El juez Civil y Comercial Nº 21 de Resistencia, Julián Benito Flores, resolvió suspender la consulta vecinal donde los vecinos del barrio Villa Altabe debían votar por la aprobación o no del proyecto inmobiliario que la empresa Patagonia Construcciones SRL pretendía llevar adelante en la zona de la Laguna Francia. Esto se debió a que la firma retiró la iniciativa por considerar “inaplicable” una votación para decidir el futuro de la construcción que, aseguran, contaba con todos los estudios técnicos y aprobaciones de autoridades competentes.
“Esto arranca en el año 2019, cuando la empresa paga el derecho de construcción, obtiene todas las aprobaciones y ante un amparo presentado por los vecinos, se comienza un litigio. Ese litigio hace dos años nos llevó a sentarnos con la Comisión Vecinal como actores, a morigerar el tamaño del proyecto, a cambiar el destino y recoger absolutamente todas las inquietudes planteadas”, dijo Pablo Petraglia, abogado de la empresa constructora, en contacto con CIUDAD TV.
El letrado aseguró que “ese nuevo proyecto se presentó y se sometió a todas las autoridades técnicas, APA y Municipio, habiéndose obtenido la prefactibilidad de todas porque de ninguna manera hay una intervención o se toca la Laguna Francia; respetando todos los lineamientos, recogiendo la inquietud de los vecinos, se logró un nuevo acuerdo”.
“Habiéndose acordado entre partes, actores de Comisión Vecinal, demandados, Municipio capitalino y nosotros, como empresa constructora, el amparo de un abstracto, no había más nada que discutir y el derecho de todos los vecinos a preservar y mantener el no impacto ambiental se encontraba absolutamente garantizado. Lastimosamente, por cuestiones que no entendemos, se pretende aplicar un pacto que es inaplicable para este tipo de casos que es el referido pacto Escazú”, sostuvo el abogado respecto de la convocatoria a consulta pública realizada por el juez Flores en el marco de la acción de amparo impulsada por los vecinos de Villa Altabe contra la Municipalidad de Resistencia.
Para Petraglia, el “acá no hay daño ambiental”. “El pacto Escazú está reservado para cuando hablamos de un yacimiento petrolífero, una azucarera, una taninera, una mina, pero no hay ninguna de esas situaciones en este caso. Tampoco habla de una votación, lo que dice es que se garantice el derecho a la información. El derecho de información de todos los ciudadanos de Resistencia está garantizado, es un expediente público al que cualquiera puede acceder. Sin embargo, no les preocupa realmente cuál es el proyecto, sino que hay una simple oposición por oposición”, consideró.
En ese sentido, el abogado aseguró que “a través de las redes sociales se ha viralizado y se ha dado a conocer a toda la comunidad de qué se trata el nuevo proyecto. El nuevo proyecto está distante 30 metros de la laguna, es propiedad privada, le brinda al barrio la posibilidad de contar con una farmacia, una carnicería, un minishop, un consultorio médico, cosas que hoy no hay en el barrio. Garantizamos la no saturación de vehículos porque hay un espacio reservado para que puedan tener su proyecto de saneamiento. Por supuesto, garantizamos la no saturación de los servicios cloacales, la no inundación y la no afectación al sistema de servicio eléctrico, puesto que todo eso está previsto por estudios técnicos ingresados dentro del expediente”, detalló.
“Entonces, no podemos someter una inversión privada en una propiedad privada que cumple con todos los aspectos técnicos a un escrutinio, que resulta inaplicable en este tipo de casos y tampoco el pacto Escazú habla de este tipo de criterios y mucho menos con participación de niños de 10 años”, expuso.
Consultado sobre la postura de la firma a cargo de la iniciativa, Petraglia señaló que “hoy el planteo es el siguiente, la empresa ve verdaderamente afectada su seguridad jurídica ante este, llamémosle, desacierto en la pretensión de aplicación. Ahora queda vigente el primer proyecto, nadie desistió de avanzar con la construcción. Por el contrario, le buscamos todos los medios y estuvimos a disposición de la Comisión Vecinal y logramos un acuerdo que puso punto final y se tornó abstracto el amparo. Pese a ello, se dispuso aplicar el pacto Escazú, la votación, con todas las contras”.
“Hoy está todo sujeto a estudio, realmente fue una situación que genera un desaliento tanto hacia nuestra parte como empresa constructora como para cualquiera otra que hoy esté pretendiendo invertir en Resistencia. Realmente el daño es inconmensurable, estamos analizando las opciones que tenemos, estamos analizando replantearlo, siempre que se deje sin efecto este tipo de medida que nada tiene que ver”, adelantó el letrado y añadió que “incluso la propia Comisión Vecinal dispuso y sugirió al Tribunal que se siga adelante la construcción con intervención de esta ONG, que se garantice que la obra como fue pactada”.
El proyecto, en suspenso
Pretaglia indicó que la “obra original cuenta con el derecho de construcción pago y también con todas las aprobaciones técnicas”. “Ante los planteos, nos sentamos con la Comisión Vecinal, replanteamos, reformulamos y pasamos de una estructura de viviendas a una estructura de oficinas que ocupa nada más que 30% de la propiedad privada. Todo el resto pasa a ser espacio público-privado. De manera tal que se morigeró la construcción, se cambió el destino, pasamos de ocupacional a habitacional, con lo cual el barrio se ve absolutamente beneficiado”, recalcó.
“Como empresa constructora, habiéndose alterado absolutamente el proceso, que ya se había tornado abstracto por una medida de mejor proveer que realmente no correspondía, nos vimo obligados por el momento a suspender este tipo de obras para que se suspenda la votación porque no se puede votar sobre algo en estas condiciones. Ni siquiera las condiciones de votación estaban garantizadas”, afirmó.
Por último, el letrado reafirmó que se parte de “una, entre comillas, presunción de que hay una afectación o un daño ambiental. Y estamos hablando de una obra privada distante 30 metros de la laguna. Hay una situación de absoluta prejudicialidad o prejuzgamiento sobre esto. Nosotros aportamos un nuevo proyecto, consensuamos con los vecinos un nuevo proyecto, sometimos el nuevo proyecto y obtuvimos todas las aprobaciones técnicas y aportamos el estudio de impacto ambiental. No era necesario este tipo de medidas”.