A través de un comunicado, la Universidad de Buenos Aires denunció que el Poder Ejecutivo, a través de la SIGEN, «intenta intervenir en las universidades públicas para controlar lo que se enseña y aprende». Además, anunciaron que realizarán una convocatoria nacional e internacional «para que profesionales independientes realicen una auditoría especial sobre su sistema de control interno» y enfatizaron que defenderán «el principio de la libertad de cátedra utilizando todos los medios y recursos que estén a su alcance».
“SÍ a las auditorías, NO a la intervención del Poder Ejecutivo a las universidades públicas” es el título del documento a través del cual la UBA detalla cómo rinde sus gastos regularmente mediante todos los mecanismos que marca la legislación vigente. «Somos uno de los entes más auditados y controlados del sector público», remarcaron.
Según explican, solicitaron formalmente a la Auditoría General de la Nación (AGN), dependiente del Congreso de la Nación, que la vuelva a incluir en el Plan de Auditoría 2025, así como lo hizo en los años anteriores. Y decidieron “realizar una convocatoria nacional e internacional para que profesionales independientes realicen una auditoría especial sobre el sistema de control interno de la universidad”, a fin de seguir brindando «información transparente y de acceso público a la ciudadanía».
Las universidades, la SIGEN y las auditorías
Quién hace las auditorías es un tema central en el conflicto. La UBA señala que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) no posee las competencias para auditar a las universidades nacionales: “El artículo 98 de la Ley de Administración Financiera N° 24.156 dice en términos indudables que la SIGEN puede controlar a las jurisdicciones que componen el Poder Ejecutivo Nacional y los organismos descentralizados y empresas y sociedades del Estado que dependan del mismo”. Solo a ellos.
Y alertan que detrás de las acusaciones de falta de transparencia, hay un “ataque ideológico a la idea misma de la universidad libre, gratuita, y masiva” y que el Poder Ejecutivo «quiere controlar la libertad académica». La autonomía “protege el derecho a la educación universitaria libre y gratuita de todas y todos los argentinos; y la resguarda de la intervención y arbitrariedad de los gobiernos de turno” y que sin ella, “no hay educación libre porque se enseña lo que el gobierno de turno quiere, cuando el gobierno quiere, donde el gobierno quiere, y a quienes el gobierno quiere”.
En ese marco, la UBA resolvió, además de solicitar una auditoría externa independiente, “llevar la controversia respecto a quién debe ejercer el control interno sobre las casas de altos estudios ante el Poder Judicial, único órgano que la Constitución consagra para resolver este tipo de conflictos y aplicar debidamente la ley”.
La respuesta de Capital Humano
Este viernes salieron a responder desde Capital Humano, el Ministerio que comanda Sandra Pettovello. Lo hicieron a través de un comunicado titulado «Auditar a las universidades es garantizar la autarquía«.
El texto, que contiene fallas de sintaxis, dice así:
«El Ministerio de Capital Humano informa que dado que el Estado Nacional es el responsable de proveer el financiamiento, la supervisión y fiscalización de las universidades nacionales. La Ley N° 24.521 de Educación Superior establece que las instituciones universitarias nacionales tienen autarquía económico-financiera que ejercerán dentro del régimen de la Ley 24.156.
En este contexto, según el dictamen jurídico compartido por la SIGEN con la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano, al encuadrar el accionar de las Universidades Nacionales en la citada Ley, se buscó garantizar la regularidad financiera y la legalidad de los procedimientos para la utilización de recursos públicos y el régimen de responsabilidad de los funcionarios, imponiéndoles la obligación de rendir cuentas de su gestión; además de implementar un sistema de control interno, integrado por la SIGEN, como órgano Rector.
En consecuencia, no hay colisión entre la autonomía y autarquía universitaria y la competencia de control de SIGEN en el ámbito de las universidades nacionales.
La Ley de Educación Superior, dictada como consecuencia de la Reforma Constitucional, es la que sometió expresamente el sistema de educación superior a la Ley N° 24.156, norma que faculta a la Sindicatura General de la Nación para examinar en forma sistemática e integral el control interno imperante en los organismos y entes del sector público, sus operaciones y el cumplimiento de las responsabilidades financieras, legales y de gestión.
El control que lleva adelante SIGEN es fundamental para una gestión pública adecuada, por cuanto implementa y supervisa el funcionamiento de herramientas que permiten advertir a la autoridad responsable del organismo o ente fiscalizado sobre los riesgos que existen en la organización a su cargo y, consecuentemente, le aportan información que facilita la adopción de acciones correctivas que restablezcan la regularidad y juridicidad del accionar administrativo, colaborando así en el proceso de mejora continua de la actividad estatal.
Cuando no existe control se facilita la existencia de un ambiente propicio para la ocurrencia de maniobras que permiten desviar el dinero público a fines no queridos. En síntesis, la falta de control de la aplicación de los significativos fondos públicos que el Estado Nacional destina a las Universidades Nacionales posibilita que esos recursos sean utilizados con fines distintos a aquellos para los que fueron asignados».
Tiempo Argentino