivaldi, que ahora estaba con el rabo entre las piernas frente a ellos, no parecía el mismo efectivo policial “soberbio” que había sido premiado por Bullrich después de atacar a Fabrizia al ser designado al frente de otros operativos.
En su apelación, Rivaldi había procurado presentarse como víctima. Había afirmado que su exposición pública le había ocasionado problemas a su familia, que lo habían presentado como un fanatico libertario o como una persona que se drogaba antes de los operativos o que cobraba casi tres millones de pesos.
Llorens, Bertuzzi y Bruglia deben decidir si confirman el procesamiento o lo revocan –como pide Rivaldi. En los tribunales, estaba la percepción de que al efectivo policial le había soltado la mano el Ministerio de Seguridad. En general, la Cámara resuelve en un plazo de una o dos semanas, si no hay grandes controversias entre sus integrantes.
Rivaldi fue el primer efectivo de una fuerza de seguridad federal en ser procesado por la represión a quienes se manifiestan los miércoles en apoyo a los jubilados. En su defensa, el integrante de la PFA dijo que estaban aplicando el protocolo antipiquetes de Bullrich y que su accionar había sido “proporcional” a la resistencia que opusieron los manifestantes.
El protocolo está siendo impugnado en otras causas. En el fuero contencioso administrativo federal avanza un expediente en el que el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) junto con Amnistía Internacional plantean la inconstitucionalidad de la resolución. El tema está en manos del juez Martín Cormick, el magistrado que en marzo fue a la zona del Congreso a monitorear cómo era el despliegue de las fuerzas a cargo de Bullrich.
El lunes, Cormick escuchó dos declaraciones de quienes sufrieron el accionar de estas fuerzas en carne propia. Por un lado, estuvo Matías Aufieri, abogado del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh) que perdió la visión de un ojo tras ser baleado en una represión de febrero de 2024; por el otro, estuvo Juan Spinetto, docente detenido en el marco por las protestas contra la Ley Bases –cuando Bullrich ensayó la teoría de que había un golpe de Estado contra Javier Milei en ciernes.
Página/12